* El abogado de los padres de los 43 acusó que los procuradores de justicia “se erigen en defensores de la legalidad, pero con esa actitud avalan la utilización de la tortura como método de Investigación”
Jesús Saavedra
El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que los 32 fiscales del país asumieron una postura “política y mediática” al calificar de “excesiva” la resolución de un Tribunal Colegiado para crear una Comisión de la Verdad e investigar a fondo esta desaparición forzada de esos muchachos.
El viernes pasado, al concluir un encuentro nacional de Procuración de Justicia en Acapulco, los fiscales o procuradores de Justicia de las 32 entidades del país firmaron un posicionamiento conjunto en el que aseveran que la resolución del Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas es “excesiva”, porque “vulneró los principios de supremacía constitucional, de reserva de ley y el de separación de poderes, porque no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos al margen de la distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución”.
Tras esa posición pública de los fiscales, Rosales Sierra aseguró que se trata de un adelanto del gobierno federal de que no van a acatar esa resolución del juzgado federal, y acusó que “es una posición política y mediática cuyo objetivo es evitar que la PGR de cumplimiento al fallo judicial del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito”.
El abogado de los padres de los 43 padres de familia de los normalistas desaparecidos afirmó que con esa posición, los fiscales “se erigen en defensores de la legalidad, pero con esa actitud avalan la utilización de la tortura como método de Investigación”.
Además, Rosales Sierra consideró que si la PGR “hubiese realizado una buena investigación, no habría necesidad de reorientar las indagatorias”.
Y cuestionó a los fiscales si “avalan investigaciones como las de Tomás Zerón (ex titular de la PGR)”, quien sacó “a un detenido sin su defensor, sin una orden del Ministerio Público y sin registrar las diligencias realizadas en el expediente es legal”, añadió.
Además criticó que la última detención hecha por la PGR y que según una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es una persona equivocada. “¿Detener a una persona equivocada es contribuir a la verdad y la justicia?”, preguntó a los fiscales.
Rosales Sierra dijo que si los fiscales del país dan respuestas positivas a esas interrogantes, sería “preocupante, pues eso representa nada más ni nada menos que avalar ilegalidades y una investigación desaseada que ha ocultado la verdad a los padres de los 43 y ha impedido conocer el paradero de los estudiantes”.
Dijo que el Tribunal Colegiado está “tomando en cuenta los derechos de las víctimas reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, y para no dejar a las víctimas en estado de indefensión ante la inminente libertad de los procesados ordena la creación de la referida Comisión con fundamento en el Protocolo de Minnesota”.
Señaló que “pasan por alto los procuradores que el Colegiado, al emitir el fallo, realizó una interpretación amplia tomando en consideración tratados internacionales y los más altos estándares en materia de Derechos Humanos, apegado a la legalidad y tomando en consideración el Protocolo de Minnesota ordena crear una Comisión de Investigación que estará encabezada por el Ministerio Público, la CNDH y los representantes de las víctimas pudiendo estos proponer líneas de investigación”, añadió.