* Manuel Olivares, del Centro ‘José María Morelos’, advirtió que la estrategia que consiste en que elementos del Ejército vigilen escuelas para garantizar el regreso a clases está condenada al fracaso
Redacción
La estrategia de militarizar la vigilancia en los planteles escolares de municipios de la Montaña baja, para que maestros y alumnos regresen a clases, “está condenada al fracaso porque precisamente el ejemplo lo tenemos en el hecho de que hay mucho recorridos de militares, hay cuatro puestos de revisión en la ciudad (Chilapa), y eso no ha inhibido los índices de criminalidad, todos los días hay asesinatos”.
Así lo expresó Manuel Olivares Hernández, director del Centro
de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’, quien reiteró que son más de 600 escuelas cerradas en municipios de esa zona del estado debido a las amenazas hechas por grupos delictivos a miembros del magisterio, aunque el gobierno sólo reconoce que son 70.
El activista puso en entredicho la eventual efectividad de esa estrategia porque la vigilancia sólo se haría en algunas escuelas, mientras que en las rutas por las que los maestros se desplazan cuando acuden a las comunidades, no habría ninguna garantía de seguridad.
Olivares Hernández dijo que “posiblemente algunas escuelas reanuden labores, pero en cuanto suceda algo, alguna ejecución, un asesinato en contra de un maestro o cualquier estudiante, pues obviamente las escuelas van a entrar nuevamente en paro, entonces el gobierno debe actuar directamente contra los grupos criminales, castigando y deteniendo”.
En declaraciones a la agencia API, el director de esa ONG consideró que el gobierno estatal debe fomentar otro tipo de políticas públicas, donde incluyan las propuestas de la ciudadanía, de las víctimas y de las organizaciones que están al tanto de la situación, porque lo importante es que se ubique y detenga a los responsables, los generadores de la violencia.
“La exigencia es concreta, que el gobierno actúe contra los criminales, castigue y detenga a los responsables, tiene los medios y los recursos humanos para revertir esto”, precisó.
Según Olivares Hernández, la Fiscalía General del Estado tiene una gran responsabilidad en que la situación de violencia siga agravándose en municipios de la Montaña baja, particularmente en Chilapa, porque no investiga los crímenes y eso genera impunidad y que las víctimas no tengan acceso a la justicia.
Olivares Hernández añadió que diversas ONG’s “ya habíamos denunciado que lo que se pretendía al no actuar en contra de los grupos de la delincuencia organizada, es que a través del terror se obligue a la sociedad permitir la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para empoderar a los militares”. (Con información de API)