* El delegado de Sedatu, José Armenta, informó que ya presentó denuncias en la PGR contra constructoras que no cumplieron sus contratos o que construyeron mal las viviendas para afectados por las lluvias
Alondra García
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) ya presentó ocho denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra cinco empresas constructoras que no cumplieron con sus contratos para la edificación de viviendas dentro del Plan Nuevo Guerrero o que, en su caso, ejecutaron mal las obras, por lo que incluso 32 viviendas de ‘El Mirador’ tendrán que ser demolidas en los próximos días.
Entrevistado en el noticiero matutino de Capital Máxima, delegado de Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, informó que “en breve” presentará otras 12 denuncias ante la PGR contra igual número de empresas constructoras incumplidas.
En total, dijo, serán 20 denuncias contras 17 empresas “en el corto plazo”, aunque no descartó que en el futuro se presenten más.
“Son empresas a las que se les pagó por la obra y no la ejecutaron o que lo hicieron mal. Las primeras ocho denuncias están ligadas al fraccionamiento El Mirador (en Chilpancingo)”, explicó el funcionario federal.
Armenta Tello reconoció que, a casi cuatro años de que las lluvias ocasionadas por las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ devastaran la entidad, “todavía hay mucha gente esperando su beneficio”, aunque hace algunos meses el gobierno federal informó que en Guerrero había concluido la reconstrucción luego de esa emergencia.
Por ello, Armenta Tello no descartó que al cumplirse cuatro años de la tragedia “habrá manifestaciones de inconformidad” por parte de los damnificados.
Recordó que el presidente Enrique Peña Nieto destinó dos mil millones de pesos exclusivamente para el rubro de infraestructura vial, urbana y de vivienda, por aceptó que los trabajos aún no se han concluido porque la Sedatu tuvo que enfrentar “diversas dificultades”.
Una de ellas fue que la dependencia federal no presentó las manifestaciones de impacto ambiental o las solicitudes de cambio de uso de suelo para los fraccionamientos en los que se reubicaría a los damnificados.
Por ello, reconoció que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “se vio obligada a actuar”, aplicando sanciones a la Sedatu y clausurando fraccionamientos enteros.
“Nosotros pensamos que era muy simple, que sólo era retirar los sellos de clausura y continuar con el proceso de la reconstrucción, pero obviamente está el derecho ambiental y al observarlos nos dimos cuenta que era complicado, complejo. Nos ha llevado casi ocho meses, pero ya estamos a punto de retirar los sellos de clausura de la totalidad de nuestros fraccionamientos”, comentó.
Armenta Tello lamentó que esta situación retrasó aún más la entrega de las viviendas a los damnificados.
“Estas clausuras son tan severas que no se nos permitió colocar ni un solo ladrillo en los fraccionamientos que se encontraban clausurados”, reprochó.
Por ello, dijo que a su llegada al frente de la Sedatu tuvo que analizar el avance de las obras y evaluarlas, y que derivado de esta labor se presentaron ocho denuncias ante la PGR contra cinco empresas constructoras.
Estas denuncias, indicó, están relacionadas con el fraccionamiento El Mirador, donde tendrán que demoler 32 viviendas que son “completamente inhabitables”.
Además, anunció que en los próximos días presentará otras 12 denuncias ante la PGR contra igual número de constructoras, sumando un total de 20 denuncias contra 17 empresas.
El funcionario federal reconoció que a cuatro años de ‘Ingrid’ y ‘Manuel’, podría parecer que la Sedatu se tardó demasiado en denunciar a las constructoras por su incumplimiento, pero aclaró que se le dio tiempo a las empresas para que concluyeran los proyectos e hicieran los arreglos que fueran necesarios, de tal manera que cumplieran con los contratos.
“Se acabaron los plazos y hoy como consecuencia vienen estas denuncias”, aseguró.
Armenta Tello también anunció que en los próximos días se demolerá el bloque de 32 viviendas en el fraccionamiento ‘El Mirador’, ya que la Secretaría de Protección Civil Estatal ha solicitado en varias ocasiones que se desmantele “por el peligro que representa”.
El problema ahora, reconoció, es que las cuatro empresas que participaron en la construcción de la manzana “no se ponen de acuerdo en quién es la responsable” para que sea la que asuma los costos.
De acuerdo con el funcionario, la demolición y reubicación de las 32 viviendas le costará a la Sedatu entre seis y ocho millones de pesos más y como los constructores “no se ponen de acuerdo”, dijo que ya solicitó que se le dote de recursos propios de la Sedatu para hacerlo.