Pierde el estado muchos recursos por impuestos que no pagaron gobiernos anteriores.— La matanza en el Cereso acapulqueño alcanzó resonancia en la ONU.— Tramitan recursos para la construcción de un nuevo penal
Enrique Vargas
En el primer semestre de este año, la Secretaría de Hacienda le ha recortado al gobierno guerrerense 833 millones de pesos, por concepto de adeudo de diversos impuestos que no cubrieron los gobiernos anteriores, aunque no se especifica por qué y a dónde fueron a dar esos recursos de impuestos retenidos y que no se entregaron a la dependencia federal.
El gobierno de Héctor Astudillo ha enfrentado esos recortes de las participaciones federales prácticamente desde que llegó al cargo, lo que ha provocado que limite al máximo los gastos no indispensables, aunque con eso afectan a empresas y personas que esperaban recibir diversos pagos que ya estaban programados, por los recortes de los fondos federales.
Solamente en este mes de junio que apenas terminó, Hacienda le retiró al estado 327 millones de pesos, según comentó el secretario de Administración y Finanzas, Héctor Apreza Patrón, quien ha tenido que hacer equilibrio y hasta malabarismo con los recursos existentes, para no dejar a ningún sector o función fuera del presupuesto, sino que disminuye un poco a cada uno, para que nadie se queje de que lo están excluyendo y no puede trabajar con el poco dinero que le dejan.
Es sabido que el pago de la nómina se lleva la mayor tajada del presupuesto y no puede dejar de pagarse a todos y cada uno de los trabajadores y funcionarios por los faltantes y los errores de sus antecesores en el gobierno estatal, de modo que los recortes se aplican en nuevas obras y hasta en la terminación de las que están en proceso, de manera que se prolongan un poco, pero no se cancelan, sino que se espera la llegada de nuevas remesas de recursos para avanzar.
El problema se localiza en el incumplimiento de los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, que aunque retenían impuestos a empresas y trabajadores, no los entregaban a Hacienda, que sólo iba haciendo sus anotaciones, porque esa dependencia parece elefante, porque no olvida nada, sino que lo guarda y en el momento propicio aplica los descuentos de lo que no se pagó, aunque no se toma en cuenta que unos fueron los que no cumplieron y otro es al que le cargan la mano para que cubra todos los faltantes de sus antecesores que actuaron con irresponsabilidad, y posiblemente hasta con deshonestidad.
La cuestión es que se trata de deudas institucionales, que cada gobierno debe pagar, sin importar su participación.
LA MATANZA EN EL CERESO ACAPULQUEÑO ALCANZÓ RESONANCIA EN LA ONU.— No hay duda que fue una acción terrible la que llevó al sacrificio de 28 reclusos del penal de La Cruces, de Acapulco, en una riña o hasta posible ejecución de un grupo fuerte dentro de la cárcel contra sus adversarios, por el control del autogobierno interno y los muchos negocios que eso representa, al grado que esa masacre traspasó las fronteras nacionales y llegó hasta la ONU, donde el área de derechos humanos exige que se haga una investigación a fondo de cómo y por qué se dieron los hechos de violencia extrema y que se castigue con severidad a los causantes de esos homicidios.
Aclarar y sancionar a los autores de la matanza es una condición indispensable, señalaron los expertos de ese organismo, para evitar que situaciones semejantes puedan repetirse en las cárceles que funcionan en el estado y en el país.
Aunque esos problemas no son privativos de los penales de Guerrero, pues hay que recordar que en la cárcel de Topo Chico, en Nuevo León, ocurrió hace algunos meses una situación semejante, donde un grupo de reclusos, que se supone son los que mantienen el control del autogobierno, agredieron y mataron a muchos de sus presuntos rivales, con la intención de mantener el manejo de todos los movimientos tras los muros de ese lugar, que, como hemos señalado, les representan importantes beneficios financieros y de conservación de privilegios.
Muchos de los problemas que surgen en esos lugares se deben a la sobrepoblación que existe, pues las celdas que deberían albergar a 3 o 4 reclusos tienen hasta 8 y 10 y eso hace que surjan los problemas y que predomine la ley del más fuerte, o casi, la ley de la selva.
Mientras los capos cuentan con amplios espacios privados y muchas comodidades de las que carecen la gran mayoría.
TRAMITAN RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PENAL.— Ante esta situación, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, planteó que se analizan las posibilidades financieras que permitan la construcción de un nuevo penal, para evitar la sobre carga de reclusos y permitir una situación más sana y de mejor convivencia.
Sin embargo, la construcción de penales implica una inversión elevada, porque debe cumplirse con una serie de requisitos y especificaciones de seguridad que implican una inversión mayor.
En el estado hay muchas necesidades no resueltas en muchos de los sectores de servicios públicos, caminos y otras inversiones necesarias, por lo que en ese caso debe buscarse que sea el gobierno federal el que haga la mayor parte de la inversión, porque el mayor déficit en los reclusorios es el que atiende a los presos federales, que están relacionados con la delincuencia organizada, el narcotráfico y otras actividades que los catalogan como reos de alta peligrosidad.
Sin embargo no hay suficientes reclusorios federales para ubicar a quienes caen en ese sector de las cárceles del país, sino que los ubican en las cárceles estatales, con los resultados de alto riesgo que se encuentran en las prisiones estatales saturadas y que, en muchos casos, no cuentan con un equipo de custodios o guardias en cantidad y con la preparación suficiente para hacer frente a ese problema.
El gobierno federal debe aportar una determinada cantidad de recursos financieros para el mantenimiento de cada recluso del ámbito de su responsabilidad, pero eso no ha resultado suficiente para evitar los problemas, los enfrentamientos y los crímenes masivos que se dan con frecuencia en diversos penales, con los resultados conocidos.
El problema radica, básicamente, en que los presos por delitos federales están ahí por delincuencia organizada, situación que repiten dentro de las cárceles y eso los hace más difíciles de controlar y también más peligrosos.
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