*La compra se hizo sin licitación pública de por medio y con ese equipo sólo se habrían intervenido tres líneas de celular
Fernando Hernández Ramos
En 2014, el gobierno del estado adquirió de manera irregular un sofisticado equipo de intervención telefónica que tuvo un costo de 17 millones 500 mil pesos, destinado supuestamente para fortalecer la Estrategia del Combate al Secuestro.
Sin embargo, ese año se recrudeció la escalada de violencia y aumentó el número de plagios, asesinatos, extorsiones, cobros de piso, que evidenciaron la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para hacerle frente a los grupos delictivos que operan en Guerrero.
El 2014 será recordado en los anales de la historia política del país debido a que quedó evidenciado el contubernio entre las autoridades y los grupos delictivos. Esta mezcla hizo crisis tras los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2015, que derivaron en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con la Cuenta Pública del año 2014, disponibles en internet, el gobierno de Guerrero incurrió en irregularidades al adquirir el software interceptor de comunicaciones.
La compra del equipo, revela la Auditoría con Enfoque de Desempeño: 14-A-12000-14-0790 que fiscalizó la operación de los recursos procedentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se llevó a cabo en medio de una turbia contratación que concluyó con una adjudicación directa, en la que no se fundó ni motivo “la excepción de la licitación pública nacional, por lo que no se acreditó que la adjudicación se realizó bajo criterios de economía, eficacia, imparcialidad, honradez, que garantizarán las mejores condiciones en el estado”.
Por lo anterior, el 27 de noviembre del año pasado la ASF solicitó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia iniciara un procedimiento administrativo en contra de quien resulte responsable, porque no se acreditó que la compra del equipo se haya hecho con apego a la Ley.
Mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pudo conocer que el software fue adquirido por la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces Procuraduría General de Justicia (PGJE) cuando el titular era Iñaky Blanco Cabrera.
De acuerdo con el documento titulado Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros del FASP, se conoció que se trata de un Software que tiene la función de Interceptor de Comunicaciones, Celular Hibrido UTM 3G con Direction Finding.
En el Padrón de Proveedores de la Secretaría de Finanzas correspondiente al año 2014, del que se tiene una copia, se constata que el gobierno del estado en ese año sólo había alguien registrado que podría vender un equipamiento como el que señala la ASF.
Se trata de Irma Bastar Murillo, quien está registrada en el padrón con la clave P-3156 y su giro comercial es el de la “comercialización de equipos de seguridad, alta tecnología, en equipos de espionaje y contraespionaje, equipos tácticos de intervención policiaca, uniformes, equipos de cómputo, chalecos tácticos y antibalas, armado y blindaje de patrullas, sistemas de seguridad, perimetral, sistemas de bloqueo celular”.
El pasado 3 de marzo, la FGE respondió por escrito a un cuestionario que hizo llegar a la dependencia un peticionario de información pública en el que se dio respuesta parcial a las intervenciones telefónicas realizadas en el año 2014.
En el oficio firmado por el director Jurídico de la Fiscalía se indica que:
Durante el año 2014 se hizo una solicitud de intervención telefónica ante un órgano jurisdiccional federal.
En ese ejercicio fiscal fueron intervenidas dos líneas telefónicas, pertenecientes a dos personas distintas.
En este orden de ideas, la Fiscalía puntualizó que procedió a una intervención telefónica sin la autorización de autoridades judiciales federales; esta, sin más detalles, se hizo en contra de una línea de la compañía: Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. (Telcel).
Para el 2015 por lo menos cuatro líneas telefónicas fueron intervenidas por la FGE del estado y de ellas sólo una fue solicitada a un juez federal, se indica en el Oficio 00007416.
En el año pasado las líneas que fueron intervenidas fueron de las compañías Telcel y Pegaso S.A de C.V. (Movistar).