* Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron además de más de 500 familias han abandonado sus hogares en 3 comunidades de ese municipio debido a la violencia
ROSARIO GARCÍA
Organizaciones defensoras de los derechos humanos informaron sobre la gravedad del alza en los índices de desapariciones forzadas en comunidades de Chilapa y, en general, en el estado, donde los registros ya rebasan las tres mil personas desaparecidas.
Además, señalaron que se han desplazado de comunidades de ese municipio por lo menos 530 familias debido a las amenazas de la delincuencia organizada, sin que ninguno de los tres niveles de gobierno planteen estrategias efectivas de seguridad que eviten se les sigan violando sus derechos.
Así se expresaron dirigentes de organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, el Centro Morelos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, y el grupo Tequio, que presentaron este miércoles el informe final de la Misión de Observación al Estado de Guerrero.
En dicho informe también se reportó que, con base al comparativo poblacional, durante el último año se registraron por lo menos 136 homicidios dolosos, por cada cien mil habitantes; además de que 530 familias de tres poblados (Tetitlán de la Lima, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla), fueron desplazadas sin la menor garantía de protección y seguridad.
Misión Civil, en septiembre pasado llevó a cabo recorridos en localidades de Chilapa un recorrido a invitación de la Red Guerrerense de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’, para verificar la información sobre violación de derechos humanos a familias indígenas desplazadas por motivos de violencia.
José Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, expuso que con base a la tasa comparativa de violencia, 136 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, es una cifra muy alta, porque la cabecera municipal de Chilapa solo cuenta con una población de 30 mil habitantes, lo que significa que todas las familias han tenido ya alguna agresión y que en cada esquina ha habido un muerto, lo que la convierte en la ciudad más peligrosa del estado.
En conferencia de prensa, los representantes de las ONG pidieron al gobierno estatal garantías de seguridad, para los habitantes de la cabecera municipal, en tramos carreteros por donde deben circular las familias desplazadas y en sus localidades; pero además que se implemente un plan especial de combate a la impunidad y la corrupción de manera general.