Isidro Bautista
El problema de la inseguridad, definitivamente, no se acabará en un abrir y cerrar de ojos.
Ni con Fox ni con Calderón, como presidentes, la violencia fue contenida. Fueron doce años de guerra antinarco. Peña Nieto va para cuatro años de gestiones, y el clima de terror continúa, a pesar de sus ofrecimientos de combatirlo.
A lo mejor pasarán años y más años, y las cosas se mantendrán igual. Es enorme la corrupción. Han encarcelado lo mismo a alcaldes, funcionarios y policías que a marinos y militares de todos los niveles, por estar coludidos; hasta ex gobernadores han sido llevados a juicio.
El asunto es tan completo que se requiere de un plazo largo para ver los resultados favorables. Es muchísimo el dinero que está en juego, por cuya tentación cae infinidad de mortales.
El gobierno federal tiene más facultades legales para atacarlo que el de los estados, a los que sólo les corresponde básicamente su prevención.
No debe pensarse que Guerrero, con Héctor Astudillo como gobernador, de la noche a la mañana el escenario dejaría de teñirse de sangre. Su frase de campaña de Un Guerrero con orden y paz no debió haberse interpretado necesariamente que de un plumazo acabaría con la violencia, sino que el orden y la paz constituirían su meta principal.
Lo demostró así desde el primer día de su mandato, al reunirse con el gabinete federal de seguridad. Ni Ángel Aguirre Rivero ni Rogelio Ortega Martínez se han entrevistado, como titulares del Ejecutivo guerrerense, con sus integrantes como el ex presidente municipal de Chilpancingo.
Se ve a un gobernador hacer lo que le corresponde ante un monstruo inmenso en que está convertido el crimen organizado, con garras por todos lados.
Si se hace una revisión, se notará que con su Fiscalía General, concretamente con Javier Olea Peláez al frente, ha asestado varios golpes a esa mafia, como se apreció también —hay que reconocerlo— con Iñaki Blanco Cabrera, entonces como procurador general de Justicia en el gobierno de Ángel Aguirre.
Si se le observara cruzado de brazos ante esta situación habría que hacerle reclamos como los de este martes en el seno del Congreso del Estado, cuando la fracción parlamentaria del PRD pidió la comparecencia de los secretarios general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, sin lograr su propósito.
Es muy seguro que por una rabia desmedida, ante el encarcelamiento del cabecilla fuerte de uno de los cárteles del crimen, se haya llegado al grado de colocar los nombres del fiscal, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles, y del propio gobernador en el mensaje hallado esta semana en Acapulco. También la delincuencia recurre, en algunos casos, a los golpes mediáticos para lograr sus propósitos.
Está bien que el PRD o los demás partidos exijan cuentas, pero cuando sea meritorio, no para atraer los reflectores.
Y ojalá comenzaran con sus alcaldes, igual que el PRI o el PAN, etcétera, con los suyos, porque no hay lugar a dudas de que como José Luis Abarca, de Iguala, los hay en las siete regiones del estado de todos los colores. isidro_bautista@hotmail.com