* Autoridades de 4 pueblos ubicados en las márgenes de ese río estás preocupados por el cambio del color del agua de ese afluente y el aumento de enfermedades estomacales entre los habitantes

JESÚS SAAVEDRA

Autoridades de comunidades ubicadas en las márgenes del río Balsas interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero en contra de autoridades municipales, estatales y federales, debido a la “severa” contaminación de ese afluente, lo que advierten podría provocar una grave crisis de salud entre sus habitantes, como ocurrió en 1990 cuando por cólera fallecieron un centenar de personas en esa zona.
Este martes, autoridades de pueblos del Alto Balsas de los municipios de Eduardo Neri y Mártir de Cuilapan acudieron a la CDHEG y a la Secretaría de Salud estatal para exigir atención al problema que representa la contaminación de las aguas de ese río.
Explicaron que desde la primera quincena de marzo el color del agua del río cambió y se tornó de claro a verde oscuro, además de que la población empezó a presentar síntomas de enfermedades estomacales principalmente.
Melquiades García Ríos, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla, aseguró que en 1990 hubo un grave brote de cólera en esa zona del Balsas y provocó la muerte un centenar de personas, aunque oficialmente las autoridades solo se reconocieron 13 decesos.
Aunado a eso, dijo que desde 2006 estudios que realizaron autoridades sanitarias arrojaron que el agua de ese afluente está contaminada con restos de arsénico y heces fecales.
Señaló que desde que el agua se tornó verde decidieron pedir la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero fue hasta hace una semana que personal de la Jurisdicción Sanitaria de la zona Centro se presentó a realizar toma de muestras del agua y que su apremio es saber los motivos de esa nueva contaminación.
Dijo que la población está consciente “que está contaminado el río, lo que necesitamos saber ¿por qué cambio de color? Las muestras que fueron a hacer el personal de salud no es confiable, no son los indicados”.
Añadió que han pedido por escrito “que nos ayuden para que a la brevedad nos emita una respuesta a este oficio a Salud y nos informe de manera oficial si está o no contaminado el río, porque debemos tomar precauciones y emitir una alerta, no podemos controlar a la gente, algunos siguen comiendo pescado, otros comercializan el pescado y es un grave problema de Salud”.
Lamentó que sea “una omisión de parte de las autoridades del municipio, del estado y le federación, por eso pedimos la intervención de la CDHEG para que nos ayuden a orientarnos en la presentación de nuestra preocupación”.
Denunció que en las comunidades de Tula del Río, San Miguel Tecuiciapan, San Agustín Oapan y San Juan Tetelcingo, las autoridades municipales decidieron construir sistemas de drenaje que también están contribuyendo a provocar una severa crisis de salud en ese lugar.
Explicó que en esos cuatro pueblos se construyeron lagunas de oxidación a donde llegan los desechos del drenaje de esas cuatro comunidades, las que están colapsadas y contaminan el río.
Expuso que ante esta situación los habitantes de San Francisco Ozomatlán están impulsando ante el gobierno federal un proyecto de un sistema de letrinas secas, porque “es un problema muy serio el que tenemos en la región, hay un abandono de la mayoría de las comunidades, no hacen algo las autoridades por conservar o rescatar el Balsas”.
Dijo que además las comunidades están trabajando en cómo resolver el problema de envases de plástico, de bolsas, de llantas, “de las que hay miles flotando o en los márgenes; si no paramos esto nosotros en las comunidades no vemos esperanza que las autoridades se preocupen”.
Ignacio Morales Mundo, comisario de Bienes Comunales San Agustín Oxtotempa, dijo que están pidiendo que les orienten si pueden recurrir a un amparo en el juzgado distrito y también en una queja directa en la CDHEG y que haya un desglose a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El visitador de la CDHEG, Fernando Esteban Ramírez, aceptó que las autoridades pueden presentar una queja contra las autoridades que “tengan responsabilidad, lo que corresponda CNDH lo enviamos y nos dejamos una parte de lo que corresponda a las autoridades municipales y estatales”.
Al final las autoridades decidieron interponer esa queja en la CDHEG, además de entregar un escrito en la Secretaría de Salud, a la que acudieron además Ignacio Morales Mundo, del comisariado de Bienes Comunales San Agustín Oxtotempa; Rogelio Vicario, comisariado Ejidal de Tula del Río; de San Agustín Ostotipan, Bernardino Morales Emigdio.