¿Robespierre Robles vs Javier Olea?
Felipe Victoria
Tradicionalmente la procuración de justicia en la antes “procuraduría” y la administración de las leyes en tribunales, han sido asignatura pendiente en el estado de Guerrero, ominoso botón de muestra de maniobras legaloides y corrupción consentida.
El archivo negro de felonías en el mercado de las injusticias es enorme. Difícilmente se encuentra algún caso en que eficiencia y eficacia hayan coincidido con honestidad y probidad de parte de Ministerios Públicos, jueces y magistrados, todos bajo el rasero de servidores públicos ávidos de lucro que en conjunto fabrican culpables o liberan delincuentes.
Pero lo más grave es el “archivo muerto” de casos relevantes en que se hicieron guajes para investigar debidamente en aquellas averiguaciones previas, o las consignaciones fueron amañadas para facilitar maniobras en juzgados penales.
Parafraseando a Porfirio Díaz Mori, Guerrero sigue lejos de Dios y tan cerca de la justicia fallida.
Nadie sabe a ciencia cierta quien habrá recomendado en 2015 al penalista Javier Olea Peláez para que Héctor Astudillo lo incluyera en la terna de abogados para que supuestamente lo designara el Congreso local, por un periodo de cuatro años, como autónomo del Poder Ejecutivo y por lo tanto no le debe sumisión al gobernador.
El otro funcionario autónomo es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robes Robles Hurtado, que teóricamente no depende del mandatario estatal.
Pero ambas cosas no significan que cada cual por su parte haga lo que le dé la gana: ambos están sujetos a las leyes y normas procesales escritas y estrictas, pero sucede que nunca faltan diferendos de criterios ni amarres de navajas, porque a la delincuencia no le conviene que exista armonía entre la Fiscalía General y el Tribunal, y entonces los intereses entran en conflicto.
Peleas en la cumbre del Olimpo burocrático donde parecen no darse cuenta de que los del pueblo sí nos damos cuenta.
De pronto se le cae el teatrito a un diputado y salen a la luz sus negros trapitos sucios, al grado que por el escándalo en medios la Fiscalía no puede hacerse desentendida y la obligan a iniciar carpeta de investigación averiguando los presumibles delitos en que supuestamente incurrió el legislador, tachado de nexos con un mafioso famoso y hasta de contubernios para asesinatos.
El equipo de Olea Peláez hace lo propio y determina que si hay elementos suficientes para al menos consignar el expediente, sin detenido, porque goza de la inmunidad del fuero.
El equipo de Robespierre Robles acepta la consignación y una jueza libera orden de aprehensión contra el personaje en entredicho, que goza del privilegio de que para ser sujeto a proceso primero necesitan desaforarlo, y esa es otra historia, donde sus colegas diputados lo encubrirán.
A nadie de los cuarenta y tantos consentidos “legisladores” le interesa perder inmunidad para disfrutar impunidad en caso de andar en malos pasos, entonces se impone la solidaridad y todos a proteger al ‘compa’, así se digan horrores.
En el fondo asqueroso del lodazal de contubernios posibles entre diputados que apadrinan cartelitos regionales, está el meollo de la vergonzosa situación.
No es en vano que se opongan férreamente a renunciar al fuero y tampoco acepten reformar la ley para que el delito de extorsión se califique como grave, por más brincos que peguen Ricardo Mejía Berdeja y Magdalena Camacho, del partido Movimiento Ciudadano, del que no hay referencias todavía de que apadrinen narcos regionales, como sí del tricolor y el amarillo.
El caso es que en el asuntito del villano de la película, de apellido Beltrán, ni para atrás ni para adelante, y dilatan decidir si le quitan o no el fuero que lo protege de lo que el Ministerio Público lo acusó y una juez dio por bueno solicitando su aprehensión.
En el inter el amarre de navajas entre Olea y Robles se calienta y pone incómodo para el gobernador Astudillo que no debiera engancharse en asuntos fuera de su estricta competencia.
De pronto salen versiones de que al MP le dieron dinero por fastidiar al diputado y que a la jueza la amenazaron para que aceptara librar orden de aprehensión. ¡UFFF!, ¿a quién creerle entonces?
Si se trata de rivalidades entre cartelitos, casi se adivina que alguien tiene los días contados, aunque crea garantizada su libertad con inmunidad e impunidad, pues a los karmas nadie se escapa.
El fuero no es blindaje contra emboscadas y atentados. ¿Por qué les resulta tan difícil entenderlo a los poderosos en Guerrero, donde con extrema facilidad se asesinan personas a precios módicos?
Personalmente supongo que ni Javier Olea dio instrucciones al MP, ni Robespierre Robles a la jueza, porque ambos dicen y deben ser respetuosos de la autonomía de criterio de los subordinados, pero por vía de mientras debieran solicitar medidas cautelares para sus empleados involucrados en el caso, donde hasta periodistas metiches asesinan.
-¡Tilín, tilín!- Suena la campanita escolar.
-Maestra Pizarrina, ¿ya se pusieron de acuerdo los líderes disidentes para el reparto del botín de la insurgencia magisterial con que chantajean al gobierno?
-¡Shhhh… cábrense cayones chamacos! de ese tema yo mejor chitón perrito, pregúntenme de cualquier otra cosa.
-¿Quién cree que ganaría una pelea sobre el ring entre el magistrado Robespierre Robles y el fiscal Javier Olea?
-Ujule, pudiera ser empate técnico en knock out, ni a cual irle.