* Los integrantes del FUSDEG están involucrando a sus familiares en delitos como secuestro y robo, pero mediante tortura los obligan a confesar que son culpables, denuncia la señora Josefa García González
REDACCIÓN
El Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) exigió el pago de 50 mil pesos por cada uno de las cinco personas detenidas para dejarlos en libertad, y que además, han sido torturados, denunciaron familiares.
La señora Josefa García González, vecina de El Ocotito, presentó una denuncia en contra de integrantes del FUSDEG por privación de la libertad, lesiones y tortura contra las cinco personas retenidas, a quienes, dijo, detuvieron sin justificación y les achacan delitos como secuestro y robo.
Además, aclaró que no han sido liberados como declaró el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, la noche del jueves.
En entrevista, indicó que la denuncia la presentó el jueves y este viernes la ratificó ante la Fiscalía General del Estado, por los hechos ocurridos el miércoles 22 de junio, cuando a su hijo Diego Irving Ramírez García y a su nuera María Guadalupe Faustino Pastor, ambos de 22 años de edad, fueron sustraídos del mercado de El Ocotito por elementos de la Policía Comunitaria del FUSDEG.
Ese mismo día, como a las 2 de la tarde, también fueron detenidos en el campo su hermano Santiago García González, de 30 años, Manuel Luna Fuentes, de 24 años y Elpidio Luna Fuentes, de 16 años, cuando se encontraban en actividades de cacería.
Dijo que los integrantes del FUSDEG están involucrando a sus familiares en delitos como secuestro y robo, pero mediante tortura para hacerlos confesar que son culpables.
“Además, están amenazando que si ellos hablan me van a matar a mí o a integrantes de mi familia. De hecho, hoy tuve que sacar a cuatro integrantes más de mi familia fuera del estado por miedo a represalias, a que les hagan algo, son mis hijos menores y dos hermanos menores de edad”, señaló.
Mencionó que el jueves fue liberada su nuera, después de que les advirtió que está embarazada y su embarazo es de alto riesgo, “la liberaron pero en su lugar tomaron a Miguel Ángel Ramírez Navarrete, es padre de mis hijos”.
“Ellos, a su conveniencia y a su antojo ya declararon que Miguel Ángel es el jefe de la banda y mi hijo Diego es el que tortura, ya los tienen ahí, y los demás no sé qué hacen dentro de la banda, pero ellos a su conveniencia ya formaron la banda”, agregó.
Josefa García responsabilizó a los coordinadores del FUSDEG en El Ocotito: Salvador Alanís Trujillo, Silvestre Plancarte Mondragón, Odón Rodríguez Mendoza, Luis Alberto Nava Chavelas, Andrés Casarrubias alias ‘El Cholo’, a quienes señala de haber golpeado y torturado a sus familiares.
“Los hago responsables directos a todos ellos, porque son los que dan las órdenes a los demás de que hagan las detenciones y de que ejerzan tortura y todo lo que les están haciendo (a mis familiares). Los hago responsables de lo que les pueda pasar a cualquier integrante de mi familia o a mi persona”, expresó.
Dijo que entre las irregularidades de los integrantes del FUSDEG en las acusaciones contra sus familiares, se encuentra el que los hayan señalado de haberse metido a robar a una vivienda que resultó ser propiedad de una señora de su familia, quien aclaró que los señalados no habían tenido que ver en el robo.
Tampoco han podido probar ninguna acusación cuando los señalan de ser secuestradores.
“No dicen contra quien, dicen que tienen pruebas pero no presentan nada; les pregunté si tenían pruebas o una persona que los acusara directamente, primero dijeron que tenían fotos y después que había unos videos pero no han mostrado nada”, agregó.
Incluso, dijo que logró ver la bitácora del FUSDEG y leyó que no tenían un reporte de que su hijo Diego Irving estuviera cometiendo algún ilícito, pero se lo llevaron “dijeron que por órdenes de arriba”.
