* El ex gobernador cuestionó ayer en su cuenta de Twitter las “trabas” legales para la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia que ordenó un Tribunal Colegiado
Redacción
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró, sin precisar nombres, que “hay quienes no quieren que se sepa la verdad” sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, cuando él estaba al frente del Poder Ejecutivo estatal.
Por eso, cuestionó las “trabas” legales para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, como lo ordenó el Tribunal Colegiado del 19º Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, en junio pasado.
“¿Por qué tantas trabas a la Comisión de la Verdad para el caso #Ayotzinapa? Simple: porque hay quienes no quieren que se sepa la verdad…Sólo la verdad nos hará libres”, publicó el ex mandatario estatal en su cuenta personal de Twitter.
La creación de esa comisión fue ordenada por el órgano colegiado para reponer las investigaciones por los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, en los que seis personas fueron asesinadas y que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El tribunal consideró que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, por lo que ordenaron la creación de esa Comisión con la participación de los representantes de las víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia PGR, pero la actuación de ésta supeditada a las líneas de investigación que planteen los familiares de los normalistas desaparecidos.
Por esa razón, a principios de este mes, otro magistrado federal suspendió por tiempo indefinido el cumplimiento de cuatro amparos que ordenan la creación de dicha Comisión para la Verdad y la Justicia para investigar de nueva cuenta el caso Ayotzinapa.
La suspensión del juez federal también con sede en Tamaulipas, se dio luego de que la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alegaron que existe imposibilidad jurídica para cumplir las sentencias dictadas el mes pasado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.