Temas cotidianos

 

Félix J. López Romero

 

La Iglesia católica regresa al campo de la política

 

La expedición de las Leyes de Reforma llevadas a cabo por el presidente Benito Juárez, le quitaron a la iglesia católica la posibilidad de participar en la vida política del país, para ejercer su apostolado dentro de los recintos levantados para esa actividad espiritual. El levantamiento características no tuvo otro propósito, que liberar a los pastores del catolicismo, para que pudieran ejercer sus tareas sin más ataduras que la propia ley le había puesto.

Reformas a la Constitución llevadas a cabo, en el curso del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, han permitido al clero ganar la calle, para dar a conocer su postura en los asuntos más delicados del país, como por ejemplo mirar la necesidad de dialogar con los criminales, en un claro intento de acabar con la violencia, que tiene prácticamente ahogada a la sociedad.

Quien está solicitando esto es nada menos que el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, quien dejó en claro que la negociación que podría darse, no tiene la intención de concederles privilegios a los grupos delincuenciales, sino un diálogo que conduzca a la disminución de problemas surgidos por la inseguridad.

Como es suficientemente conocido, los integrantes del Congreso de la Unión pondrán en el tapete de las discusiones, la posibilidad de liberar la marihuana cuando se utilice para fines medicinales; los agricultores sierreños desean también lo sea el cultivo de la amapola, supuestamente para mejorar sus condiciones de vida.

Mientras se decide en los altos círculos políticos, el destino de las drogas, su comercio continúa incesante como es fácil advertir.

 

Desactivan el paro

 

El paro de labores que policías estatales habían convocado, entre otras cosas para lograr un aumento salarial y otras prestaciones, concluyó a escasas horas de haber sido anunciado, por la intervención directa del gobernador Héctor Astudillo Flores, al poco de haberse iniciado un diálogo entre las partes. Enseguida de escuchar las exigencias de los uniformados, el jefe político estatal, les manifestó en tono cordial que no deben mirarlo como enemigo, sino como un aliado que está pendiente de sus necesidades.

La suspensión de actividades según los policías, se debió a lo riesgoso de su tarea, por lo cual exigieron un incremento en el seguro de vida que tienen, el cual es de 750 mil pesos, que será en el futuro de un millón, según acuerdo con el mandatario; también lograron otros beneficios que empezarán a correr de manera inmediata.

La alta violencia que vive la entidad, fue el detonante para el paro laboral el que fue atendido con rapidez y resuelto en consecuencia.

Cualquier servidor público tiene derecho a tener mejores condiciones de vida; lo reprobables es que se busque violando la ley, sobre todo en el caso de los guardianes del orden público, cuya misión es riesgosa y delicada.

La rápida intervención del gobernador en el presente caso, ocasionó que el paro policíaco solo fuera de escasas horas; por su parte quienes forman parte del equipo de seguridad, antes de suspender labores de manera unilateral, deben platicas con las autoridades, teniendo de tal manera la posibilidad de no dejar desprotegida a la población, precisamente en estos momentos en donde el crimen organizado es una amenaza social.