Alejandro Mendoza
Uno de los grandes retos de nuestro país es detonar el crecimiento económico con igualdad, aumentando la competitividad del mercado interno y sustentándolo en la ciencia y la tecnología nacional. La grave crisis que sufre la economía mexicana cuestiona la validez de un modelo multiplicador de la pobreza y la desigualdad. La concentración de la riqueza nacional en un puñado de empresas inhibe la competencia leal, provocando la depresión de la industria nacional.
A pesar de ello, la productividad del trabajo sigue creciendo, pero contrasta con la política de contención salarial. Existe buena mano de obra, pero con salarios para mantener a los trabajadores en la pobreza. Las políticas sociales asistencialistas dispersas en cientos de programas sólo han ayudado a 90 mil mexicanos para situarse apenas por arriba de los niveles de la pobreza extrema. Mientras que más de 25 millones continúan siendo pobres alimentarios.
Ante esta realidad desoladora, es urgente impulsar un cambio estructural del sistema económico, para lo cual es necesario un modelo de desarrollo económico con igualdad, que sea la base de un estado social y democrático de derecho.
Hay quienes proponen que este nuevo modelo fortalezca el mercado interno con una industria de bienes y servicios sustentada en la tecnología nacional; que logre calidades de exportación e incremente los estándares de competitividad; que permita una mejor articulación con el mercado exterior con empleos sostenidos y con salarios suficientes y decentes; con más inversión productiva y de infraestructura; con una política fiscal progresiva; con la rearticulación de cadenas productivas que garanticen la autosuficiencia y soberanía alimentaria, y frene la especulación financiera y estimule el ahorro y la inversión productiva internos.
Evidentemente que la transición de una economía exportadora de materias primas a otra exportadora de productos industrializados es indispensable para detonar la economía mexicana en el mercado global. Se hará con base en un mercado interno fuerte y competitivo, y un estratégico desarrollo educativo, científico y tecnológico.
Según datos del INEGI en México existen 2 millones 287 mil desempleados (solo personas en edad laboralmente activa). Los sectores secundario y terciario generan más de 43 millones de empleos, que significan el 82.6 por ciento del total de la población económicamente activa. El 75 por ciento de los empleos reportados al IMSS provienen del sector industrial. Esto significa que buena parte de los trabajadores no tienen seguridad social.
Los recursos naturales de México le siguen brindando una de las mayores oportunidades para impulsar su industria nacional, mucha de la materia prima que sirve de insumos para los servicios y la generación de bienes, se produce en el país, lo que implica ahorros sustantivos para evitar gastos de importación y desplazamiento.
Incluso hay ideas como garantizar que el “presupuesto base cero” privilegie la asignación de programas sociales, de infraestructura, inversión productiva y los destinados a municipios y estados, así como fortalecer la política fiscal progresiva en los rubros de fortalecimiento de la línea progresiva del impuesto sobre la renta, pago de regalías por la actividad minera y el impuesto a la fortuna, las transacciones financieras, las herencias y las ganancias excesivas, y el cobro de derechos por el usufructo de todos los bienes nacionales como aire, agua, espacio radio eléctrico, etc.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, deberá tratar estos asuntos con lupa en virtud de que la desigualdad social y económica en el país es notoria, sobre todo, cuando se recuerda que uno de sus principales lemas de campaña por mucho tiempo fue: primero los pobres. Y sus políticas públicas habrán de darle congruencia, o no, con las primeras decisiones que tome como jefe del Estado mexicano.
Los errores fueron míos, los aciertos de Dios, sonría, sonría y sea feliz
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