* En 3 años, la minera canadiense Media Luna destruyó la flora, fauna y mantos acuíferos de ese ejido para extraer el metal precioso, pero ahora se niega a indemnizar a los pobladores
BERNARDO TORRES
COCULA.— Habitantes de la comunidad de Nuevo Balsas cerraron los tres accesos a las instalaciones de la empresa minera Media Luna, ante la negativa de indemnizar a los pescadores de los márgenes del Río Balsas, afectados por los trabajos de extracción de oro en ese ejido.
Desde el pasado miércoles 30 de marzo, unos 500 habitantes de dicha comunidad se plantaron sobre los tres accesos a la zona, donde desde hace tres años la minera realiza trabajos de extracción de oro, lo cual ha generado una grave contaminación en el ecosistema de la zona, siendo el sector pesquero el más afectado.
En septiembre del año pasado, los habitantes llegaron al límite de la tolerancia al ver mermadas hasta en un 80 por ciento la pesca, una de las principales actividades de los comuneros de Nuevo Balsas, y se fueron a un paro de labores quienes eran trabajadores de la mina, apoyados por los pobladores.
Tras esa primera movilización, lograron que la empresa firmara una serie de compromisos que iban desde una indemnización de 500 mil pesos para los ejidatarios, becas para los estudiantes, centro de salud, rehabilitación de calles y carreteras, así como un apoyo mensual para los adultos mayores, entre otras.
Han pasado casi siete meses y la respuesta no llegó, la empresa sigue la explotación del metal precioso, pero las afectaciones a la salud y los recursos naturales son cada vez más graves; las fuentes de trabajo se han agotado, la reproducción de peces se acaba y a los habitantes de Nuevo Balsas se les va el futuro de las manos.
Desde febrero buscaron por todos los medios y ante todas las instancias gubernamentales alcanzar acuerdos con la empresa, enviaron documentos con sus demandas al municipio de Cocula, al gobernador Héctor Astudillo Flores e incluso a la Presidencia de la República, pero no tuvieron respuesta.
El comisario Sabás Palacios destacó que no están en contra de la mina, pues en caso de llegar a buenos acuerdos, todos se verían beneficiados, pero han sido ignorados en repetidas ocasiones por la empresa.
Otro de los acuerdos con Media Luna era que se iba a dar trabajo a los pobladores de Nuevo Balsas, que la mano de obra la aportarían los habitantes de dicha localidad, pero han notado como a los nativos sólo les dan puestos de peones, a pesar de que hay muchos que tienen preparación y pudieran ocupar otros cargos.
“La empresa dice que sí está cumpliendo, pero no es cierto; ayer les dijimos que si nos poníamos a revisar las urvans donde trasladan a los trabajadores, van a ver que están trayendo gente de donde quiera, a la gente de Nuevo Balsas nomás le dan migajas, aunque se oye feo decirlo”, señaló.
Los pocos empleos que dice les han dado a los habitantes, son de peones, con pico y pala, que no suman ni siquiera el 40 por ciento de todo el pueblo.
En la misma situación se encuentran las comunidades de Atzcala, Real del Limón y la Fundición, pero son poblaciones que se han conformado con lo poco que les ha dado la empresa, las dos últimas incluso fueron reubicadas fuera de sus ejidos.
Es un pliego petitorio de al menos 15 puntos, en el que también destacan que la mayor parte de los servicios como hospedaje, comida y transporte fueran brindados por la propia comunidad, que los campamentos fueran instalados dentro del poblado para con esto generar oportunidades de empleo.
La pesca, al borde de la quiebra
Una de las mayores afectaciones que la minera está provocando, es en el sector pesquero, que ha visto mermada su producción hasta en un 80 por ciento, dejando casi en la ruina a quienes viven de esa actividad.
Hace tres años, cuando inicio la explotación en el ejido, empezaron a verter minerales en los márgenes del río, provocando con esto el azolvamiento de los márgenes, alejando con esto a los peces de las zonas de pesca.
“El 9 de septiembre del año pasado hicimos un bloqueo para exigir que nos hicieran caso; tras cinco días, nos prometieron varios puntos, pero con puras migajas cumplieron”, dijo Palacios.
En esa fecha la empresa prometió llevar a cabo un estudio para verificar del por qué la baja producción de peces y si realmente se estaba contaminando el río, el cual nunca se realizó.
“En el año 2013 vino un representante de Canadá, quien dijo que cuando empezara la producción en 2016, se indemnizaría a la ciudadanía; inclusive, en un pliego petitorio que se le hizo a la minera, se le dijo que se requerían apoyos para las familias pobres y personas de la tercera edad, ya llevan más de tres meses produciendo y no ha habido nada”, reiteró.
