* Nestora enfrenta juicio penal por secuestro
* Red de ONG’s ignoran las leyes ¿o se hacen?
* Nestora no ha probado ser inocente de cargos
Por Jorge VALDEZ REYCEN
Ignorar el Estado de Derecho, bajo cualquier argumento, no es el camino. Así deben ponderarlo los abogados que han abrazado con denuedo las causas sociales y muy específicamente un sector de la prensa, identificado más con el activismo que con su misión informativa.
Claro que les asiste el Derecho a la Información y el ejercicio pleno de la Libertad de Expresión, pero torcer argumentaciones falaces, escondidas, para presionar al rompimiento del marco legal, no solo es una ruta equivocada, sino un despropósito a contra sensu de la ley.
Nestora Salgado, “La Comandanta” –como gustaba le dijeran sus hombres armados—, enfrenta juicios penales por delitos de secuestro, terrorismo, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, asociación delictuosa y otros, por los que ha recibido el auto de formal prisión de la autoridad jurisdiccional.
Este caso, ha sido apasionadamente llevado por organismos a favor de los derechos humanos, pero de manera velada, amañada, se han soslayado en los medios de comunicación las versiones de las partes agraviadas, ofendidas, víctimas de delitos que han ratificado sus acusaciones y aportado pruebas, evidencias y testimoniales de los días de horror que enfrentaron en un cautiverio, por supuestos delitos nunca probados.
Se trata de más de 15 personas que documentaron cada una de ellas en sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ratificadas ante el órgano jurisdiccional en la materia, sobre la serie de vejaciones, atropellos e ilícitos que padecieron. Tan es grave, que se han acogido a la Ley de Protección a Víctimas del Delito y sus casos ni siquiera han sido tomados en cuenta por ningún organismo defensor de los derechos humanos.
Para las ONG’s no existen, ni tienen voz, ni tampoco les han reconocido su estatus de víctimas. Y eso constituye el argumento desconocido al que la sociedad guerrerense y nacional debe entender y comprender los motivos de la detención de Nestora y su proceso judicial en firme.
Mediáticamente se ha hecho una defensa endeble, carente de la fuerza descomunal que tiene la evidencia o las pruebas de su inocencia. Esgrimen que actuó “como autoridad”, lo que en buen cristiano es mentira. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano y “La Comandanta” hizo justicia a su modo, incurriendo en la probable comisión de ilícitos graves, en agravio de menores de edad, un funcionario del Ayuntamiento de Olinalá –que sí es autoridad electa por votos mayoritariamente—, entre otras víctimas, lo que la mantiene en prisión.
El Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, debe entrevistarse y conocer de viva voz a las víctimas de la “luchadora social” que está en cautiverio en la prisión para mujeres de Tepepan, en la Ciudad de México. Debe saber cuál fue la causa que motivó a Nestora para “aplicar su ley” a las 15 personas que la señalan ante los tribunales por delitos graves, como la privación ilegal de la libertad y el cobro de una cantidad para liberarlos, lo que se tipifica como secuestro.
El gobierno de Héctor Astudillo Flores, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha sido puntual en desmarcarse de un asunto que atañe única y exclusivamente al Poder Judicial. Torcer la ley, a conveniencia o por caprichos, es la pretensión de los defensores de Nestora Salgado. Y en ese asunto, no hay argumentación válida.
Nestora Salgado debe presentar pruebas de su inocencia ante el órgano jurisdiccional y los defensores de los derechos humanos deben ser cautelosos en conocer a fondo los casos. De por si la credibilidad de activistas está en duda, porque se ciegan a entender que del otro lado de la acusada y procesada hay víctimas y tienen derechos.
Nos leemos mañana, SIN MEDIAS TINTAS.