* El delegado explicó a inconformes las omisiones en los que incurrieron empresas constructoras y funcionarios de la Delegación de Sedatu al construir las viviendas en ese fraccionamiento
Jesús Saavedra
Ante los reclamos de damnificados por las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ que a cuatro años de la tragedia aún esperan ser beneficiados con las viviendas que el gobierno federal les ofreció, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, dijo que espera que “no haya impunidad” y que las denuncias penales que han interpuesto deriven en el deslinde de responsabilidades de empresas y funcionarios.
Este jueves, los vecinos del fraccionamiento El Mirador recibieron al delegado federal con reclamos por las pésimas condiciones en las que viven, derivado de la mala construcción de sus viviendas y que ha provocado que una manzana completa esté deshabitada por el riesgo de que colapsen por el deslizamiento de terreno.
También se quejaron de que sus viviendas “son unas coladeras, nos tienen viviendo como animales, queremos que se castigue a las empresas o a los funcionarios que nos engañaron que íbamos a tener viviendas dignas”, dijo molesta doña Dulce, habitante de este lugar.
Los quejoso indicaron que a cuatro años de las afectaciones por las lluvias que provocaron las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel, siguen esperando “tener una vivienda digna, con las condiciones necesarias, porque vivimos con el temor de que las casas se vengan abajo, están mal hechas y son un verdadero fraude”, dijo don Arturo en la reunión con el funcionario federal.
En respuesta a los inconformes, Armenta Tello dijo que como Delegación de la Sedatu, han interpuesto denuncias penales contra cuatro empresas que se encargaron de construir ese fraccionamiento. “Se está actuando se presentaron las denuncias penales contra las empresas y contra quien resulte responsable”, precisó, y enseguida expresó que espera “no haya impunidad” en este caso.
Afirmó que está “convencido que habrá sanciones que obviamente obligarán” las empresas constructoras que incurrieron en omisiones, a tener que hacer las correcciones correspondientes “para salvarse de una sanción; estamos en un proceso legal y a la espera que haya un deslinde de responsabilidades para que quien resulte responsable invierta lo necesario para corregir los defectos que estamos demandando”.
Reiteró que las denuncias penales se derivaron de la auditoría que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó en octubre del 2014 a los contratos que se hicieron con las empresas de ese fraccionamiento y que ha establecido una sanción de diez años de inhabilitación al exdelegado, Héctor Vicario Castrejón, hoy diputado local.
El funcionario federal informó que en ese fraccionamiento se han invertido 490 millones de pesos y que se está reclamando a esas empresas que se reintegren 94 millones de pesos para realizar acciones de mitigación ante los defectos que se tienen en esas viviendas.
Ese fraccionamiento está proyectado para construirse hasta mil cien casas, pero solo están construidas más de 500 donde viven esas familias damnificadas.
Aceptó que hay problemas en “algunas acciones que han puesto en una situación complicada a este fraccionamiento, como la manzana 2-B, donde tendremos que demoler 32 viviendas”, y recordó que “se han realizado obras de mitigación que no debieron haber sido necesarias si se hubiesen hecho bien las cosas”.
Recordó que Protección Civil emitió un dictamen sobre ese terreno en el 2014 que “es muy claro y decía que aquí se podía construir siempre y cuando no se cambiara la condición natural de los escurrimientos; que si se hacían desmontes, plataformas, no tuviesen un ángulo de reposo superior a 30 grados”, pero “en esta manzana 2-B ese ángulo es de 80 grados”, señaló.
Añadió que recomendó “que se hicieran sondeos suficientes para conocer el perfil adecuado de las tres hectáreas del terreno y conocer una solución definitiva antes de construir en este predio”, pero eso no tampoco se hizo.
Armenta Tello explicó que en la construcción de esas viviendas participaron cuatro empresas, una haciendo urbanización y plataformas, las tres restantes construyendo viviendas y dotación de servicios, y se trata de las empresas Jumen SA de CV, Casaflex, Concretos de Servicio Masa y una más cuyo nombre no recordó.
Aceptó además que hasta el momento las familias que viven en ese fraccionamiento no tienen escrituras debido a un proceso jurídico que se sigue y que se firman comodatos semestrales, para evitar que esas viviendas sean invadidas por personas ajenas a los damnificados, como ocurrió en 2016, cuando más de 170 viviendas fueron invadidas.
Finalmente dijo que si el gobierno municipal no llega a un acuerdo con el propietario de un predio ubicado enfrente de El Mirador, la inversión de 30 millones de pesos para construir un puente vehicular sobre la Autopista del Sol, dejaría inconclusa la obra y con problemas para recuperar esa inversión el próximo año.