Los ciudadanos se dijeron molestos e indignados por la forma en que la empresa y las autoridades los han tratado, al no respetar los acuerdos, mientras que la minera sigue empeñada en señalar que no hay tales afectaciones.
Relataron los pescadores que tras el paso de los fenómenos meteorológicos ‘Ingrid’ y ‘Manuel’, grandes cantidades de escombro descendieron de la parte alta hacia el río, que perdió profundidad, con lo que también aumentó la temperatura del agua y obligó a que los peces se fueran en busca de aguas más profundas, donde escapan de la demarcación de Nuevo Balsas.
Además, las constantes detonaciones de explosivos para abrir el cerro, han ahuyentado no sólo la fauna acuática, sino también otras especies que son parte fundamental del ecosistema, como las guacamayas y otro tipo de aves.
“El 80 por ciento de la población de los ciudadanos se mantiene de la pesca, antes de que la mina empezara a detonar, los pescadores ganaban alrededor de 12 mil a 15 mil pesos por semana, pero después de las detonaciones no sale ni para la gasolina”, lamentó.
De todas estas afectaciones la minera tiene conocimiento, pero se ha negado a reconocer el problema y por consecuencia se niega a indemnizar.
En menor medida, la zona atraía el turismo de varios municipios, ya sea que entraran por Cocula o por el río desde Mezcala, pero ahora con la turbiedad del agua, ni los mismos habitantes se quieren meter a nadar.
Los problemas a la salud van en aumento, pues cada vez es más común ver a niños enfermos de la garganta, con enfermedades respiratorias, que deben faltar a la escuela por esa causa.
“No estamos pidiendo de más, sólo queremos que repare los daños a la población, nuestra autoridad ha estado luchando a favor del pueblo, pero por lo visto los ignoran, y ahora la gente se enardeció y la gente no se va mover hasta que se resuelva”, finalizó.
La Mina, punto en disputa por los grupos delincuenciales
Destacan en el documento, firmado en el mes de septiembre del año pasado, las exigencias de seguridad y de indemnización para los pescadores.
El comisario de la comunidad señaló que una vez instalada la minera en su ejido, esto empezó a atraer la atención de las bandas de la delincuencia organizada, y que hace tres años, cuando se dieron cuenta que se empezó a extraer oro, Nuevo Balsas fue sitiado por el grupo delincuencial de La Familia Michoacana, que pretendía extorsionar a los habitantes.
Asaltos, robos y secuestros comenzaron a atemorizar a la ciudadanía, ya no podían salir hacia Cocula, ni hacia Mezcala, lo que obligó a que la población tomara las armas y conformaran una policía comunitaria, que sigue operando hasta la fecha.
“La delincuencia se acerca porque saben que hay una mina, saben que hay dinero, como ha pasado en Carrizalillo, no hay seguridad, por eso nosotros no queremos que precisamente la minera se haga cargo de la seguridad, pero sí que interviniera ante las instancias correspondientes”, refirió.
Previo al surgimiento de la Policía Comunitaria, no había paz en la región, los secuestros y la extorsión estaban a la orden del día, hasta que la población se cansó.
En un primer momento, reconoció que hubo jóvenes que se integraban voluntariamente a las filas de la delincuencia organizada, así como también mujeres que se relacionaban con los “sicarios; pero después, con el paso del tiempo, muchos fueron obligados a integrarse a dichos grupos, y si no lo hacían, los mataban.
“Ya no eran jóvenes que trabajaban en la delincuencia, se los llevaban, obligaban a los padres y se las llevaban a fuerza, entonces vimos que eso ya no era bueno, lo poco que tuvieras, llegaban y se lo llevaban”, asegura.
Relató que en su caso particular le quitaban por la fuerza la gasolina que compraban para las lanchas de la cooperativa pesquera, y no podían decir nada, porque los amenazaban con matarlos; además de que la presencia policiaca era nula, ninguna corporación acudía al llamado de auxilio.
La Policía Comunitaria de Nuevo Balsas se conformó en febrero de 2013, cuando al menos 15 personas, trabajadores de la mina, fueron secuestradas por el grupo delincuencial de La Familia Michoacana, que en esta zona dirigía una persona apodada “La Burra”.
Todos los trabajadores fueron rescatados por el entonces grupo de autodefensa, al cual se sumaron elementos de la Policía Estatal, Federal y Ejército Mexicano, y lograron además la expulsión de dicha banda criminal. (API)