* Una pugna añeja entre jueces y MP’s
* Malas integraciones de carpetas, el tema
* Sistema de Justicia Penal no es culpable
Jorge VALDEZ REYCEN
Desde finales de la década de los 70’s la pugna entre jueces de primera instancia en materia penal con agentes del Ministerio Público han sido frontales por la mala integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, que muchas de las veces obliga a dejar en libertad a probables responsables de ilícitos de alto impacto.
No se trata de un pleito, ni de conflicto de intereses, sino de fallas sensibles en la integración de expedientes ministeriales que cuando llegan ante los juzgados con errores se obliga a emitir fallos de la autoridad jurisdiccional a favor de delincuentes. Y entonces surge la duda y la desconfianza de la sociedad.
Históricamente los jueces siempre han ejercido una especie de “jettatura” sobre el Ministerio Público, a quien menosprecian en su capacidad jurídica y hasta han puesto en tela de juicio el papel del representante social.
Consultado al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, corroboró lo anteriormente expuesto líneas arriba. Y es que la cadena de custodia en la procuración e impartición de justicia es la que más sensiblemente ha sido expuesta a la corrosiva desconfianza social en sus autoridades, al grado de vivirse una profunda crisis de confianza y credibilidad.
La implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio ha puesto al desnudo casos donde delincuentes capturados, incluso en flagrancia, pueden enfrentar un proceso en libertad y seguir en su carrera delictiva con impunidad, con el gravísimo daño a la percepción ciudadana de que a las víctimas del delito no les importan las cadenas, ni los pleitos añejos o las malas integraciones de carpetas de investigación.
Lo que quieren es justicia, punto.
Ante este fenómeno complejo, han emergido casos en las figuras de “justicieros anónimos” que han ultimado a delincuentes. Esto es lo preocupante –en teoría, porque parece no inquietar a nadie en el TSJ, ni en la Fiscalía General— que haya ciudadanos armados que se autoproclaman defensas civiles, grupos armados, que usurpan las funciones definidas en la procuración e impartición de justicia.
Es el tema de la justicia el gran asunto pendiente en los gobiernos. La terrible inseguridad, propiciada por la mala estrategia de prevención del delito y corrupción del aparato policiaco, está íntimamente relacionada con el ejercicio de aplicar la ley e impartir justicia. No se puede entender una sin la otra.
La gente común y corriente que no tiene conocimientos legales imputa a toda la estructura de impartición y procuración de justicia la ausencia y omisión de que delincuentes no sean persuadidos, ni rehabilitados en los centros penitenciarios, por la comisión de ilícitos patrimoniales, homicidios dolosos, privaciones de la libertad en sus diferentes modalidades de secuestro y otros de alto impacto social. Al contrario, señalan que las cárceles son universidades de delincuentes.
Todo ese universo es lo que atañe ahora resolver, no sin antes evitarse lanzar culpas, justificaciones y acusaciones.
Recuerdo una anécdota: en el año 1978, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Araujo Hernández, sostuvo una agria conversación telefónica con el procurador de Justicia, Carlos Ulises Acosta Víquez, en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.
En el clímax de los insultos por un incidente entre un juez con un agente del Ministerio Público, Araujo Hernández le dijo a Acosta Víquez, frente al reportero:
–Ahorita me lo vas a sostener en mi cara –y azotó el auricular.
A grandes zancadas cruzó la plaza cívica y subió al segundo piso del Palacio de Gobierno, donde estaba la PGJE. Llegó hasta el despacho y lo abrió violentamente.
–Ahora sí, vuelve a mentarme la madre… –retó Chucho Araujo a Acosta. Y enseguida desenfundó una .45 que llevaba en la cintura fajada.
–¡Jesús! ¿Qué vas a hacer? ¡Cálmate, por Dios! –se escuchó la voz del procurador y los escoltas cerraron la puerta. Ya no se supo qué pasó. Pero así se dirimían controversias entre dos altos funcionarios del gobierno.
Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.