* El legislador aseguró que aparte de su sueldo, que es de 70 mil pesos mensuales con impuestos, los legisladores no reciben otras prestaciones o bonificaciones

 

Fernando Hernández

 

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Héctor Vicario Castrejón, indicó que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México están a favor de la reducción de un 20 por ciento de la dieta mensual que reciben los legisladores de Guerrero.

El diputado confirmó que luego de que el gobernador Héctor Astudillo Flores adelantó que el domingo presentará un plan de austeridad gubernamental para hacer frente a los efectos del aumento a los precios de los combustibles, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, el Congreso de Guerrero se sumará a esa estrategia de ahorro que se espera integre a los tres poderes públicos en la entidad.

Tras una reunión en la que estuvieron presentes diputados de ambas fracciones parlamentarias, el político originario de Chaucingo precisó que entre las medidas de ahorro destaca la propuesta de una reducción de salarial, así como una disminución en los gastos de insumos y materiales.

Vicario dijo que el salario que percibe un diputado local sin impuestos es de 50 mil pesos, y con estos es de 70 mil pesos, y rechazó que los legisladores locales perciban algún tipo de bonificación especial o discrecional aparte de su salario.

Agregó que en la reunión se alcanzó el acuerdo de implementar medidas de ahorro en uso de los servicios telefónicos, así como de energía eléctrica e incluso dijo que se modificará el horario de trabajo en el Poder Legislativo, de 9:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, para optimizar los recursos.

En la sesión del pasado 18 de enero, los legisladores del PRI y del PRD chocaron por una propuesta de reducción de la dieta mensual que reciben los legisladores.

La iniciativa de punto de acuerdo la había presentado el diputado perredista Sebastián De la Rosa Peláez y fue rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado que asistieron a los trabajos.

En su propuesta, De la Rosa pedía a los tres poderes del estado, organismos públicos descentralizados, autónomos y los ayuntamientos “que a la brevedad se implementen en cada una de sus instancias y entidades, programas de revisión, evaluación y reestructuración administrativa, destinados a enfrentar el impacto en la prestación de los servicios públicos derivado del aumento del precio de los combustibles”.