* El gobernador Héctor Astudillo visitó ayer las instalaciones del C-4 en Chilpancingo, donde aclaró que los militares sólo estarán seis meses y una vez que el personal que laboraba ahí pase los exámenes de confianza, podrán regresar a su trabajo

 

* Sobre la petición de médicos y enfermeras de que las personas heridas de bala sean atendidas en hospitales militares, aseguró que los nosocomios más grandes de la entidad están resguardados por policías y soldados, lo que calificó como la respuesta del Estado a la solicitud

 

 

Jesús Saavedra / Redacción

 

En una visita al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Chilpancingo para conocer cómo lo están operando los elementos del Ejército, el gobernador Héctor Astudillo Flores recalcó ayer que los militares sólo estarán seis meses y luego que el personal que laboraba ahí pase los exámenes de confianza que se les aplicará, podrán regresar a su trabajo.

Además, puntualizó que el objetivo de esta acción es mejorar el monitoreo de vigilancia en Chilpancingo, Iguala y Acapulco, el que se extenderá a Zihuatanejo y Chilapa.

El mandatario estatal acudió este martes a la sede del C4 que se ubica a un costado de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en esta capital a donde llegó acompañado del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y el comandante de la 35 zona militar, Raúl Gámez Segovia.

El gobernador Astudillo hizo un recorrido por las instalaciones del C4 y saludó a los soldados que se encuentran trabajando ahí desde el lunes pasado, y dijo que “mañana visitaremos el de Acapulco y posteriormente el de Iguala”.

Comentó que se hará un diagnóstico del número de cámaras adicionales que se necesitan para que los C4 de Chilpancingo y Acapulco mejoren su capacidad de respuesta ante los hechos de violencia e inseguridad,

Agregó que en los próximos meses se construirá el C-5 –que coordinará los tres C4 con los que cuenta el estado—, pero que además se prevé construir y poner en funcionamiento otros centros similares en Zihuatanejo y Chilapa, y “eso nos permitiría tener mayor conocimiento de lo que sucede”.

Explicó que visitó el centro para constatar la operación de los militares, pues “me interesa que funcione de la mejor manera”.

“Sé que hacen falta muchas cosas por hacer, pero creo que es un punto muy importante que vayan avanzando las acciones, que (…) vaya mejorando la seguridad pública, que se sepa, que se conozca que las personas que están trabajando aquí son elementos de la Defensa Nacional capacitados para esta tarea, no sólo para observar y actuar, sino también para contestar llamadas”.

Explicó que en el caso del C4 de Chilpancingo lo operaban 215 personas en tres turnos, que podrán regresar, “pero ya certificados”.

Sin precisar el número, dijo que hay monitores que no están trabajando en el C4 de la capital, los cuales tendrán que ser reparados, y anunció que se adquirirán a la brevedad posible las cámaras que hacen falta actualmente.

“El propósito es mejorar (el funcionamiento de) las cámaras; si hacen falta, que se arreglen, y que se haga un diagnóstico para que sepamos cuántas cámaras más necesitamos y a la voz de ya podamos colocar más cámaras y más monitores”, para poder tener mayor cobertura en el servicio de monitoreo y videovigilancia.

El gobernador Astudillo reiteró que la presencia de militares en esa tarea de vigilancia sólo será por seis meses, “es el acuerdo que convenimos y en esos seis meses nosotros tenemos que preparar a personal, fundamentalmente a los que ya estaban, y a más jóvenes, porque vamos a requerir más personal”.

Dijo estar de acuerdo con la propuesta de que el delito de extorsión sea de carácter federal y aseveró que los principales hospitales públicos del estado tienen vigilancia permanente para garantizar la seguridad.

Asimismo, señaló que los hospitales más grandes de la entidad están resguardados por policías y militares, lo que calificó como la respuesta del Estado a la petición de médicos y enfermeras de que las personas heridas de bala sean atendidas en hospitales militares, en un operativo de seguridad similar al que se hizo en 155 escuelas del municipio de Acapulco.

El pasado 28 de abril, médicos y enfermeras del sector Salud se manifestaron públicamente para exigir que los heridos de bala sean atendidos en hospitales militares debido al incremento de agresiones al personal, derivado del recrudecimiento de la violencia.

La demanda no fue sólo en Acapulco, sino en diversos municipios de Guerrero y creció en los últimos años al grado de que el exsecretario de salud, Lázaro Mazón Alonso, consideró hacer la propuesta de manera formal.

Sobre la propuesta, que consensuaron organizaciones civiles, barras de abogados, diputados y el alcalde de Acapulco Evodio Velázquez, para que la extorsión tenga una mayor penalidad en el Código Penal Federal, Astudillo señaló que es una propuesta que se trató en la última visita del Gabinete de Seguridad del gobierno federal en Acapulco, la cual calificó como buena.

“Es un asunto muy conveniente, que veo con simpatía”, dijo, pero aclaró que se tiene que ver de qué manera “se puede cuadrar legalmente” ya que, dijo, no puede existir una ley sólo para Guerrero, sino que tendría que establecerse en todo el país.