ROMÁN IBARRA
Uno de los movimientos sociales que mejor permiten entender las visiones existentes sobre el país, es el del magisterio.
Por un lado se tiene la posición del gobierno federal que se ha propuesto aplicar la Ley General del servicio profesional docente, cuyo contenido representa el proyecto político del actual gobierno federal, de someter al magisterio y controlar la educación, cancelar la relación laboral, estableciendo una administrativa, obligar a la evaluación bajo amenaza de despido, establecer la autonomía de gestión de las escuelas públicas con el fin de descargar del gobierno la responsabilidad de atender las necesidades materiales de las escuelas. Esa ley viola el artículo 14 Constitucional, al aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de los maestros que estaban trabajando antes de esa ley.
Desde luego que ese propósito lo camuflan con el discurso de que con ese modelo garantizan una adecuación de calidad, lo cual es falso y se termina con los “privilegios” de la venta de plazas que tenían los maestros antes de la reforma, aspecto que no es cierto ya que ese “derecho” nunca estuvo en ninguna ley. En todo caso los privilegios existen para los gobernantes con sus lujos y salarios de primer mundo en un país que no tiene esa condición.
Por otra, está la postura de la disidencia magisterial organizada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y su extensión en Guerrero, la Coordinadora estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), cuyo argumento central es que la mal llamada reforma educativa es punitiva y privatizadora de la educación, motivo por el que plantean su abrogación.
En lo personal he dado seguimiento a este tema desde que se discutió en el Congreso Federal el paquete de leyes educativas que incluyó una reforma al artículo 3 y 73 Constitucional y las dos leyes educativas derivadas de ello.
Como las leyes en cuestión forman parte del proyecto político del gobierno, este ha diseñado una estrategia de convencimiento a la sociedad, vía medios de comunicación, de que su posición es la correcta, descalificando la de los maestros y procediendo en su contra a través de despidos, descuentos y órdenes de aprehensión a algunos de sus dirigentes.
Los maestros por su parte, han dado la lucha con la movilización y la impugnación mediante amparos contra las leyes educativas, promoviendo más de 600, en el año 2013, los cuales por cierto ya se resolvieron negándoseles el amparo desde el mes de junio del año pasado, a pesar de tener la razón, quedando con ello en desventaja, ya que con ese motivo, si promueven hoy ese juicio, se los van a negar, lo cual demuestra que los ministros de la corte se conducen como parte de la mafia del poder.
Desafortunadamente los maestros no han diseñado una estrategia de medios orientada a convencer a la sociedad de la justeza de su postura. Al contrario, con sus prácticas políticas solo han conseguido disminuir el apoyo popular; lo cual se agrava en Guerrero con la división en dos grupos.
Considero que el movimiento magisterial tiene la suficiente inteligencia para no dar lugar al despido masivo que quiere hacer el gobierno federal, lo cual por cierto ya están demostrando al no faltar a su trabajo las veces que darían lugar al despido.
Hay que tener claro que los funcionarios del gobierno federal y los ministros de la Corte, se conducen como mafia, así lo refleja la actividad de estos al negar los amparos contra la Ley General del Servicio Profesional Docente, a pesar de que ésta viola el principio de no retroactividad de las leyes.
Creo que en las actuales circunstancias solo les queda a los maestros la lucha política y en ese terreno debieron aprovechar mejor su fuerza convirtiéndose en partido político o incorporándose al que mejor se acerque a sus posiciones, como ya ha sucedido con algunos de sus compañeros al hacer una alianza de facto con el partido Morena.