* El presidente de la Comisión de Derechos Humanos aceptó que fue quien hizo las valoraciones del caso, pero precisó que fue el gobierno estatal el que concedió ofrecerle seguridad al padre de Onésimo Castillo
Salvador Bello
El gobierno de Rogelio Ortega Martínez fue el que decidió otorgar medidas cautelares a la familia de Luis Castillo García, padre de Onésimo Castillo, alias El Bombón, detenido recientemente por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en Chilpancingo, pero a quien se le responsabiliza de la ola de violencia registrada en la capital del estado.
Así lo declaró ayer el residente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, quien aceptó que las medidas cautelares para Luis Castillo las pidió la comisión a su cargo, pero aclaró que es el gobierno el que decide si las entrega o no.
En entrevista, luego del evento en festejo del 29 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTCOBACH), el ombudsman guerrerense consideró que es apartado de la realidad pensar que la CDHEG es la que pone u ordena las medidas cautelares para alguna persona.
Explicó que cuando hay una persona en situación de riesgo, su función sólo es poner una recomendación para que la autoridad haga un estudio de riesgo y decida si es necesario poner medidas cautelares o no.
“En el caso de Luis Castillo son medidas cautelares que vienen a partir del secuestro de uno de sus hijos, por lo que en ese entonces el gobierno de Rogelio Ortega consideró que sí corría algún riesgo y se las concedió”, Precisó.
Navarrete Magdaleno agregó que “nosotros no tenemos facultades, ni podemos ordenarle a las autoridades que brinden estas medidas cautelares y menos tenemos policías o autos blindados para proporcionar”.
Reafirmó que la Comisión de Derechos Humanos sólo son el conducto por el que el ciudadano expone una situación de riesgo, entonces la documentan y se la informan al gobierno del estado, que es el que debe determinar entregar las medidas cautelares.
Entonces, en el caso de Luis Castillo y su familia, el gobierno es el que debe de hacer un nuevo análisis de riesgo en el momento indicado para quitarle estas medidas cuando ya no corra peligro, y mencionó que la CDHEG no puede decir lo contrario.