* La agitación social en 2015 fue alimentada por las omisiones del gobierno interino y eso generó que muchos conflictos se salieran de control, aseguró el ombudsman guerrerense

 

* De hecho se emitió una recomendación en contra del ahora exgobernador porque se negó a atender a un particular, señaló

 

Gilberto Guzmán

 

El 2015 fue un año de agitación social alimentada por las omisiones del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, aseguró el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHE), Ramón Navarrete Magdaleno, al presentar su informe de actividades correspondiente al 2015 ante el Congreso del Estado.

Este lunes se programó la entrega del informe del ombudsman a las 13:30 horas en la sede legislativa, pero como llegó después de las 2 de la tarde, solamente lo esperó la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, en la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva.

En su mensaje, Navarrete Magdaleno señaló que el 2015 se puede resumir como un año sumamente complejo, que estuvo lleno de omisiones en materia de derechos humanos, debido a un gobierno que le quedó a deber mucho a los guerrerenses, en referencia al periodo que encabezó el universitario Rogelio Ortega Martínez.

Mencionó que tan solo durante el interinato de Ortega se disparó de manera drástica el número de denuncias por violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, lo que confirma el alto grado de omisiones por parte de la clase gobernante.

De hecho precisó que debido a la actitud de Rogelio Ortega, es el único titular del Poder Ejecutivo que ha recibido recomendaciones de la CDHE, por la resistencia que mostró para dar derecho de audiencia a un particular.

Navarrete Magdaleno aseguró que “por la ausencia de respeto a los derechos humanos de parte del gobierno del estado, esto se contagió a los municipios”, y por eso la CDHE llegó a tener hasta mil expedientes que se recibieron en 2015 por faltas a los derechos humanos.

El ombudsman de plano consideró que durante el gobierno de Ortega Martínez “hubo un retroceso en derechos humanos”.

La diputada María de Jesús Cisneros recibió un ejemplar del informe, mientras el titular de la CDHE explicaba que en él se relata la agitación social que vivió el estado de Guerrero tras los hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando murieron una decena de personas y desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa al ser atacados por sicarios y policías municipales.

“Estuvimos en la quema del palacio de gobierno, también en la quema de la puerta tres de la residencia oficial Casa Guerrero, muchas veces completamente solos, sin ser autoridad gubernamental, pero con el ánimo de documentar cualquier violación que se registrara”, recordó Navarrete.

Afirmó que era evidente el vacío de poder que se vivía en la entidad, porque algunos conflictos parecían salirse de control ante la ausencia de autoridades, y la Comisión de Derechos Humanos tuvo que propiciar la interlocución entre grupos en conflicto.

Consideró como una cifra histórica la emisión de 108 recomendaciones durante el 2015.

Dijo que las instancias que registran la mayor incidencia en cuanto a quejas por la comisión de presuntas violaciones a los derechos humanos, son las policías preventivas municipales.

“Lo que pasa es que en las Policías Preventivas municipales todavía se tiene mucho personal sin la escolaridad suficiente como para conocer las responsabilidades en materia de derechos humanos, por esa razón es que se cometen abusos que los ciudadanos ya no están dispuestos a dejar que permanezcan en la impunidad, (y) por eso es que se presentan las quejas”, explicó.

 

Aguirre, obligado a comparecer por el caso Ayotzinapa

 

En otro tema, el presidente de la CDHE señaló que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero tiene la obligación de comparecer ante el Congreso local para que exponga lo relacionado a los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, cuando desaparecieron los 43 normalistas.

Dijo que en el caso de la CDHE, desde que se originó el conflicto social por el Caso Iguala-Ayotzinapa, se ha mantenido cerca de las acciones que realizan los estudiantes de la Normal Rural, los padres de los 43 jóvenes desaparecidos y las organizaciones que respaldan el movimiento.

Por esa razón, no tuvo problema en comparecer ante la comisión especial que creó el Congreso de Guerrero para dar seguimiento al caso, y entregó a los diputados toda la información posible.

Por lo tanto, indicó que el ex gobernador Aguirre no debería tener inconveniente para comparecer de la misma forma, toda vez que hay dos invitaciones de los diputados locales para que comparezca y responda algunos cuestionamientos sobre el caso.

“Creo que todos los servidores públicos estamos obligados, en el desempeño de nuestra función a acudir ante estas instancias, no creo que sea diferente con el ex gobernador”, comentó.