Diluir esfumando, errores repetidos
Felipe Victoria
Cuando vuelven a cometerse los mismos errores, aunque en diferente modalidad según las épocas, la historia se repite.
Por ejemplo, México ya no es el mismo que en mayo de 1911 cuando el Dictador Porfirio Díaz salió exiliado a París, Francia, para que el presidente Francisco I. Madero no lo encarcelara decomisando su fortuna por lo menos.
Nadie ignora lo que Andrés Manuel López Obrador piensa hacerle a Enrique Peña Nieto y “la mafia en el poder”, si con el Morena lograra por fin ser presidente de México.
Claro que del dicho al hecho hay mucho trecho y nadie sabe lo que el destino depare, ni lo que los Grupos y Cárteles en el poder discurran perpetrar en cualquier momento.
Atravesamos en Guerrero por días de crisis; lo digo en plural porque todos necesitamos que al gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores le vaya bien y no le estén meneando la cuna o sacudiéndole el tapete para que se tropiece.
En junio de 1995 se la hicieron a Rubén Figueroa Alcocer, con la masacre del Vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez; contra Ángel Heladio Aguirre Rivero la primer intentona fue en diciembre de 2011, con los dos vándalos normalistas abatidos por encender fuego en un gasolinera de la autopista en Chilpancingo, y después en septiembre de 2014, con el zafarrancho de los 43 vándalos normalistas de Ayotzinapa escarmentados y desaparecidos por ir de carne de cañón a robar un cargamento de droga, de la que comúnmente se transporta hacia Chicago en autobuses de pasajeros saliendo de Iguala.
Ni siquiera precisan 28 presos o más asesinados el jueves 6 de julio en el reclusorio de Las Cruces. No tardan las movilizaciones y protestas estilo Vidulfo Rosales Sierra acaudillando a familiares de los presos difuntos y heridos para exigir fantásticas indemnizaciones pidiendo renuncias.
A otra cosa menos ardiente: en su Corolario del Excélsior, RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE nos explica de “Coaliciones electorales y gobiernos de coalición”, publicado el sábado pasado.
“Uno de los temas que actualmente ocupa el interés de la agenda pública nacional es el relativo al análisis de la posibilidad de que en México se llegue a recurrir a la conformación de un gobierno de coalición. Al respecto, se han comenzado a ponderar las posibles bondades que este modelo supone, pero en muchas ocasiones se llega a confundir a esta figura con las coaliciones electorales”.
“De manera sucinta, trataré de explicar cómo se deben entender ambas figuras y en qué se diferencian una de la otra”.
“El artículo 88 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que la figura de la coalición electoral se da cuando dos o más partidos políticos acuerdan lanzar en conjunto candidatos a diversos puestos de elección popular. Estas alianzas electorales —según la misma ley— pueden ser: totales, parciales y flexibles”.
“Esta figura se debe convenir y registrar antes de los comicios y tiene como principal objetivo ganar una elección. Aunque se supone que se deben poner de acuerdo en supuestas plataformas ideológicas y de gobierno, la verdad sea dicha y la propia experiencia demuestran que estas alianzas son efímeras y oportunistas, ya que en caso de triunfar, el candidato ganador no se sujeta de manera alguna a compromisos contraídos con los partidos ni con sus ideologías”.
“El gobierno de coalición es una figura legal inédita en México, aunque existen evidencias de que han funcionado algunos de sus elementos de manera informal. Como resultado de los acuerdos que dieron origen a la reforma constitucional político-electoral de 2014, se estableció en la fracción XVII del artículo 89, la facultad del Presidente de la República para optar —en cualquier momento— por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión”.
“El gobierno de coalición tiene que surgir después de las elecciones, no antes. Lo puede convocar el Presidente en turno, como facultad exclusiva, no los partidos políticos”.
“Entre otras cosas, consistiría en integrar al gabinete presidencial con miembros de diferentes partidos, que gobernarían de manera conjunta, con base en un convenio que deberá ser ratificado por la mayoría en el Senado”.
“Aunque no lo establece el artículo 89 constitucional, el acuerdo político debería comprometer a los diputados y senadores de los partidos coaligados representados en el Congreso, a apoyar las iniciativas del gobierno y lograr tener un gobierno eficaz, lo cual desde 1997 se ha dificultado, ya que ningún partido ha alcanzado mayoría parlamentaria. Asimismo, obligar a que durante el tiempo que se mantenga el gobierno de coalición deban concurrir unidos —en alianza electoral— en las posteriores elecciones locales, para consolidar su fortaleza”.
“En síntesis, el objetivo del gobierno de coalición —al menos en teoría—, es garantizar un mayor grado de legitimidad y gobernabilidad, mediante la cooperación de los partidos políticos coaligados, tanto en el Ejecutivo, como en el Congreso, así como en el ámbito electoral local y municipal”.
“Esta figura no parece que vaya a ser reglamentada antes de las elecciones de 2018. Así que, corresponde a la academia estudiar y proponer los escenarios y procedimientos que habrán de tener que seguirse, en caso de que el sistema presidencial decida migrar a otro nuevo sistema de gobierno de coalición”.