POR RAÚL SALGADO LEYVA
Los organismos electorales, instancias responsables de salvaguardar el acto universal, único y directo del ciudadano en el ejercicio de la democracia para elegir a sus gobernantes, se encuentran en entredicho por su cuestionado derroche de recursos presupuestales.
Las leyes electorales, tanto la federal como la local, contemplan como exigencia que en su conformación los organismos electorales se integren por verdaderos ciudadanos, es decir, mujeres y hombres de reconocida solvencia moral, capacidad y de una incuestionable fama de respetabilidad en el seno de la sociedad.
Sin embargo, estos organismos en los últimos años se han constituido mediante cuotas partidistas, lo que muy poco ha contribuido al ejercicio pleno de independencia, equidad, certeza y transparencia, principios que deben regir su actuación, y sus actos han obedecido más a las consignas de sus dirigencias partidarias que al cumplimiento estricto y honesto de los intereses de la sociedad.
Se registran en la memoria ciudadana los alegatos internos y externos del escandaloso exhibicionismo de los altos salarios disfrutados por los “Consejeros Ciudadanos” del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, lo que acabó con la remoción de la Presidenta del Organismo Local por decisión del órgano superior, al comprobarle además prácticas de nepotismo y de un serio relajamiento en las funciones técnico-administrativas.
Situación semejante, pero con otra connotación, es la observada en el Tribunal Electoral Estatal, en donde los serios diferendos entre los magistrados dieron la nota desagradable en los medios, acusándose mutuamente de acciones de irreverencia institucional, que desembocó en la exigente solicitud de un magistrado sobre la conveniencia de una remoción total de los integrantes del organismo, ante la ausencia de una franca pérdida de credibilidad ciudadana.
Independientemente a los desentendimientos que se han observado públicamente, las decisiones o dictámenes, en muchos casos, llevan significativas dosis de favoritismo y de interés inconfesable, que propician poca aportación a la democracia.
Hoy, en tiempos donde se anuncian diversos mecanismos para implantar con rigor sistemas de austeridad y ante la circunstancia de que 2019 no será año electoral para el estado, surge hace tres días la aparición de una Convocatoria Pública emitida por el IEPC para la adquisición de 14 vehículos, que serán utilizados, seguramente, para el uso exclusivo de los “Consejeros Ciudadanos”.
¿Sera que aún no se advierten las señales de austeridad y de conciencia al combate a la opulencia y a los privilegios que brotaron de las propias urnas electorales el pasado 1° de julio? ¿Será que la “alta eficiencia” los hará merecedores para estrenar 5 vehículos sedán y camionetas pick-up? ¿Les da suficiente autoridad moral para el estreno de vehículos “sedán y camionetas pick-up?
La moderación y la prudencia son valores y actitudes vitales que fortalecen la democracia y en ese compromiso las autoridades electorales son las que deben dictar los mayores valores democráticos; están obligadas a ponderar su actuación y mantenerse dentro de los criterios de austeridad impulsados por el Ejecutivo del estado, pero que además son reclamos populares muy legítimos que obligan a una actuación diferente en el ejercicio del servicio público.