* Rigoberto Acosta aseveró que lo ocurrido el miércoles en los pueblos de Eduardo Neri y Leonardo Bravo “fueron actos de barbarie”, pero subrayó que no fue el único hecho violento ocurrido ese día

 

Alondra García

 

El dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), Rigoberto Acosta González, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales, a la Iglesia católica y a los partidos políticos para que establezcan canales de diálogo con los grupos criminales y logren una tregua que devuelva la paz a la zona. 

La madrugada del miércoles, de acuerdo con la versión de habitantes de la zona, al menos un centenar de hombres armados irrumpieron violentamente en varios pueblos de la Sierra, pertenecientes a los municipios de Eduardo Neri y Leonardo Bravo. El saldo fue de un policía rural asesinado y cinco de sus compañeros heridos, seis vehículos calcinados y siete más convertidos en coladeras tras tiroteados por rifles AK-47 y AR-15. Las autoridades calculan que los agresores dispararon más de mil cartuchos, varios de ellos calibre 50. 

“No podemos en pleno siglo 21 seguir con estos actos de barbarie. Tiene algunos años que se vienen desarrollando y no vemos visos de solución”, expresó Acosta. 

En entrevista, aseveró que lo ocurrido en los pueblos de Eduardo Neri y Leonardo Bravo fueron “actos de barbarie”, pero subrayó que no fue el único hecho violento ocurrido el miércoles. 

Reveló que en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, ubicada en la sierra de Zihuatanejo, “ocurrió algo terrible pero ya no se publica, no se dice, porque hay miedo”. 

“Vivimos en la Sierra los peores momentos que yo recuerde en mi vida. Hay una cantidad impresionante de familias que han abandonado sus comunidades. Hoy no puedes transitar libremente en la Sierra de Guerrero”, expresó. 

Comentó que esta situación de violencia ha impactado de manera negativa en diferentes actividades productivas, afectando a los productores de agave-mezcal, ganaderos, agricultores y comerciantes. 

Ejemplo de ello, indicó, es que los productores de mezcal pagan “pisaje” a la delincuencia y tienen que aportar “una cooperacha” para bajar sus productos de la zona serrana a las ciudades. 

“Y si te ven que haces plantación de agave, van a visitarte para que les pagues”, contó. 

En el caso de los ganaderos, comentó que para mover el ganado de un rancho a otro, los delincuentes cobran una “cuota” de un peso por kilo. “Ellos te dicen cuánto cuesta el animal y pagas… o pagas”.

Incluso comparó esta situación con un proceso de “esclavitud”, puesto que la gente de la Sierra está obligada a trabajar, servir o aportar a la delincuencia. 

“Y todo tiene que ver con el tema del control de territorios para la siembra de amapola. No es otra cosa, es la amapola lo que se está disputando”, aseveró. 

Además, dijo que se ha recrudecido el éxodo de médicos, enfermeras y maestros de varias comunidades. 

“Tenemos comunidades a las que les cortaron la luz, que no les permiten que suba ni siquiera la Conasupo a surtir y abastecer las tiendas. Tenemos comunidades a las que ayer les quitaron la señal satelital”, informó. 

Por ello, exigió que el Estado Mexicano “haga algo” para detener la violencia en la región. 

La estrategia, dijo, debe enfocarse en lograr “una tregua” entre los grupos antagónicos del crimen organizado. 

Sostuvo que el combate al cultivo de enervantes con el objetivo de erradicar su producción, no es la solución, puesto que existe un “factor cultural” en torno al cultivo de la amapola. 

“No vamos a quitar de la noche a la mañana la amapola, porque es la única fuente de ingresos que tiene la gente de la Sierra”, apuntó. 

Por ello, insistió, “necesitamos que haya tregua”. 

En ese sentido, respaldó la labor realizada por el obispo Salvador Rangel Mendoza, quien ha sostenido diálogos con los jefes de varios grupos criminales para lograr un pacto de paz. 

“No hay de otra. Si no se usa el diálogo, la inteligencia, la palabra, no se va a llegar a acuerdos. Más de mil cartuchos percutidos ayer en dos viviendas (en la comunidad de La Laguna) dan muestra de la capacidad de fuego que tienen los grupos delictivos”, subrayó. 

El dirigente del CRESIG insistió en que la Iglesia “debe de jugar su papel y buscar la pacificación de las comunidades”. 

Este diálogo, dijo, no implica que el Estado deje de hacer su trabajo en el combate a la violencia. 

“Incluso quisiéramos ver a los partidos políticos, ahora que ya terminaron las campañas, haciendo trabajo comunitario para pacificar a Guerrero”, propuso. 

A través de los medios de comunicación, Acosta hizo un llamado a los grupos delictivos a detener la ola de muertes. 

“No nos matemos entre los mismos. Nos estamos matando entre hermanos en la región”, pidió. 

No quiso abundar respecto a los ataques que han sufrido recientemente varios pueblos de la región, pues admitió que “el asunto es verdaderamente difícil”. 

“A los que están metidos (en la delincuencia) no les cuesta nada ir a saludarme a la casa”, advirtió. 

Sin embargo, reconoció la necesidad de hacer pública la situación para “dar la voz de alerta”. 

“Algo se tiene que hacer, algo tiene que hacer la Iglesia, el Estado, el gobierno, las escuelas, los maestros, los padres de familia. Es un asunto terriblemente crítico el que se está viviendo en la Sierra de Guerrero. Basta con ver a Coahuayutla, La Unión, Coyuca de Catalán, la parte alta de Petatlán, Tecpan, Chilpancingo, Leonardo Bravo, Tlacotepec. (La violencia) no es un problema nada más de Chichihualco, es un problema de los 14 municipios que tienen territorio en la Sierra, donde el estado fue superado por la delincuencia desde hace rato”, expuso.