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miércoles, 7 diciembre , 2022

Averígüelo Vargas – Enrique Vargas

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Todo el rigor de la ley debe aplicarse a los asesinos de la UPOEG.—Fue un ataque “inaceptable y brutal” calificó el gobernador Astudillo.—La Fiscalía del Estado sostiene que no hubo ningún enfrentamiento, que las víctimas no tenían armas de fuego

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Enrique Vargas

 

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Definitivamente, el gobierno del estado debe actuar con el mayor rigor posible dentro de la ley, para sancionar a los supuestos comunitarios, integrantes de la UPOEG que encabeza Bruno Plácido Valerio, y que el sábado asesinaron a integrantes de una familia, sin que ellos hubieran respondido violentamente a esa agresión, como asegura quien se ha beneficiado permanentemente de las acciones abusivas de ese grupo.

Los arbitrarios integrantes de las supuestas comunitarias, que se manejan fuera de la ley al portar armas de uso exclusivo del Ejército y por sus acciones agresivas contra quienes rechazan sus acciones intimidatorias y chantajistas, al grado de que lejos de representar una ayuda para las comunidades en contra de la delincuencia en sus diferentes manifestaciones, en realidad se han convertido en pandillas que impunemente actúan contra la población, a la que supuestamente deberían proteger.

En varias ocasiones el gobernador Héctor Astudillo Flores ha señalado que las falsas comunitarias, en la mayoría de los casos, se han convertido en aliados o parte de la delincuencia organizada en el estado, además de advertir que hace mucho que dejaron de actuar en la protección de la gente que era afectada por la delincuencia.

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Ahora, señala el mandatario que después de esta masacre cometida contra una familia, a la que ellos acusan de ser delincuentes y de vender terrenos en forma irregular, plantea que de ninguna manera se deben tolerar esas agresiones, ya que en este caso privaron de la vida a 7 personas, entre ellos 3 menores de edad, dos mujeres y dos adultos masculinos y un infante de 4 meses de nacido.

La Fiscalía General del estado (FGE), que encabeza Xavier Olea Peláez, ratificó que como resultado de las primeras investigaciones, puede determinarse con toda seguridad que no hubo ningún enfrentamiento, como asegura Bruno Plácido, porque las víctimas no tenían armas y por lo mismo no pudieron hacer los disparos que sus asesinos aseguran los obligaron a responder con tanta saña y brutalidad contra esa familia.

Aún en el supuesto caso de que fuera cierto que esas personas ahora muertas realizaban acciones ilegales con venta de terrenos y presuntas extorsiones, de ninguna manera tenían justificación ni razón los ilegales comunitarios, para masacrarlos, sino que de ser ciertas las acusaciones debieron detenerlos para entregarlos a las autoridades ministeriales a fin de que se les aplicara la ley.

En muchas ocasiones se ha planteado que las llamadas policías comunitarias que actúan en la mayoría de las regiones del estado, han perdido todas sus características originales, porque en la actualidad sólo son grupos armados al margen de la ley que no respetan las normas legales ni los derechos de la gente a la que hacen víctima de los muchos excesos que los caracterizan.

Ya lo ha señalado de esa manera el gobernador Astudillo, de que ya no son grupos que trabajen en favor de la seguridad en las comunidades, sino que como delincuentes atacan y asesinan a integrantes de los pueblos donde actúan, como ocurrió en este caso de Cacahuatepec.

EN LA REGIÓN CENTRO, el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena ha insistido, en concordancia con el mandatario estatal HAF, que los llamados comunitarios, que dejaron de conducirse con esas características originales han provocado muchos problemas en El Ocotito y Petaquillas, por lo que ha pedido en varias ocasiones que los gobiernos estatal y federal procedan a desarmarlos “antes de que provoquen una tragedia”, como la que ahora se lamenta, dado que provocaron la muerte de 7 personas, entre ellas un niño de cuatro meses de edad, que murió al caerle encima su madre, abatida por los balazos de los integrantes de la UPOEG, lo que le causó fractura de cráneo.

ES EL MOMENTO EN QUE DEBE tomarse una decisión clara y firme en contra de esa organización de delincuentes, porque ya no representan ninguna ayuda para la gente que ahora tiene que soportarlos, pues no actúan en contra de los delincuentes, sino que se han unido a ellos, porque les representa ganancia enormes, pues le sirven de protección a los integrantes de la delincuencia organizada, que de esa manera burla a la ley y la justicia, amparada por quienes deberían estar al servicio de los pueblos que los vieron surgir como una esperanza de tranquilidad, para que en estos momentos estén convertidos en socios de los delincuentes mayores.

El caso de Bruno Plácido y otros sujetos que medran con esas organizaciones, que se han envalentonado y rebelado contra la autoridad legalmente constituida, deben ser llevado al orden, lo que sólo podrían hacer la Policía Federal con ayuda de la estatal y con el respaldo del Ejército y la Marina, que son las únicas instituciones con capacidad para hacer frente a ese problema que se dejó crecer hasta convertirse en un peligro para el estado.

NO SE TRATA DE un problema menor, porque ya suman cientos o hasta miles los supuestos comunitarios que operan en la mayor parte de las regiones del estado y que en muchos casos, prácticamente en todos, ya no sólo portan las escopetas de un tiro que les fueron autorizadas, sino que tienen armas de alto poder, de las mismas que usan los integrantes de la delincuencia organizada, dedicada al trasiego de las drogas.

Está claro que esas armas seguramente les llegaron a través de los grupos delincuenciales, que de plano los han convertido en “halcones” que avisan del movimiento de las fuerzas del orden, para que los integrantes de los cárteles se protejan y puedan huir antes de que haya condiciones para actuar en su contra.

LA SITUACIÓN QUE AHORA SE ENFRENTA es muy delicada, porque son tantos los grupos armados de esas características, que proceder en su contra sin una acción muy planeada, podría derivar en enfrentamientos que podrían dejar hasta muertos de ambos lados, es decir, de los grupos delincuenciales, supuestos comunitarios, y de las policías y militares que deben someterlos y desarmarlos.

De ninguna manera debe permitirse que prevalezca la impunidad en éste que es uno de los casos más graves que han provocado eso sujetos y por lo pronto, Bruno Plácido y los líderes de los otros grupos, deben ser llevados ante la justicia, para empezar a desarmar a esos grupos tan peligrosos y para que respondan de estos delitos tan graves, porque son ellos los que dirigen y ordenan las acciones que los ignorantes comunitarios ejecutan.

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