* El auditor Alfonso Damián reveló que este lunes fue presentada la denuncia por ese caso
Rosario García
A unos días de que concluyan las administraciones en los 81 municipios de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que un presidente municipal, en la Costa Chica, fue denunciado penalmente por falsificar la firma de su síndica en el compendio de la cuenta pública.
Así lo informó el auditor Alfonso Damián Peralta, quien explicó que este lunes se interpuso la denuncia penal contra funcionarios municipales por entregar la cuenta pública con la firma falsa de la síndica municipal, pero no precisó de qué Ayuntamiento estaba hablando.
Por lo anterior, hizo el llamado a todos los titulares de la entidades fiscalizables “para que sean muy puntuales en la entrega de la cuenta pública, pero que también cuiden la veracidad de la información que contiene”.
En torno a la entrega de la cuenta pública 2018, el auditor mencionó que en el primer día (el lunes) 17 entidades fiscalizables han cumplido con la entrega de sus informes, entre ellos el Poder Legislativo, el Tribunal de Justicia Administrativa, 9 Ayuntamientos y 5 entidades paraestatales y por lo menos 7 entes más que iniciaron su proceso este martes.
Se congratuló por el incremento del número de entes fiscalizables que ahora cumplen con los informe correspondientes a la cuenta pública, y recordó que “en el 2013 apenas 31 ayuntamientos entregaron en tiempo, y la pasada cuenta pública (2017) se incrementó a 73 ayuntamientos en tiempo, y yo tengo la confianza de que en la entrega del presente informe estemos por encima de esa cifra, de tal manera que creo que en materia de rendición de cuentas hay buenos resultados”.
Damián Peralta consideró que el incremento en el cumplimiento de la responsabilidad de los funcionarios que manejan recursos públicos, se debe a que la población exige cuentas claras, pero además por las acciones de la propia auditoría del estado en materia de sanciones.
Explicó que la ASE ha aplicado amonestaciones, multas e inhabilitaciones por el cumplimiento de esa obligación, que es informar sobre el uso de los recursos públicos, y el tercer factor es la capacitación y actualización a los funcionarios de los distintos órganos de gobierno.
Alfonso Damián informó que como resultado de la última cuenta pública (la de 2017), se iniciaron procedimientos administrativos en contra de servidores públicos de 8 municipios que incumplieron con esta responsabilidad, y la mayoría de ellos los resolvieron y pagaron sus respectivas multas, que van de mil a dos mil salarios mínimos.
En el caso de siete municipios pagaron sus multas y aunque fuera de tiempo entregaron sus informes; no así en el caso de Leonardo Bravo, donde ya se inició un proceso judicial ante la Fiscalía General del Estado.
Agregó que las denuncias presentadas a la Fiscalía General del Estado ya son responsabilidad de esa instancia, que tiene sus tiempos y procedimientos, pero las sanciones administrativas ya fueron aplicadas por parte de la ASE.