Además, a los demás detenidos se les señalaba en la bitácora de que estaban portando armas, pero eran de calibre .22, usado en actividades de cacería pero no son propias del crimen organizado.
La señora Josefa García afirmó que su familia no tiene ningún vínculo criminal, de lo que puede dar cuenta la gente de la comunidad y también en la Fiscalía General del Estado.
La denunciante rechazó que sus familiares hayan sido liberados, como declaró el jueves el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena,
“En el periódico decía el presidente Marco Antonio Leyva Mena que ya habían sido liberados el día de ayer, lo cual no es cierto, hasta el momento ellos siguen retenidos, encerrados y siendo torturados todavía, no dejan verlos, están incomunicados”, precisó.
Advirtió que está consciente de que por presentar la denuncia va a tener represalias del FUSDEG en contra de sus familiares detenidos.
“Me atrevo a denunciar porque ya estoy cansada, ya son varias veces, no es la primera vez que hacen esto. Dos veces anteriores ya detuvieron a mi hijo Diego Irving, no le comprobaron nada, lo dejaron salir, anteriormente también detuvieron a mi hija, a la que tuve que enviar a otra parte, le revisaron el celular, no le hicieron más porque no encontraron nada, a mi niño de 13 años ya lo tuvieron en su base hasta las 12 de la noche y el niño que tienen ahí no lo sueltan”, agregó.
A pregunta expresa, aclaró que no hay antecedentes de alguna rencilla entre familias que pueda explicar la saña con la que los dirigentes del FUSDEG han pretendido someter a su familia.
“No entiendo la verdad, será porque no los apoyamos o porque traen algo contra mí; porque con el hecho de haber declarado que me quieren matar, le dijeron a mi hijo que quieren 50 mil pesos para ocho días, y que si no los consiguen a mí me van a matar. Es algo muy fuerte, ¿por qué esa saña contra mí?”, cuestionó.
Hizo el llamado a las autoridades para que detengan las arbitrariedades del FUSDEG en contra de la población.
“Que apliquen la ley, creo que es justo, ya son muchas las averiguaciones que tienen en contra de ese movimiento, son muchas las agresiones cometidas, han violentado los derechos de muchas personas, ha habido muertes entre ellos mismos, ¿qué esperan, que maten a la familia completa?”, agregó.
Incluso, dijo que si los integrantes del FUSDEG quieren que ella se vaya junto con toda su familia, estaría dispuesta a hacerlo pero pide que liberen a sus familiares y no sigan torturándolos.
Sin embargo, el verdadero motivo de este plagio, señalan los familiares, habría sido parte de una estrategia de terror emprendida por el FUSDEG para atemorizar a los pobladores e imponer a Alberto Valenzo Reyes como nuevo comisario municipal.
El viernes 24 de junio, un visitador y un médico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) acudieron a la comandancia del FUSDEG en El Ocotito para constatar el estado físico de los cinco plagiados, ya que sus familiares informaron que fueron sometidos a diversas torturas y “estaban muy golpeados”.
Sin embargo, sin ninguna explicación el FUSDEG se negó a mostrar a los cinco detenidos, lo que elevó las sospechas de que efectivamente tenían huellas evidentes de tortura.
El grupo armado también se negó a liberarlos y dijo que sólo los entregaría a la Fiscalía General del Estado o en su caso, los juzgarían en una asamblea popular.
Sin embargo, esta organización armada carece de asamblea popular porque no se trata de una comunidad indígena regida por usos y costumbres ni está sustentada en la Ley 701 bajo las que se amparan las verdaderas policías comunitarias.
Por estos hechos, los familiares de las víctimas ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El propio alcalde Marco Antonio Leyva Mena ha encabezado las negociaciones para lograr la liberación de las cuatro víctimas. También ha participado el presidente de la CEDH, Ramón Navarrete Magdaleno.