* Para la construcción de viviendas destinadas a damnificados por las lluvias, hace 4 años, se asignaron obras por ‘dedazo’ desde oficinas centrales a empresas a las que ya se les pagó sin que hayan cumplido con el contrato, revelan arquitectos
* El caso más escandaloso es El Mirador, donde le adjudicaron 55 millones de pesos a la empresa hidalguense Casaflex, que no cumplió con la entrega de 800 casas prefabricadas, además de que nunca “le adaptaron el suelo para la carga que iba a recibir”
Fernando Hernández
Cuando están por cumplirse cuatro años del paso de la tormenta ‘Manuel’ y el huracán ‘Ingrid’ que dejaron devastación en Guerrero, un grupo de trabajadores del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Foden) a quienes el gobierno federal les adeuda unos 8 millones de pesos revelaron que desde las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) se entregaron contratos a empresas para la reconstrucción de Guerrero “por dedazo”.
En conferencia de prensa, el arquitecto Jesús Zúñiga, quien hacía funciones de supervisión de las obras de reconstrucción, indicó que en el caso del fraccionamiento El Mirador, ubicado al sur de Chilpancingo, se edificaron viviendas de un estilo totalmente distinto al que está acostumbrado la población de Chilpancingo que fue damnificada.
Abundó que las casas prefabricadas fueron montadas en un suelo al que no se le hicieron estudios previos de cimentación para prevenir algún socavamiento.
La arquitecta Violeta Medina sustentó que en el caso de El Mirador las viviendas fueron de un prototipo de viviendas prefabricadas a las que “no le adaptaron el suelo, para la carga que iba a recibir”. Precisó que la empresa beneficiada con ese contrato se llama Casaflex, cuya sede está en el estado de Hidalgo, de donde es originario Jesús Murillo Karam, quien en 2015 asumió como titular de la Sedatu, después de dejar la Procuraduría General de la República, en sustitución de Jorge Carlos Ramírez Marín, hoy diputado federal del PRI.
Recordó que en una de visitas que hizo Murillo Karam, éste dio la orden de detener la construcción de las viviendas en El Mirador. “No se me construya una vivienda”, fue la instrucción que giró al percatarse de la situación.
Comentó que la empresa Casaflex S.A.P.I. había sido en su momento contratada para la implementación de 800 acciones de vivienda, pero esta vendió las casas prefabricadas, pero en los acuerdos comerciales no se contempló la colocación de las mismas. Denunció que tan sólo a esa empresa se le adjudicaron 55 millones de pesos, y ahora hay un “estira y afloja” entre esa empresa de Hidalgo y la Sedatu.
Por una parte la empresa asegura que cuenta con las casas prefabricadas, pero también pide a la dependencia federal que se indique en dónde serán colocadas. “Fue una instrucción –de Murillo Karam— de que no se construyera ni una casa más, porque de origen el fraccionamiento estuvo mal planeado”, puntualizó la arquitecta Violeta Medina.
Manifestó que la construcción del fraccionamiento El Mirador “es un ejemplo de una corrupción total, porque las viviendas no se debieron de haber pagado –las casas prefabricadas— hasta estar colocadas, sin embargo ya están pagadas y ahora ¿cómo le dices a una empresa ahora regrésame 55 millones de pesos? Es nada más un ejemplo” de la corrupción que hubo en la reconstrucción en Guerrero.
Jesús Zuñiga indicó que el proyecto original en el fraccionamiento El Mirador consideraba la construcción de mil 100 viviendas y sólo se han edificado 598 viviendas, de las cuales 32 deberán ser demolidas porque hoy presentan fallas estructurales.
Violeta Medina comentó que en el caso de El Mirador, desde que se inició el proceso de construcción se reportó a los mandos de la Delegación Estatal de Sedatu –entonces a cargo de Héctor Vicario Castrejón— una serie de observaciones en las que se daba cuenta de que el terreno no era apto para edificar ahí el complejo para reubicar a las familias damnificadas.
“Lo que queremos dejar en claro es que muchísimas empresas fueron contratadas directamente desde las oficinas centrales al dedazo, y esas empresas se ríen de nosotros, porque les decíamos ‘esto no lo puedes hacer’”, anotó.
Entre las empresas que fueron contratadas por dedazo, desde las oficinas centrales de la Sedatu, se encuentran la hidalguense Casaflex, Materiales Elementales –que fue la que edificó decenas de viviendas sobre madera en Papagayo y que después se incendiaron— y Jumen S.A. de C.V.