* La noche de Iguala: 60 se salvaron
* Iñaki Blanco entregó a PGR expediente
* Las confesiones de sicarios, serán clave
Jorge VALDEZ REYCEN
–¡Usted les salvó la vida! –le decía su colaborador cercano.
Iñaki Blanco Cabrera guardó silencio. Uno de esos largos, acompañado de un resoplido.
Sí, la noche del 26 de septiembre del 2014, la noche de Iguala, el procurador General de Justicia logró resguardar a 60 estudiantes normalistas de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, que eran prácticamente “cazados” por grupos de sicarios, vestidos de negro y fuertemente armados en las calles de Iguala.
Los normalistas habían huido de los autobuses y corrían por su vida por las calles. Eran perseguidos por pistoleros de un grupo apodado “Los Bélicos”, brazo armado del cártel “Guerreros Unidos”. También los seguían policías municipales. Todo era confusión esa noche, donde las balaceras eran interminables.
Iñaki Blanco llegó a Iguala por la autopista Cuernavaca-Amacuzac-Iguala, pocos minutos antes de la medianoche. Vía telefónica era informado por el Fiscal Regional de la Zona Norte de los hechos ocurridos en el Periférico norte de Iguala.
Resguardar a los estudiantes fue la primera instrucción que se tradujo en una orden imperativa, terminante. Protegerlos en las oficinas de la agencia del Ministerio Público hasta que cesaran las balaceras y se entendiera qué estaba pasando y quién daba la orden de abrir fuego contra civiles.
Esa noche 60 estudiantes de Ayotzinapa fueron protegidos por servidores públicos de la FGE contra la furia desatada de criminales.
Después comenzó la investigación ministerial en el lugar donde se produjo el primer enfrentamiento: a balazos y pedradas.
Las primeras indagatorias fueron levantadas por Iñaki Blanco y durante los 22 días siguientes se perfiló el modus operandi del grupo agresor de estudiantes. Esa investigación fue crucial, previa a la atracción del caso formulada por la Procuraduría General de la República (PGR). La FGE se limitaría al papel de coadyuvante en el resto del proceso.
Las confesiones de los sicarios detenidos, así como los policías municipales, fueron cruciales.
También se acreditó que la FGE tenía una investigación avanzada contra el alcalde José Luis Abarca por homicidio y delincuencia organizada, pero que no se podía ejercitar acción penal en su contra por tener fuero constitucional. Ese era el impedimento legal.
Independientemente del caso, lo que hoy ocupa este espacio es un detalle que ha sido olvidado y pasado por alto: que 60 jóvenes fueron rescatados de una desaparición o muerte segura, debido al grado de furia que mostraron los hombres armados esa noche.
Ese “detalle” no lo recogen relatores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni tampoco de los organismos defensores de los mismos. ¿Por qué lo olvidaron? ¿Los padres de los normalistas sobrevivientes supieron que hubo una autoridad responsable que les salvó la vida a sus hijos?
Nadie lo ha reconocido, ni pública, ni privadamente. Fue gracias a un protocolo de actuación que se logró resguardar a quienes pedían auxilio de cualquier autoridad, ya sea federal, estatal o municipal. No importaba quién fuese la víctima. Se trataba de aplicar una regla fundamental de todo servidor público: proteger y servir a la comunidad.
Hoy Iñaki Blanco puede sentirse tranquilo, a pesar de acciones desmesuradas, a contra sensu del derecho constitucional y el conocimiento de la ley. Su actuación fue oportuna para evitar que el número de víctimas hubiera sido mayor.
Eso es historia.
Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.