* Se les debe aplicar el mismo criterio jurídico que en el caso de Nestora Salgado, quien obtuvo su libertad porque un juez le concedió estatus de autoridad
JESÚS SAAVEDRA
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra consideró que otros ocho dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) deberían de recuperar su libertad, tras la excarcelación de Nestora Salgado y lamentó que mientras jueces federales hayan resuelto que es válida la autoridad comunitaria, en Guerrero se tenga un Poder Judicial “anquilosado, atrasado y poco garantista”.
Rosales Sierra consideró que la liberación de Nestora Salgado el viernes pasado “es una buena señal, creo que son casos y circunstancias distintas, Nestora se marca el caso específico que adquirió una visibilidad nacional e internacional, no así los casos de otros compañeros y me parece que el gobierno está haciendo un doble rasero, por un lado libera a Nestora y los compañeros que están presos en Guerrero se mantienen encarcelados, se mantienen en prisión pese a que son las mismas causas penales”.
Explicó que por esos mismos hechos la Fiscalía de Guerrero mantiene sus acusaciones de secuestro y otros delitos contra ocho dirigentes de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera de la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla y Gonzalo Molina de la casa de justicia de Tixtla.
El abogado consideró que el mismo beneficio que otorgó la justicia a Nestora Salgado, debe ser para los otros ocho dirigentes de la CRAC, “debe de ser la misma resolución para estas ocho personas presas, si las resoluciones de Nestora hoy en día están diciendo que no se acredita el delito de secuestro porque las detenciones que llevaron a cabo las autoridades comunitarias se hicieron en ejercicios de sus funciones y que sus actos son homologables a los actos de autoridad, entonces ese criterio se debe de aplicar para el resto, se trata de los mismos hechos, las mismas circunstancias por las que están detenidos, entonces no puede haber una distinción si nos ceñimos al aspecto jurídico, si es el aspecto político habrá un rasero distinto”, precisó.
Rosales Sierra consideró que esas personas “de manera burda se encuentran en la cárcel son los compañeros de la CRAC, porque está la Ley 701, hay un marco del derecho internacional que es el 169, que reconocen ese tipo de actividades, que los pueblos indígenas pueden brindar justicia, pueden brindar seguridad, no solo la Ley 701 habla de que son integrantes del Consejo Estatal, entonces son instituciones ya reconocidas en la ley para llevar ese tipo de actividades y que los metas a la cárcel si resulta muy preocupante”.
“Por eso creemos que los presos que están injustamente son los de la CRAC, habrá otros compañeros, se tendrá que hacer una revisión, por ahora creo que hay un retroceso y es peligroso lo que pasa en Guerrero porque se están pisoteando los derechos de los pueblos indígenas en este aspecto, del derecho de los pueblos indígenas a ejercer su autonomía, para tener su propia forma de organización social y política para hacer justicia, su cosmovisión se está pisoteando hoy día y es grave lo que está pasando”, añadió.
Vidulfo Rosales, consideró que el gobierno de Héctor Astudillo “debiera de corregir, debiera de enderezar el camino, debiera poner en libertad a estos compañeros, está claramente establecido que es injusta su detención, quiero decirte que se tienen por lo menos hasta hoy cinco resoluciones de los tribunales federales y las cinco apuntan y establecen que hay un reconocimiento expreso de la CRAC como una autoridad indígena”.
Sostuvo que esos juzgados federales “se han apegado a los estándares internacionales e incluso a los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de pueblos indígenas y ese criterio ha prevalecido en todas las resoluciones, no ha habido una sola variación, de manera ininterrumpida han dicho los jueces federales que la CRAC es una autoridad reconocida legalmente, está legitimada, sus actos son homologables a actos de autoridad”.
Por ello lamentó que el poder Judicial de Guerrero, esté “anquilosado, atrasado, poco garantistas, conservador, con una tradición priista de hace tiempo, se niega a reconocer esos parámetros”, finalizó.