* El PRD propuso ampliar la revisión a las administraciones de Manuel Añorve y Luis Walton, pero el bloque PRI-Verde bloqueó la adición
Gilberto Guzmán
Entre cuestionamientos por parte del PRD, por considerar que la maniobra tiene fondo electorero de cara al 2018, el pleno del Congreso del Estado aprobó que la Auditoría General del Estado (AGE) audite el manejo de los recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), durante el ejercicio fiscal 2016, y presente las denuncias penales si detecta actos de corrupción de los funcionarios que administran el organismo.
La propuesta fue presentada como asunto de urgente resolución por cuatro integrantes de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, Mauricio Legarreta, del Partido Verde, e Isabel Rodríguez Córdoba, del PRI, y leída en tribuna por el presidente Samuel Reséndiz Peñaloza, también priísta.
La única que no se sumó a esta propuesta fue la diputada Silvia Romero Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, secretaria de la mencionada comisión.
En su argumentación, Reséndiz explicó que el objetivo es instruir a la AGE para que evalúe el desempeño y audite el ejercicio de los recursos que le fueron asignados a la CAPAMA en el año 2016.
Dijo que la auditoría se solicita porque son muchos los señalamientos sobre actos de corrupción y el desorden administrativo que, afirma, impera en la CAPAMA.
Además, señaló que en su reciente comparecencia ante diputados locales, el director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez, “vino y no respondió absolutamente nada, ante los actos concretos y señalamientos sobre los actos de corrupción y la mala administración que impera en el organismo”.
“Los cuatro diputados que presentamos este punto de acuerdo ante ustedes, creemos necesaria y urgente esta auditoría”, dijo el legislador.
El diputado solicitó que se tramitara como de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo: “Único: El Congreso del Estado de Guerrero instruye a la Auditoría General del Estado para que evalúe el desempeño y audite financiera, presupuestaria y técnicamente el ejercicio de los recursos asignados durante el ejercicio fiscal 2016 a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), y de manera especial para que detecte y en su caso denuncie ante la Fiscalía General del Estado posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos adscritos a este órgano operador”.
Protegen administraciones de Walton y Añorve en CAPAMA
Como parte del procedimiento legislativo, por mayoría calificada los diputados priístas y sus aliados del Partido Verde aprobaron como de urgente resolución la propuesta, y en la etapa de discusión subió a tribuna el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo para fijar postura por el PRD y proponer una adición al punto de acuerdo.
Acusó que los priístas utilizan nuevamente la tribuna del Congreso con un objetivo “faccioso y electorero”, en referencia a los ataques sistemáticos de algunos diputados del PRI y del Movimiento Ciudadano contra la administración del alcalde Evodio Velázquez en Acapulco.
Les cuestionó que “si ya tienen documentadas las irregularidades en contra de la administración de CAPAMA, ¿por qué no presentan las denuncias y las pruebas correspondientes ante las instancias correspondientes? (sic)”.
García Trujillo dijo que la propuesta de Samuel Reséndiz “resulta absurda y tendenciosa” porque le solicitan a la AGE que realice los trabajos que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas le obliga en términos constitucionales y legales.
Agregó que quienes promueven este punto de acuerdo desconocen que la ley obliga a las entidades que manejan recursos a entregar a la Auditoría General los datos, libros e informes, documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y gasto público, y demás información que resulte necesaria para los fines fiscalizables.
Además, que la misma ley dispone que las cuentas públicas sean entregadas a la AGE a más tardar el último día de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que se informe.
“Como puede advertirse, se pretende (abrir) una cortina de humo en este tema, (porque) la CAPAMA ha entregado la información relacionada sólo con el año 2016 y no de los periodos en que gobernó el PRI y Movimiento Ciudadano, (…) los diputados del PRI, integrantes de la Comisión de Auditoría General del Estado, saben que CAPAMA fue utilizada como caja chica”, indicó.
Ociel García sugirió a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la AGE que soliciten a la Auditoría General los pliegos de observaciones de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, donde se solicitan aclaraciones de diversas irregularidades dentro de dichos ejercicios presupuestales de los últimos dos directores de Finanzas de la CAPAMA, uno de ellos hermano de un diputado que no está presente”, en referencia a Marcos Ernesto Cueva Ruiz –hermano del diputado del Partido Verde Eduardo Ignacio, ausente de la sesión— que fue removido de sus funciones por presuntas irregularidades.
Añadió que si los diputados realmente quieren profundizar en la auditoría financiera a CAPAMA, permitieran que se agregara una adición para que el acuerdo quedara de la siguiente forma:
“Único: El Congreso del Estado de Guerrero requiere un informe especial a la Auditoría General del Estado de Guerrero, que contenga los resultados de auditoría de la CAPAMA correspondiente al periodo 2009-2016, así como las acciones penales y resarcimientos financieros que haya realizado por la comprobación de los hechos ilegales”.
En el periodo del 2009 al 2016, gobernaron Acapulco el priísta Manuel Añorve Baños (2009-2012) y el dirigente de Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto (2012-2015), jefes políticos de los principales promotores de la auditoría: Añorve de Samuel Reséndiz y Walton de Ricardo Mejía.
“Así debería de ser, compañeros, lo demás es pura cortina de humo; si quisiéramos llegar al fondo del asunto, deberíamos estar preocupados por lo que ha acontecido en CAPAMA. CAPAMA dejó de ser la caja chica porque se lo robaron muchos sinvergüenzas y en ese tiempo nadie alzaba la voz”, agregó.
Subió después Ricardo Mejía Berdeja, vocal de la Comisión de Vigilancia de la AGE, a decir que el asunto no es electorero, sino un tema de finanzas, transparencia, rendición de cuentas y ejercicio responsable y honesto de los recursos públicos.
Se sumó a la postura de Samuel Reséndiz en el sentido de que el director de la CAPAMA, durante su reciente comparecencia (19 de julio), se mostró incompetente y evidenció que no tiene el control del organismo, además de justificar actos de corrupción.
El director de la CAPAMA trató de justificar el no pago de convenios con la Comisión Federal de Electricidad, lo cual hace urgente una revisión de las finanzas de la paramunicipal.
Regresó entonces a la tribuna Ociel García, “para rectificación de hechos”. Dijo que la propuesta de los diputados encabezados por Samuel Reséndiz representa una violación a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, porque actúan por consigna en contra del alcalde Evodio Velázquez.
“No, diputados. Nadie les cree. Yo he preguntado con la gente y nadie les cree y no les van a creer. Se quieren pasar la ley por el arco del triunfo, así están enmañados (sic)”.
Entonces, la presidenta de la Mesa Directiva, Silvia Romero sometió a votación la propuesta de la Comisión de Vigilancia y fue aprobada por mayoría de votos; pero la propuesta de adición presentada por el perredista Ociel García fue rechazada.
Así, con el clásico mayoriteo, el bloque PRI-Verde evitó que la auditoría a la CAPAMA se ampliara a las administraciones de Manuel Añorve y Luis Walton.
