* Robespierre Robles, presidente del TSJ, informó a los familiares de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 que todas las evidencias fueron entregadas para que fueran incorporadas a la investigación de los hechos
Fernando Hernández / Salvador Bello
Padres de los 43 normalistas desaparecidos luego de los ataques que perpetraron contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa policías municipales y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, en septiembre de 2014, se reunieron ayer con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, quien les informó que todas las evidencias videográficas que tuvieron en su poder fueron entregadas a la Procuraduría General de la República.
En el encuentro, el magistrado presidente del TSJ dijo a los padres que el Poder Judicial de Guerrero entregó a la PGR, en una memoria USB, las capturas de las cámaras de vigilancia del palacio de justicia de Iguala, el día que ocurrieron los hechos, para que fueran incorporadas a la investigación que se hace por esos hechos.
El abogado de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, el activista de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, en diversas ocasiones ha expresado que esos videos son una pieza clave para conocer lo que ocurrió ese día con los normalistas y si hubo más actores involucrados en los ataques, además de los policías municipales de Iguala y los integrantes de Guerreros Unidos.
Como ya lo habían acordado hace dos semanas, este miércoles los padres de los 43 arribaron a las instalaciones del Poder Judicial poco después de las 12:00 horas, rodearon el edificio que otrora albergó al Congreso del Estado y bajo la pertinaz lluvia entraron a la sala de plenos y se sentaron en las curules de los magistrados, en el mismo lugar en el que se habían reunido el pasado 19 de febrero y en el que habían acordado que se les iban a entregar copias certificadas de las causas penales relacionadas con las hechos.
El acuerdo más importante había sido que se iba a entregar un informe en el que el Poder Judicial daría cuenta sobre el destino de las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado ubicadas afuera del palacio de justicia de Iguala de ese día.
Robles Hurtado informó a los padres de los jóvenes desaparecidos que el 24 de julio del 2015, casi 9 meses los hechos, el personal del TSJ entregó en una memoria USB el respaldo extraído del DVR y de las capturas de las cámaras de video vigilancia ubicadas en las instalaciones del TSJ en Iguala, al agente del Ministerio Público de la PGR adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia (SEIDO), Ernesto Oscar Francisco Ornelas Delgado en cumplimiento a las diligencias de la investigación PGR/SEIDO/UEIDM/001/2015. “El Poder Judicial del Estado no cuenta con material videográfico alguno”, precisó el magistrado.
Explicó que en la fecha señalada, “el licenciado Javier Uribe Iturbide les entregó una USB, que contiene un respaldo extraído del DVR del circuito cerrado de televisión correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tal y como ya ha sido señalado por la magistrada Lambertina Galeana Marín y el licenciado en informática Javier Uribe, en las respectivas declaraciones que rindieron ante el Ministerio Público de la Federación y que obra en la citada indagatoria el referido respaldo”, precisó el magistrado.
El TSJ entregó además a los padres de los 43 copias certificadas de los expedientes relacionadas con las causas penales 212/2014-II, 214/2014-II, 216/2014-II y 217/2014-II.
Las causas fueron integradas como parte de las investigaciones por el homicidio de los normalistas: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y “otras personas”.
Robles Hurtado explicó que las causas penales se encuentran vigentes y se encuentran en la fase en la que se ofrecen y desahogan pruebas.
Después, en declaraciones a los medios, Robles Hurtado indicó que se han hecho peritajes a los sistemas y equipos que albergan las imágenes de las cámaras, y a pregunta expresa sobre si todavía está la información en los discos duros, dijo que “no he tenido acceso a la indagatoria de la PGR, entonces no tengo una ciencia cierta de qué es lo que está en el expediente, lo que tengo es el informe y el comentario que nos dieron”, pero aceptó que él no ha visto los videos que fueron entregados a la PGR.
Sostuvo que en las instalaciones del TSJ en Iguala están los aparatos del circuito cerrado y el disco duro que se usa para guardar la información de las capturas de las cámaras, “y está colocado en dónde siempre estuvo, está a disposición de todas las autoridades, no puedo desmontar el DVR porque se tomaría como que yo estoy alterando” lo que pudiera ser la evidencia para una investigación.
Afirmó que tanto el disco duro y demás aparatos del sistema de video vigilancia han sido objeto de varias diligencias y la información que pudiera haber sido extraída por parte de las autoridades consta en las investigaciones por el caso Ayotzinapa.