* Mariana García, legisladora de Morena, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para castigar con hasta 25 años de prisión a quien cometa ese delito
Carlos Navarrete
Este martes, la diputada de Morena, Mariana García Guillén, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, a fin de que quien cometa el delito de extorsión sea castigado hasta con 25 años de cárcel.
Durante la sesión de este martes en el Congreso del Estado, la legisladora aseguró ante el pleno que ese delito es un “cáncer” que ha provocado el cierre masivo de negocios en diferentes regiones del estado.
“El cobro de piso es una actividad ilegal que representa ganancias millonarias a la delincuencia organizada y tiene implicaciones económicas devastadoras en toda la entidad, porque al cerrarse las empresas y negocios se pierden empleos e ingresos públicos por impuestos y derechos”, argumentó.
Ante ese escenario, García Guillén propuso reformar el artículo 243 del Código Penal del Estado para que a quienes cometan ese delito se les impongan penas de entre diez y 25 años de prisión. La actual redacción establece castigo de entre cinco y 15 años.
Su iniciativa plantea también reformar el artículo 244, a fin de que se agrave la pena cuando el delito se realice en contra de personas físicas o morales que realicen actividades comerciales, y cuando se emplee cualquier amenaza para hacer creer a la víctima de la intervención de la delincuencia organizada sin ser ello cierto.
“La iniciativa solventa el vacío legal que hasta hoy se tiene y que se traduce en escasas inversiones, así como el lento desarrollo de las actividades esenciales del sector productivo de la entidad, cuyo impacto negativo en la generación de bienes y servicios, retrasa el crecimiento y progreso de una sociedad”, expuso la legisladora.
En su exposición de motivos, la diputada recordó que los empresarios han denunciado públicamente que en Guerrero, para poder trabajar, es necesario pagar “cuota, piso, extorsión”, a la delincuencia organizada, sin importar el giro ni si se trata de pequeños o grandes negocios, e incluso comentó que ese delito ya alcanzó a maestros de educación básica, situación que ha obligado la presencia de militares en planteles educativos.
Refirió también que en meses pasados, la empresa refresquera Coca-Cola cerró su planta en Ciudad Altamirano, lo mismo que la empresa embotelladora de Pepsi-Cola, porque sufrieron presiones de la delincuencia organizada, y dijo que en Acapulco esa situación es una constante.
“En ciudades como Acapulco, todos los días se cierran negocios por la imposibilidad del pago que se exige por trabajar o el temor de las represalias ante la negativa. No hay disyuntiva para los empresarios, solo pagar la cuota para que sus trabajadores o la familia no paguen con su vida”, señaló.
García Guillén afirmó que la extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha aumentado en los últimos años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Sin embargo, en el combate de este delito la Fiscalía General del Estado y los cuerpos policiales de la entidad son inexistentes; y a ello, se tiene que sumar que la legislación de la entidad no contempla como agravante dicha actividad criminal ni está considerado como delito grave”, expresó.
Su iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.