* Confían en que juzgado federal les dé la razón y les paguen sus salarios caídos de 23 quincenas
Jesús Saavedra
Unos 120 policías del estado que fueron dados de baja en mayo del año pasado luego de una protesta en el cuartel de Fuerzas Especiales, esperan que un juzgado federal les dé la razón y les paguen sus salarios caídos de 23 quincenas y que se juzgue al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes “por abuso de autoridad”.
Los agraviados han acudido a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos (CNDH), además de que desde hace meses tramitan un amparo ante un juzgado federal en contra de la decisión del gobierno estatal de haberlos dado de baja de sus funciones.
Esa acción la realizaron desde mayo del año pasado, cuando los uniformados protestaron en el cuartel que se ubica en la salida a Chichihualco y tras ello fueron dados de baja.
Por ello decidieron recurrir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEG) y a la CNDH, además de recurrir a la justicia federal.
Este martes acudieron a los juzgados federales a preguntar sobre el amparo y les informaron que entre el 9 y 10 de mayo habrá una resolución aseveró, José Muñoz Franco uno de los policías que fueron despedidos.
Afuera de los juzgados que se encuentran en la lateral del bulevar capitalino y a unos metros adelante del Museo La Avispa, los policías despedidos desplegaron una lona donde denuncian los “abusos” que han sufrido y dijeron que esperan que tras la resolución judicial se actúe contra Pedro Almazán “por abuso de autoridad”.
Muñoz Franco explicó que en los juzgados les informaron que “hay un avance del 90 por ciento, nos entrevistamos con funcionarios del juzgado y nos dicen que están a punto de dictar sentencia, debe de aplicar la ley y haya justicia, que no haya impunidad”.
Sostuvo que están denunciando que fueron víctimas de “despido injustificado desde el 31 de mayo del año pasado, ya tenemos una suspensión de plano y estamos protegidos, tenemos medidas cautelares, venimos a pedir que se aplique la ley y no se quede impune, el plazo que nos están dando es que entre el 9 y 10 de mayo dictan sentencia”.
Indicó que están demandando la reinstalación en el cargo “porque somos policías activos, nos separaron del servicio simplemente, vamos a pelear hasta el final porque nos dejaron en un estado de vulnerabilidad y a nuestras familias por culpa de Pedro Almazán”.
Hizo un recuento que son 23 quincenas y 23 pagos de viáticos que les adeudan y que están demandando precisamente que se los paguen, sean reinstalados en el cargo y se actúe contra Almazán Cervantes.
José Muñoz informó que de mayo a la fecha hay 54 policías que aceptaron su liquidación “porque no supieron valorar la dignidad, quedamos 120 policías recurrimos a la justicia federal, estamos aguantando por dignidad y por eso pedimos justicia que se encarcele a este señor, Pedro Almazán”.
Luego de su presencia en los juzgados, acudieron a la sede del Congreso del Estado donde se entrevistaron con algunos diputados y posteriormente acudieron a la CDHEG.