* Más de 200 empresas dedicadas a la construcción están detenidas en Guerrero debido a la inseguridad y la falta de obras, asegura Alfredo Adame, expresidente de la CMIC
Redacción
Después de empresarios de Chilpancingo ya tramitaron ante la Secretaría de la Defensa Nacional 35 permisos para portar armas y así estar en condiciones de defenderse ante los delincuentes, los constructores podrían seguir ese ejemplo y también armarse para enfrentar a quienes les piden grandes cantidades de dinero para dejarlos trabajar.
En declaraciones al portal bajopalabra, Alfredo Adame Arcos, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción admitió que sí existe la intención por parte de los miembros de esa organización de solicitar a la Sedena permisos para portar armas.
El empresario dijo que “nosotros no lo estamos manejando tal y como armarse, pero sí existe la intención por parte de los constructores de que se lleve a cabo esa actividad tal y como hizo la Coparmex, a quienes ya les autorizaron treinta y tantas armas”.
Adame Arcos dijo que las constructoras en Guerrero enfrentan dos problemas sumamente graves que han frenado su actividad. Uno de esos problemas es la inseguridad, que ha afectado sobre todo a las empresas con contratos en las regiones de Tierra Caliente, Montaña y Centro, porque son asediados con extorsiones y cobro de piso.
“Hay dos situaciones por las que se está sufriendo en el tema de inseguridad: la extorsión y el secuestro exprés; en ambos casos los grupos delictivos tienen identificados a los compañeros por lo que son blancos de ellos”, detalló.
“Los constructores no pueden realizar lo mismo que hacen el alcalde de Chilpancingo o el rector de la UAGro de denunciar las cosas más abiertamente y hacer las denuncias. Nosotros tenemos registrado que el 40 por ciento de las empresas se encuentran afectadas, pero hay más que por temor no lo denuncian”, destacó.
“Luego de que son extorsionados o sufren de algún secuestro, deciden irse de la entidad; tienen que venir por trabajo pero ya no viven en Guerrero”, explicó.
El otro problema que sufren los constructores es la falta de capital porque “no hay fluidez de recursos” para concluir obras en proceso, o tampoco han accedido a nuevos contratos.
Adame Arcos señaló que debido a estos dos problemas, al menos 220 empresas se encuentran en “stand by”, es decir que para no generar pagos, comprobantes u otras actividades económicas, están detenidas y varias de ellas a punto de quebrar.
Aunque no precisó cuantas constructoras están afiliadas a la CMIC, dijo que al menos el 40 por ciento de esas empresas han sufrido los embates de los grupos delictivos o se encuentran incluso bajo el acecho de las mismas, pero consideró que la cifra real podría ser mayor pero no hay denuncias.
Reconoció que hay una fuga de constructores de Guerrero hacia otros estados, y aunque tienen la necesidad de venir a la entidad para supervisar sus negocios u obras, físicamente han decido salir del estado por el clima de violencia.