Elecciones y violencia política
Noé Ibáñez
Los asesinatos de aspirantes y candidatos a cargos de elección popular han convertido este proceso electoral en uno de los más violentos en la historia política de México. La consultora privada Etellekt tiene registrado 465 agresiones contra actores políticos, de las cuales 26 por ciento fueron asesinatos, con un total de 120 casos desde septiembre de 2017 hasta el 16 de junio de este año.
Además, detalla en su Quinto Informe de Violencia Política en México 2018, que se han cometido 351 asesinatos en contra de funcionarios y/o ex funcionarios no electos, situación que anticipa un serio desafío de seguridad para la paz y gobernabilidad democrática en las regiones del país con mayor presencia de organizaciones delictivas y notoria ausencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
En muchos casos se sabía de amenazas previas, en otros, las autoridades sólo han informado que resultaban incómodos tanto para sus oponentes como para los grupos delincuenciales locales, de manera que, existe alta probabilidad de que el crimen organizado haya sido o esté siendo utilizado para labores de “sicariato”, pues de acuerdo con el Informe, en el 67 por ciento de los homicidios, las víctimas fueron ejecutadas por comandos armados y en el 14 por ciento fueron objeto de tortura y violencia extrema.
Además, en el Informe se destaca que el 32 por ciento fueron amenazas e intimidaciones, el 11 por ciento agresiones físicas, el 11 por ciento atentados contra familiares de políticos, el 8 por ciento agresiones con arma de fuego, el 6 por ciento asaltos con y sin violencia, el 3 por ciento, heridos por arma de fuego, y el 3 por ciento secuestros. De estas agresiones, 323 fueron contra hombres y 124 contra mujeres, además de 18 contra militantes y activistas.
En el caso de Guerrero, en los últimos días, cerca de 25 candidatos han renunciado a sus aspiraciones por temor a su seguridad debido a la amenazas de grupos delincuenciales o a que ya como diputados o presidentes municipales tengan que pactar o ser amenazados por los narcos regionales. Por ejemplo, en Cutzamala de Pinzón, municipio de la región Tierra Caliente, 11 integrantes de la planilla ‘Por Guerrero al Frente’ a la alcaldía, renunciaron a sus candidaturas.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero registró 440 renuncias a candidaturas en este proceso electoral. No es un secreto que gran parte del estado son territorios controlados por el crimen organizado y las autoridades han sido rebasadas. Ante ello, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha insistido que para parar la violencia contra los políticos, es necesario un diálogo con los señores del narco, lo cual él, asegura, ha hecho y detuvo más crímenes, al menos en la zona de Chilapa.
Es un hecho que la violencia no respeta siglas ni partidos, sin embargo, un crimen nos lleva a pensar automáticamente que el narcotráfico es el responsable y reemplazó al viejo sistema de violencia política que dominó en gran parte de la década de los años 60 y 70, el cual llegó a su cúspide con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y donde el responsable señalado era automáticamente el Estado o los actores políticos del poder.
Ahora, conforme se acerca el día de las votaciones, la incógnita obligada es: ¿este nivel de violencia afectará los comicios o inhibirá la participación ciudadana? Posiblemente. No obstante, el papel de los tres niveles de gobierno será primordial para garantizar una jornada electoral pacífica, salvo en aquellas regiones donde la presencia de la autoridad es casi nula y el riesgo podría ser mayor.
El llamado a las autoridades y a la sociedad, y por supuesto a quienes aspiran a los cargos de elección popular, es no acostumbrarnos a este nivel de violencia —que se convirtió más atroz por la forma en que la lleva a cabo—, y menos en momentos coyunturales para el país, donde debemos y tenemos derecho a decir libremente el futuro de nuestra nación.
hist23@gmail.com
@ibanez_marti