Dejar que la población se arme como supuestos comunitarios, sólo lleva a la anarquía: Chong.— Casos como el de Tlaltempanapa ilustra el uso de esos grupos contra las instituciones
Enrique Vargas
Finalmente ha quedado en claro que los grupos que originalmente surgieron como policías comunitarias se han desviado de ese propósito original y en la actualidad la mayor parte están coludidos o al servicio de grupos criminales de la delincuencia organizada, que buscan eliminar la presencia y participación de las policías del gobierno y las fuerzas armadas, para imponer su voluntad.
Está situación está claramente advertida por las autoridades federales responsables de la seguridad pública en el país, como en el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien en su visita a Chilpancingo hizo ver que permitir que esos grupos de supuestos comunitarios sigan avanzando sólo llevaría a la anarquía, que es lo que buscan los cárteles criminales más importantes, porque de esa manera harían prevaler su fuerza y sus intereses, con una fachada popular, la de esos civiles armados que portan armas de alto poder que tienen prohibidas y que sólo les pueden proporcionar los grupos criminales.
Desde hace algunos meses, el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo notar que los supuestos comunitarios habían torcido sus intenciones originales y que había evidencias de que estaban al servicio de la delincuencia organizada.
Un caso muy claro es el de la comunidad de Tlaltempanapa, donde se dio una supuesta rebelión de gente del pueblo en contra del Ejército y la policía estatal, que iban en un operativo en busca de detener a delincuentes que han hecho de algunos de esos lugares sus centros de operación dentro del municipio de Zitlala y donde pretenden que no haya más autoridad que la que ellos han impuesto en plena violación de la ley.
Ahí se provocó una agresión contra policías y militares, y algunos de ellos resultaron heridos por piedras y palos, porque los criminales que los empujan a agredirlos buscan provocar que se genere una respuesta de defensa violenta de los grupos oficiales, para armar un escándalo de supuesta represión contra la gente de esos lugares.
El Ejército y las policías han sido capacitados para no responder con violencia a las provocaciones que los grupos criminales mandan en su contra en espera de que dejen víctimas, con las cuales mover a más gente y limitar o impedir la acción de las fuerzas gubernamentales.
Tiene razón el secretario Osorio Chong, porque permitir que esos grupos que surgieron como policías comunitarios y que se han ampliado como autodefensas, puedan mejorar y crecer en la cantidad de sus integrantes y el número de esos grupos, sería llevar al estado a una situación de anarquía, que al estilo del río revuelto, los grupos ilegales buscan lograr la mejor pesca, con la intención de debilitar a las instituciones municipales, estatales y federales, responsables de prevenir y enfrentar a la delincuencia en todas sus manifestaciones.
ORIGINALMENTE, la policía comunitaria surgió en San Luis Acatlán, en la Costa Chica, amparada por la ley que permite su existencia en las comunidades netamente indígenas, pero ante el crecimiento de la inseguridad en el país y especialmente en Guerrero, esa figura legal se reprodujo en malas condiciones, sin respetar su orientación y su función originales, para desvirtuar su origen y quedar en condiciones como la que provocó en Olinalá la comandante Nestora Salgado, que pretendió pasar por encima de las autoridades municipales y hasta de las judiciales, ya que cometió una serie de excesos que finalmente provocaron su detención, realizada por la policía del estado con el apoyo de elementos de la Marina.
Otro caso semejante se produjo en Tixtla, donde Gonzalo Molina asaltó el palacio municipal y lesionó a varios policías oficiales, además de robar varias armas de alto poder que tenían los uniformados asaltados, por lo que también terminó en la cárcel, donde hasta la fecha permanece.
En la actualidad la situación de las supuestas policías comunitarias y de autodefensa han empeorado, porque si antes, en los dos casos señalados, pretendían suplantar a la autoridad municipal, ahora han decidido aliarse y asociarse con la delincuencia organizada, a la que sirven básicamente.
Por eso, urge que los gobiernos enfrenten esa situación que amenaza salirse de control, por lo que ahora se buscará contener los excesos que cometen, además de evitar que surjan más grupos de ese tipo y sancionar en lo posible las acciones ilegales que realicen, sobre todo para evitar que crezcan, se fortalezcan y se amplíen a nuevos territorios.
Ante la cercanía del proceso electoral presidencial, muchas de las acciones contra esos grupos se frenarán o se mantendrán en el nivel que tienen ahora, para evitar brotes de inseguridad que puedan generar puntos de ingobernabilidad que afecten el proceso político electoral del año próximo.
De hecho, habría que esperar a que haya un nuevo presidente de la República, con otro secretario de Gobernación, para intentar acciones más firmes que busquen corregir la mala situación que en la actualidad existe en Guerrero.
También podría intentarse un golpe de mano y desarrollar una acción generalizada en el estado para someter a esos grupos y los criminales que los manejan y presentarlo como un triunfo de la legalidad y el orden, aunque parecería muy arriesgado intentarlo, porque de salir algo mal, la situación se descompondría aún más y los resultados serían graves, con un daño político social importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto y Miguel Osorio Chong, que los colocaría al borde del precipicio político, en una etapa preelectoral tan delicada como la actual.
POR ESO, lo más seguro es que habrá que seguir soportando a la delincuencia común y la organizada, con sus socios y aliados de la comunitarias, en la mayoría de los casos, sólo con la intención de limitar sus acciones, para impedir que crezcan su presencia y sus actividades, con la aplicación de la ley y el uso de la fuerza policial disponible, con ayuda del Ejército y la Marina, como se ha hecho hasta ahora, para mantenerlas dentro de la contención existente, aunque hay casos en los que de plano se salen del carril de las leyes, en perjuicio de la ciudadanía y del Estado de derecho que debe prevalecer en Guerrero y en tales circunstancia será necesario aplicar las acciones correctivas indispensables.
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