Dos años se cumplen hoy de la muerte y desaparición de los normalistas.— Gobernador Astudillo mantiene su apoyo a los padres para continuar con la búsqueda.— PGR y organismos internacionales han investigado sin lograr una conclusión válida.—Dos gobiernos del PRD culpables, por omisión y por acción criminal
Enrique Vargas
El 26 de septiembre en la tarde-noche se dieron las primeras acciones que llevaron a la muerte de 3 normalistas en Iguala y la desaparición de otros 43, que se supone fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan, según la versión más completa de esos acontecimientos, que rechazan los padres y organismos internacionales, cuya tarea ha sido negar todo lo que la PGR propuso como verdad de los hechos, pero sin que hasta ahora hayan podido aportar alguna otra versión o sugerir líneas de investigación o indicios ciertos que permitan tomar la punta de la madeja para desenredar esa maraña de datos que nos permitan alcanzar una versión que satisfaga a la mayor parte de los que se alguna manera están involucrados en este hecho terrible de graves consecuencias sociales.
¿Por qué ha sido tan difícil alcanzar conclusiones que permitan llegar al fondo de todo lo que ocurrió en Iguala hace 2 años?
¿Hay fuerzas o intereses tras de lo ocurrido a los normalistas que impidan esclarecer los hechos, hasta el grado de que jamás se sabrá qué fue lo que realmente ocurrió esa noche y madrugada de los días 26-27 en la norteña ciudad guerrerense?
No puede simplemente decirse que el gobierno, así, en una amplia generalización, no quiere que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido en esas 24 horas, aunque todo indica que el gobierno se mantuvo al margen.
Los normalistas fueron llevados a la ciudad tamarindera, supuestamente a secuestrar autobuses con la intención de viajar a la ahora Ciudad de México, para conmemorar un aniversario más de otra tragedia, la del 2 de octubre, ocurrida también contra estudiantes, aunque en ese caso sí fue el gobierno el que decidió ejecutar a los manifestantes, supuestamente para “salvar” los juegos olímpicos que se iniciarían unos días después.
El día 26 de septiembre de 2014, el gobierno no intervino para contener a los normalistas, como no lo hace casi nunca, pero nadie previó que se encontrarían con los integrantes de un cártel del narcotráfico, “Guerreros Unidos”, que supusieron que los llegados eran integrantes del grupo rival “Los Rojos”, asentado en Chilpancingo, que iban con la intención de adueñarse de la plaza, por lo cual los combatieron con fiereza y decidieron eliminarlos.
Aquí la intervención del gobierno se dio por parte del de Iguala, encabezado por José Luis Abarca y su mujer María de los Ángeles, quienes tenían una estrecha relación con el grupo delincuencial.
Mientras, el gobierno estatal no parecía enterarse de lo que estaba ocurriendo hasta que se destapó el tamaño del problema.
El Ejército, como en todos los casos estuvo pendiente de lo que ocurría y tomó nota de los hechos, como una parte de su responsabilidad de estar enterado de lo que ocurre en la ciudad donde están atentados, para informar hacia arriba a los mandos superiores, no para intervenir, aunque puede hacerlo si recibe instrucciones en ese sentido.
Todos los gobiernos tardaron en reaccionar, porque no se sabía inicialmente si los normalistas estaban vivos o si habían huido, como sucedió con muchos de ellos y de hecho no se conocía el tamaño de la tragedia, hasta que los mismos normalistas empezaron a hacer el conteo de sus compañeros y de hecho se habló primero de entre 50 y 60 desparecidos, pero empezaron a presentarse y el número quedó en 43.
La PGR actuó con celeridad y presentó su “verdad histórica”, con más de 100 detenidos, entre policías cómplices y sicarios que intervinieron en los hechos, quienes aseguraron que “levantaron” a los estudiantes en Iguala y se los llevaron a Cocula, donde los asesinaron, a los que todavía llegaron con vida, y decidieron quemarlos para borrar rastro de los cuerpos.
Después nadie quiso aceptar esta versión, porque insistían en que “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y los “especialistas” ayudaron a destruir esa conclusión de la Procuraduría, pero hasta ahora nadie ha presentado otra versión de qué fue lo que les ocurrió a esos muchachos que fueron llevados equivocadamente a Iguala, sin darse cuenta, supuestamente, de que los llevaban al matadero.
Como nadie quiere la versión oficial, puede decirse que este caso está “en ceros” y a 2 años, lo que definitivamente no es aceptable, pero así es.
GOBERNADOR ASTUDILLO MANTIENE SU APOYO A LOS PADRES PARA CONTINUAR CON LA BÚSQUEDA.— El gobernador Héctor Astudillo ha sido más que tolerante con las manifestaciones por el caso Ayotzinapa, porque entiende la tragedia de los padres y hasta les ofrece su respaldo, como lo hizo ahora, cuando surge la versión de que hay 40 sitios, tal vez fosas clandestinas, donde podrían estar cuerpos de los desaparecidos, por lo que dijo a los padres que los apoyará en lo que se requiera para que se investiguen esos sitios que surgen, aparentemente, de nuevas investigaciones.
Insiste en que es necesario llegar a una conclusión que satisfaga a los padres de los normalistas desaparecidos y “que se haga lo que se tenga que hacer, para llegar a la verdad de lo que sucedió”.
El mandatario no arriesga una hipótesis de lo ocurrido, pero asegura que mientras no hay una conclusión, para él “los normalistas siguen en calidad de desaparecidos”.
DOS GOBIERNOS DEL PRD CULPABLES, POR OMISIÓN Y POR ACCIÓN CRIMINAL.— Si quienes están en una parte del problema insisten en que el gobierno es culpable, habría que aceptarlo de forma parcial, porque dos gobiernos quedaron involucrados directamente en esos hechos, uno por omisión, que sería el caso del estatal, y otro por complicidad o acción criminal, como el municipal de Iguala, con el alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles, quien ya empezaba con su campaña para promoverse como la siguiente presidenta municipal.
Estos serían los dos gobiernos directamente involucrados, pero no existen evidencias que responsabilicen al gobierno federal, cuyo problema fue que ignoró ese asunto por varias semanas, por parte del Poder Ejecutivo, que tardó en intervenir directamente para tratar de buscarle una solución a tan grave acontecimiento.
Por eso, en un principio nadie culpó al gobierno de la República, pero no tardaron los interesados en señalarlo como culpable de todo lo ocurrido, lo que definitivamente surge con versiones muy estructuradas con mala intención política, sin bases ni pruebas válidas.
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