* Abel Barrera, director de esa organización defensora de derechos humanos, dijo que esa Comisión de Investigación sería independiente de la Comisión de la Verdad que se comprometió a crear la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez

Jesús Saavedra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que decidir si el gobierno de Enrique Peña Nieto acata o no la decisión de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó crear una “comisión de investigación” para la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala, en septiembre de 2014, que será independiente de la Comisión de la Verdad que promoverá el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre próximo.
Así lo aseveró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández, quien dijo que es válida la petición de los familiares de desaparecidos de crear una Comisión de la Verdad como lo plantearon este martes a la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Barrera Hernández dijo que esa Comisión de la Verdad que les anunció Sánchez Cordero es diferente a la “comisión de investigación para el caso Ayotzinapa, pues tiene que ver con una resolución judicial, es muy diferente a una comisión de la verdad; entendemos el planteamiento de las familias de desaparecidos, pero es otra la naturaleza de la comisión de la investigación”.
Recordó que hay un mandato judicial que está siendo apelado por el gobierno federal, “hay plazos que ha fijado el Tribunal Colegiado que se tienen que dar cumplimiento y que establece que de acuerdo a las familias de los 43”.
Barrera Hernández consideró que la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas se debe de cumplir, “porque si no se va caer en un desacato de una orden judicial, aunque claro hay recursos de las autoridades para que se revise para evitar cumplir con la creación de esa comisión de investigación, se le dará trámite correspondiente, pero debe darse cumplimiento a la resolución y no va a haber de otra”.
Explicó que aunque el argumento central del gobierno federal es que es “imposible crear esa comisión” como lo mandató el Tribunal Colegiado, la realidad en que “esta resolución se tiene que acatar”.
Añadió que una vez que entre el gobierno de López Obrador tendrá que darle seguimiento a esa decisión que “se supone que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los representantes legales son los que estarían buscando líneas de investigación y propuestas a la PGR”.
Barrera Hernández señaló que antes que concluya este gobierno, en noviembre, deberá dar respuesta a esa resolución judicial y “por eso el riesgo que la SCJN atraiga el caso y quiera resolver, ahí es donde se está viendo el escenario de que esa resolución sea atraída y se diga que proceda o no proceda”.
El director de Tlachinollan añadió que esperan que con la llegada de Alejandro Encinas a la subsecretaría de Gobernación, a partir del 1 de diciembre, los padres de los 43 normalistas desaparecidos tengan “un nivel de interlocución de alto nivel, como el que no hubo en la administración de Enrique Peña Nieto”.