* El diputado compareció ayer ante la Comisión Instructora del Congreso del Estado y presentó sus alegatos en el marco del juicio de procedencia que la FGE solicitó para que le retiren el fuero
Alondra García / Fernando Hernández
El diputado priísta Saúl Beltrán Orozco compareció ayer ante la Comisión Instructora del Congreso de Guerrero, donde además de declararse inocente del delito de homicidio calificado por el que existe una orden de aprehensión en su contra, acusó que la Fiscalía General del Estado violó su derecho a tener un debido proceso, al solicitar una orden de aprehensión en su contra antes de solicitar su desafuero como legislador, y el Poder Judicial hizo lo propio al librar esa orden.
El legislador entregó por escrito sus alegatos de defensa en el juicio de desafuero que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE) para poder ejercer acción penal en su contra.
De acuerdo con un comunicado emitido por Comunicación Social del Congreso del Estado, Beltrán Orozco expuso ante sus colegas diputados que “en ningún momento ha pretendido esconderse ni lo hará, pues es inocente”.
El legislador aseguró que la acusación de la Fiscalía es “ilegal” y denunció que “está plagada de inconsistencias y contradicciones entre los testigos de cargo aportados por el agente del Ministerio Público”.
Según el comunicado, Beltrán Orozco insistió en que la orden de aprehensión emitida en su contra “está viciada de origen, viola sus derechos humanos y el principio de estricta aplicación de la ley penal”.
Argumentó que la orden de aprehensión se otorgó sin cumplir los requisitos de procedibilidad que ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de esta entidad.
El diputado priísta también alegó violaciones de su derecho a un debido proceso y de audiencia, cometidas por la Fiscalía General del Estado.
“Vengo a dar contestación a la vista que me hace esta H. Comisión Instructora mediante oficio HCE/2DO/LXI/CI/DP/124/2017 de fecha 16 de febrero de 2017”, indicó Saúl Beltrán Orozco por escrito.
“Respecto a los hechos que indebidamente se me imputan, manifiesto que son falsos, inexactos, carentes de contexto y sobre todo, fuera del ámbito penal”, alegó el legislador en el documento.
El escrito señala que “no procede la solicitud de suspensión de la inmunidad presentada por la Fiscalía General del Estado, de fecha 1 de febrero de 2017, por ser ilegal y contraria a las más elementales disposiciones jurídicas de nuestro país, pues lo que pretende es que esta autoridad a la que respetuosamente me dirijo y el H. Congreso del Estado convaliden actos no solamente ilegales sino delictivos perpetrados tanto por el C. Agente del Ministerio Público que ejercita la acción penal como por el Juez de Primera Instancia que libra la orden de aprehensión como claramente quedará demostrado”.
Beltrán Orozco indicó a sus colegas que la Fiscalía violó el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, pues la norma establece que, para ejercitar la responsabilidad penal de los servidores públicos con inmunidad constitucional, se requerirá agotar previamente la Declaración de Procedencia ante el Congreso del Estado.
“No sólo se ejercitó la acción penal en mi contra sin solicitar la suspensión de la inmunidad de la que gozo, sino que además se libró la orden de aprehensión por parte de la autoridad judicial y ahora se pretende que ante este cúmulo de actos inconstitucionales e ilegales sea el Honorable Congreso del Estado el que convalide estos actos y ordene la suspensión de mi inmunidad a sabiendas que es totalmente improcedente”, argumentó.
Beltrán Orozco insistió en el documento en que la Fiscalía General estaba obligada a respetar su derecho de audiencia antes de que ejercitara la acción penal.
Aseguró que, de haberse llevado el protocolo, habría comparecido de inmediato ante el agente del Ministerio Público para coadyuvar en las investigaciones sobre la desaparición y presunto homicidio de José Antonio Ceferino Gil, trabajador del municipio de San Miguel Totolapan.
“Apenas en sesión de fecha ocho de febrero del presente año me enteré que existió una averiguación previa en mi contra, y sorpresa mayor, que fue consignada y librada una orden de aprehensión en mi contra, violentando flagrantemente mi derecho de audiencia y debido proceso”, expuso el legislador priísta.
Por ello, pidió al Congreso de Guerrero que se otorgue un “término prudente” para ejercer su derecho de defensa y audiencia, con el objetivo de aportar pruebas que demuestra que “no participó y mucho menos es autor” del delito que se le imputa.
Añadió que la orden de aprehensión en su contra vulnera sus derechos de audiencia, legalidad y exacta aplicación de la ley, consagradas en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal.
Respecto a las declaraciones de los supuestos testigos del homicidio, de nombres José Zeferino Vergara, Joel Zeferino Gil y Yumady Zeferino Gil, padre y hermanos de la víctima, aseguró que “tienen incongruencias”.
“No resulta contundente que hayan actuado por haber presenciado un ilícito, no pueden robustecer el dicho entre ellos respecto del evento denunciado (…), de su propia declaración no aportan elementos contundente para acreditar mi supuesto actuar, por ende, deberá restringírseles todo valor probatorio en cuanto a lo por ellos declarado, no debiendo tomarse en consideración para concatenarse y robustecer con probanza alguna, respecto del supuesto ilícito que en su momento dio inicio a la indagatoria y por ende a la causa penal y ahora la declaratoria de procedencia”, alegó Beltrán Orozco en su defensa.
Entre las pruebas que legislador anunció que serán desahogadas ante la Comisión Instructora destacan las testimoniales del agente del Ministerio Público que ejercitó la acción penal y la del juez que concedió la orden de aprehensión, así como las documentales públicas consistentes en la averiguación previa y la causa penal correspondientes.
La comparecencia de Saúl Beltrán Orozco se desarrolló a puerta cerrada y tuvo una duración de apenas 10 minutos. Únicamente ingresaron él, su abogado y los integrantes de la Comisión Instructora.
El abogado informó a los reporteros que Beltrán Orozco no daría entrevistas, por lo que abordaron la camioneta Jeep Cherokee gris en la que llegaron y se retiraron del lugar.
Sin embargo, el legislador alcanzó a expresar algunos comentarios respecto a su presencia en el Congreso
– Pues vine y ya lo entregué, dijo Beltrán Orozco respecto a su carpeta de alegatos.
– ¿Qué les dijo a los diputados?, se le preguntó.
– Nada, solamente les di las gracias por otorgarme la oportunidad de aportar mis elementos. Nada más.
– ¿Es usted inocente?
– Pues ahí se verá, ellos determinarán, alcanzó a responder mientras abría la puerta trasera de la camioneta gris.
En ese momento, su representante legal interrumpió los cuestionamientos de los reporteros. “No dará entrevistas, quizá después enviemos un comunicado”, argumentó.
Se preguntó el nombre del abogado, pero este guardó silencio, cerró la puerta del copiloto y dio la indicación para que la unidad se pusiera en marcha.
La comparecencia del diputado priísta Saúl Beltrán Orozco ocurrió a sólo cuatro días de que venza el término constitucional para que se determine si procede o no el desafuero solicitado en su contra.
Beltrán Orozco fue alcalde del municipio de San Miguel Totolapan y es compadre de Raybel Jacobo De Almonte, alias ‘El Tequilero’, líder del grupo delictivo ‘Los Tequileros’, uno de los capos más buscados en la entidad.
Actualmente enfrenta una orden de aprehensión concedida por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Antonio Zeferino Gil.
En el primer piso del edificio que alberga al Poder Legislativo de Guerrero existe una oficina con el nombre del representante del XVII distrito electoral local, ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero.