* Los alcaldes de Tixtla, Ometepec, Marquelia y Cutzamala pidieron al Congreso autorización para contratar créditos y pagar adeudos heredados por administraciones pasadas

 

Fernando Hernández

 

Además de recibir diversas solicitudes de alcaldes para que les permitan contratar créditos para pagar laudos laborales que les tienen colapsadas sus finanzas, el Congreso del Estado aprobó ayer conceder licencia por tiempo indefinido para separarse de su encargo, a la síndica perredista del ayuntamiento de Pungarabato (Ciudad Altamirano), Rosalba Rendón Andrade, quien fue obligada a dejar el cargo por los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región de la Tierra Caliente, después del secuestro de su esposo el empresario Gustavo Borja. Tuvo que pasar más de un mes para que el Congreso del Estado aprobará la solicitud de licencia de la edil, a pesar de que la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, encargada de elaborar el dictamen de la separación del cargo, es presidida por su compañera de partido, Rosa Coral Mendoza Falcón.

El dictamen fue aprobado sin una sola intervención por parte de los diputados presentes, ni siquiera por parte de los perredistas, para lo cual incluso se omitió la segunda lectura del acuerdo.

Ayuntamientos piden millones para pagar adeudos por laudos

En la sesión, los diputados recibieron oficios signados por presidentes municipales en los que solicitan incrementos presupuestales y permisos para contratar préstamos para pagar adeudos por laudos laborales y juicios mercantiles.

En el caso del ayuntamiento de Tixtla, el alcalde perredista Hossein Nabor Guillén solicitó una ampliación presupuestal para que la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) inyecte al municipio recursos por 105 millones 196 mil 877.27 pesos.

En el caso del alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos solicitó Congreso del Estado su intervención para que se otorguen desde el gobierno del estado 27 millones 1 mil 834.21 pesos que serán destinados “para el pago de laudos laborales que se han resuelto en los tribunales de Conciliación y Arbitraje”.

Además fue turnado a comisiones el oficio mediante el cual el alcalde de Marquelia, Arturo González, solicita al Congreso permiso para adquirir un préstamo a la banca comercial “con la finalidad de dar cumplimiento al pago de laudos y sentencias contenciosas administrativas”.

En este sentido, el síndico de Cutzamala, Raúl Sosa solicitó la intervención del Congreso para “ayudar a cubrir el pago de la cantidad de” 2 millones 21 mil 400 pesos, correspondientes al pago de laudos que dejó pendientes la pasada administración. Lo paradójico del ese caso es que el alcalde anterior de ese ayuntamiento de la región del Tierra Caliente, es el actual diputado local perredista Isidro Duarte Cabrera.