La reforma legal fortalece la permanencia a la policía comunitaria, no a las autodefensas.— Mario Moreno representa al gobernador Astudillo en la Conago.— Los pros y los contras que los analistas ven en las propuestas de AMLO

Enrique Vargas

Con la reforma aprobada por el Congreso del Estado sobre el Artículo 14 de la Constitución estatal permitirá fortalecer a la policía comunitaria y garantiza su permanencia en las comunidades indígenas y afro mexicanas, de manera que su existencia no está en peligro de ninguna manera, sino que seguirá operando, con sus facultades legalmente garantizadas, pero al mismo tiempo, la reforma deja fuera a los grupos armados autocalificados de autodefensas, que se han convertido en un peligro en todo el estado, porque se han ubicado en la mayoría de las carreteras y han protagonizado agresiones contra viajeros, porque no saben actuar ante violaciones menores a sus propios códigos de conducta social.
Integrantes de la oposición política, especialmente los diputados locales electos de Morena, se han manifestado contra esa reforma y argumentan que se afecta y se trata de desaparecer a la policía comunitaria, lo que es totalmente falso, ya que la fortalece, pero confunden a la comunitaria con los grupos armados que actúan al margen de la ley y que no cumplen de ninguna manera con las especificaciones legales de la comunitaria, aunque pretenden presentarse como si lo fueran.
Está fuera de duda que las reformas hechas por la LXI Legislatura regulan y fortalecen a la policía comunitaria, como lo establece el doctor en derecho constitucional, Eduardo López Betancourt, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también define la situación ilegal de los grupos armados que no tienen ninguna facultad para poner retenes en las carreteras, hacer revisiones y mucho menos agredir a quienes no aceptan sus ilegales abusos.
Explica el jurista que la reforma al Artículo 14 lo conecta con los principios sustentados concretamente con lo señalado en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien hizo notar que será en la Ley reglamentaria en la que se establecerán las delimitaciones y competencias en seguridad pública, impartición de justicia y los mecanismos legales entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal.
MARIO MORENO REPRESENTA AL GOBERNADOR ASTUDILLO EN LA CONAGO.— En la Conferencia nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios de las entidades federativas toman acuerdos sobre diversos aspectos de las actividades que deben desarrollar en sus estados, como la construcción de la Agenda México para el Desarrollo Social, por lo que el titular de la Sedesol en Guerrero, Mario Moreno Arcos, asistió como representante del gobernador Héctor Astudillo, para conocer las propuestas que surjan y hacer las aportaciones que sean resultado de las actividades de ese tipo que cumple en nuestro estado.
Los temas que se desarrollaron en esa reunión que presidió el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, se analizaron temas como desarrollo regional, desarrollo social, inclusión urbana, seguridad humana y desarrollo social, pueblos indígenas del siglo XXI y telecomunicaciones y desarrollo social.
Guerrero ha tenido una participación permanente en la Conago a cuyas reuniones ha asistido en algunas ocasiones el presidente Enrique Peña Nieto, porque es un espacio privilegiado para abordar los temas nacionales y las condiciones y características que se presentan en cada uno de los estados.
Por el tema que se abordó, referente al desarrollo social, le correspondía a Mario Moreno asistir a los trabajos desarrollados, porque algunos de los acuerdos que se tomen deberá aplicarlos en la entidad, luego de analizarlos y aprobarlos con el gobernador Héctor Astudillo.
LOS PROS Y LOS CONTRAS QUE LOS ANALISTAS VEN EN LAS PROPUESTAS DE AMLO.— Muchas promesas y propuestas ha hecho desde su eterna campaña electoral el ahora presidente electo, aunque todavía no sea declarado así, y bastantes de ellas ya las abandonó o de plano reconoce que no podrán cumplirse, cuando menos en el corto plazo, pero de las que espera cumplir en sus 6 años de gobierno, en general algunas son calificadas como positivas y benéficas para el país, pero otras son tan negativas que implican un retroceso enorme en la vida política y social del país.
De las que se califican como benéficas, está la posible reducción del 50 por ciento de las prerrogativas económicas que se destina a los partidos políticos, porque en la actualidad la sociedad lo califica de excesivo.
También se aplaude que se regrese al esquema de la Secretaría de Seguridad Pública, para que sea independiente de la Segob, donde estaba incluida.
El apoyo al campo, con acciones que beneficien directamente a los campesinos y los productores agropecuarios se califica como importante, porque es un sector al que se ha descuidado.
Por el contrario, las acciones que son calificadas como negativas, incluye el nombramiento de los 32 coordinadores estatales, porque se indica que van a actuar en calidad de virreyes, porque con eso se vulnera seriamente el pacto federal.
Rechazan hacer una consulta popular sobre el nuevo aeropuerto que está en construcción, porque se advierte que se trata de una decisión técnica que no puede resultar de una consulta a la ciudadanía, porque se trata de una acción que tendrá repercusiones importantes en el desarrollo del país.
Mejor que se someta a consulta popular la decisión de enviar las secretarías de estado a diversas ciudades de los estados, pero no lo hacen, porque es obvio que tendría una abrumadora respuesta negativa.
Se argumenta que ayudaría al desarrollo regional, pero tendrán que invertirse más de 120 mil millones de pesos, mismos que si se destinan directamente al impulso de proyectos productivos tendría un efecto mejor y de mayores consecuencias.
Esta es seguramente la propuesta de AMLO que encontrará mayores resistencias y que no necesariamente se traduciría en mejoras sociales y económicas, porque en algunos casos las dependencias federales en ciudades intermedias, sólo causarían un mayor problema y muy pocos beneficios, por las complicaciones que representarían y que no son de rápida, sencilla y económica solución.
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