Isidro Bautista
Declaraciones como las formuladas por Javier Olea Peláez, fiscal general del estado, contra el Ejército, Marina Armada y PGR, ameritarían la destitución del cargo.
Pareciera que el señor fiscal no quiere ayudar al gobernador Héctor Astudillo Flores. No es posible que uno de los servidores públicos más obligados a atender el problema de la violencia o inseguridad, que hoy es el peor mal del estado, actúe en sentido contrario.
Aunque sean ciertos esos dichos, la regla en la política es ser reservado.
No sólo pasa a afectar al titular del Ejecutivo local en su relación con el gobierno federal sino a la sociedad misma, porque en un momento dado en que haya una posible denuncia de un pueblo asaltado o secuestrado por el crimen organizado, como ocurrió en una comunidad del municipio de Leonardo Bravo, y se tenga que mandar a agentes del Ministerio Público de su dependencia a hacer lo procedente, podría darse el caso de que ni el Ejército, ni la Marina, ni la Policía Federal o la Gendarmería los apoyarían, con algún argumento.
Eso obviamente sería perjudicial para la población. Los agentes del MP o los policías preventivos estatales sólo irían si fueran acompañados por los efectivos federales.
Ángel Aguirre Rivero, cuando era gobernador, según se supo, tuvo que ir hasta la Ciudad de México para ofrecer disculpas al secretario de la Defensa Nacional por un incidente suscitado en la Costa Chica.
Astudillo tuvo que salir al paso de inmediato. Reconoció “su trabajo, su colaboración con todos nosotros, y muy especialmente con su trabajo en Acapulco, tanto de la Marina como del Ejército nacional, para enfrentar los difíciles tiempos que nos han tocado en relación a la presencia de homicidios dolosos, y enfrentar a la delincuencia organizada”.
Tuvo que refrendarlo hasta en un comunicado de prensa. La Sedena había emitido otro en el que prácticamente condenaba las aseveraciones de Olea Peláez, hechas obviamente ganado por la emoción.
En un evento al que asistieron los máximos mandos del Ejército y la Marina con base en Guerrero, admitió que “este estado necesita de la colaboración de la federación”, lo que no visualizó el fiscal al momento de irse de boca.
En el mismo comunicado, el gobernador reafirmó su reconocimiento en general al gabinete federal de seguridad, que integran Gobernación, Sedena, Marina, PGR y Policía Federal, por la estrecha coordinación que, abundó, mantiene con su gobierno para combatir a la delincuencia organizada.
Sólo por eso, quizá en otro caso, ameritaría el cese del funcionario. Ahora faltaría sumar la barbaridad que dijo de Nestora Salgado García, comandanta de policías comunitarios de Olinalá: si sale de prisión, la esperan en la calle otras órdenes de aprehensión. Nada de discreción. Pudieran fincarle responsabilidad penal por hacer esa revelación.
Faltaría agregar lo que expresó del nuevo sistema de justicia penal: habrá impunidad, porque jueces, ministerios públicos y policías no están capacitados profesionalmente. Hasta de su casa —la Fiscalía— habló.
Ojalá, como él mismo lo comentó, en lo sucesivo hará declaraciones por la vía de los boletines, ya pensados.
El señor fiscal, como afirman quienes más lo conocen, es capaz de abandonar el cargo o tirar la toalla, y regresar a su despacho jurídico, por sus aires de grandeza, ante lo que pudiera parecerle el mínimo regaño.
Pudo haber sido, y puede ser, el segundo funcionario de ese nivel en separarse del puesto, después del secretario de Protección Civil, más por la visita en puerta del presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de la Convención Bancaria, de la que Olea Peláez seguramente no se acordó cuando habló y habló. isidro_bautista@hotmail.com