* El abogado y activista del centro “Tlachinollan” aseguró que jueces deberán aplicar el mismo criterio de que la comandanta actuó como autoridad, en los casos de otros ocho policías comunitarios presos
Redacción
La libertad de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, se habría logrado con la condición de que abandone de manera inmediata el país, reveló el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En declaraciones hechas a la agencia API, el también defensor de siete policías comunitarios que aún se encuentran presos en distintas cárceles del país y de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, dijo que en el caso de “Nestora hay un condicionamiento, que Nestora no debe estar en el país, nosotros lo interpretamos de esa manera, no sabemos si es así, obviamente ella dice que es por cuestiones de salud, en el caso de ella, es otra dimensión”.
La noche del jueves, un Juez del Distrito Federal notificó a Nestora Salgado García tres autos de libertad que decretaron a su favor jueces del fuero común de Guerrero con sede en Tlapa de Comonfort, Ayutla de los Libres y Huamuxtitlán.
Durante los dos años y medio que estuvo detenida, fue internada en el penal federal femenil de máxima seguridad en Tepic, Nayarit y posteriormente trasladada a la Ciudad de México, donde pasó los últimos meses.
El 7 de marzo pasado, un juez ordenó la inmediata libertad de Salgado García por otros tres casos que tenía vigentes, pero no salió de prisión porque el Juez fue notificado de tres nuevos casos pendientes, de los que hoy fue exonerada.
Alrededor de las 10:00 de la mañana de este viernes, Nestora Salgado abandonó el penal de Tepepan, donde le esperaban elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, amigos y familiares, así como activistas de diversas organizaciones.
Mientras eso ocurría en la Ciudad de México, en esta capital Rosales Sierra reveló que a Nestora se le otorgó la libertad con la condicionante de que abandone el país, debido al liderazgo que ella representa en la lucha social.
Expuso que en el caso de los otros ocho comunitarios presos, los jueces deberían ceñirse al mismo criterio ya establecido en los tres secuestros de los que se acusaba a Nestora, pero no existe voluntad por parte del gobierno del estado para que ello ocurra.
Otras causas que también habrían influido en la libertad de la activista, fue que su caso tuvo amplia difusión a nivel nacional e internacional, debido a su doble nacionalidad y su condición de mujer, “y eso redundó en una fuerte presión para las autoridades estatales y federales, no así el caso de nuestros compañeros, con otros perfiles y que ahí nosotros nos hemos reunido con autoridades del estado, los compañeros tienen amparos ganados, pero los delitos han sido reclasificados”, consideró.
Rosales Sierra reiteró que ahora los jueces deben de utilizar el mismo criterio los casos de los otros 8 comunitarios presos, pues los delitos por los que se les acusan son prácticamente los mismos que le imputaban a la comandante de la policía comunitaria de Olinalá.
Recordó que en diciembre un juez federal otorgó un amparo a los ocho comunitarios presos, en el que señaló que era inconstitucional el auto de formal prisión porque no había elementos para dictarlos, debido a que todos los actos que realizaron los policías comunitarios fueron actos de autoridad, porque las actividades de la Policía Comunitaria están sustentadas en las leyes, 701, el convenio 169, y reconocidos por la propia Constitución Mexicana, además de que estuvieron arraigados de manera ilegal durante 60 días en Acapulco, por lo que las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita.
El abogado acusó que en los términos legales los comunitarios deberían haber sido dejados en libertad hace mucho tiempo, pero hay una cerrazón por parte del Poder Judicial del Estado de Guerrero de no aceptar los parámetros legales expresados en los convenios y leyes que rigen a los pueblos indígenas.
Entre los ocho policías comunitarios presos por los delitos de privación ilegal de la libertad están Gonzalo Molina, recluido en Chilpancingo, y Bernardino Hernández y Arturo Campos Herrera, quienes se encuentran en el penal de Ayutla.
Rosales Sierra consideró que existe una consigna de parte de los gobiernos para mantenerlos presos, como ocurrió desde el gobierno de Ángel Aguirre, Rogelio Ortega y actualmente con el de Héctor Astudillo, quien sigue en la misma dinámica.
Las presuntas víctimas que mantienen a los policías comunitarios presos, son una mujer de nombre Katia Espinoza Bolaños, quien se dedicaba al narcomenudeo en el municipio de Olinalá, Pedro Gil Apreza Salmerón, dueño de una cantina y que fue detenido por la CRAC, y quien incluso hirió de bala a un comunitario.
La segunda acusación que pesa en su contra es el secuestro de 43 personas que estaban sometidas a procesos de reeducación en la Casa de Justicia de la comunidad de “El Paraíso”, en el municipio de Ayutla de los Libres, de donde fueron liberados en un operativo que realizó el Ejército Mexicano.
Estas 43 personas se encontraban detenidas por los delitos de secuestro, homicidio, violaciones, posesión de armas y drogas, entre otros.
“Incluso al momento de su liberación se estaba negociando con el gobierno del estado que fueran procesadas por los delitos que se les acusaba, pero nunca lo fueron”, precisó.
Rosales sierra responsabilizó directamente al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de esas detenciones, pues ocurrieron en un momento en que la presión del movimiento social estaba en ascenso; los surgimientos de grupos de autodefensa en varios estados del país, así como las protestas del magisterio contra la Reforma Educativa.