Fernando Hernández
El ex alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez promovió un amparo en contra de una orden de aprehensión que le dictó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal con sede en la ciudad de Iguala, por los hechos del 26 de septiembre, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Fue el pasado 26 de mayo cuando el ex alcalde impulsado por la corriente perredista Nueva Izquierda (NI) promovió un amparo ante el Juzgado Quinto con sede en Iguala en contra de una de las órdenes de aprehensión que pesan en su contra tanto del orden federal como del fueron común por delitos como homicidio, secuestro, desaparición forzada y delincuencia organizada.
Actualmente José Luis Abarca se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, como hasta dónde se sabe, todavía se encuentra detenido el líder del cártel de “Los Rojos”, Leonor Nava Romero, “El Tigre”.
Abarca Velázquez interpuso el recurso jurídico para dejar sin efectos la orden de aprehensión el pasado 18 de mayo, mismo que fue archivado bajo la clave 120/2015-II-J que le fue liberada por que se le imputa el delito de homicidio en contra de seis personas que fueron privadas de la vida durante los hechos de sangre del 26 de septiembre del año 2014.
La orden de aprehensión dictada bajo la Causa Penal 217/2014-II se dictó en alcance tanto del ex alcalde de Iguala como en contra de 23 policías municipales tanto de Iguala como de Cocula al servicio del cártel de “Los Guerreros Unidos”, de que Abarca Velázquez formaba parte activa como uno de sus principales operadores políticos.
El pasado 10 de junio el Diario Oficial de la Federación público una nota firmada por el secretario del juzgado federal, Rubén Marroquín Serrano en la que llamaba a por lo menos 11 sobrevivientes de las masacres de Iguala cuyo domicilio se ignora a comparecer contra la demanda de amparo promovida por el ex alcalde identificado como uno de los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, además del asesinato del líder de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ-EZ), Arturo Hernández Cardona.