En los reacomodos, ¿caerán alcaldes?

 

Por Felipe Vitoria Zepeda

 

Hay quienes no quedaron muy conformes con todo lo dicho por el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, el jueves pasado, en relación a lo que se ha logrado en sus primeros cien días a cargo del quebrado estado ingobernable, aguerrido y bronco que es Guerrero.

Se les olvida que Roma no se hizo en un día y que aquí nuestra peor enemiga es la idiosincrasia; cambiarles el modito de andar, sentir y pensar a los guerrerenses es misión casi imposible, desde el más ignorante hasta los petulantes posgraduados que coleccionan acreditaciones universitarias y son disque muy instruidos, pero son muy mal educados.

Qué difícil es hoy en día es ser simplemente señoras o señores, pero respetables y confiables, o expertos verdaderos y capaces en lo que cada quien hace, no porque lo digan títulos a veces comprados y por ende apócrifos.

Me atrevería a preguntarles a tantos “analfabetas funcionales y ágrafos”, como los calificaba el maestro normalista y economista Don Alejandro Cervantes Delgado a grandes profesionistas y prominentes políticos, ¿cuántos libros han leído de veras en años?

En cambio y afortunadamente siguen existiendo y subsistiendo muchos autodidactas que acumulan cultura mediante la lectura, pero que la modernidad comercial ahora les permite conseguir certificados en sistemas educativos abiertos o hasta “en línea” a través del Internet, dondequiera encuentra usted anuncios de “preparatoria en un año” o licenciaturas en dos.

Caramba qué maravilla, luego por eso tenemos abogados en el Ministerio Público incapaces de adecuar bien la conducta de los investigados al tipo penal correspondiente y consignan con los pies o sueltan delincuentes a cambio de dinero, cuando que no por falta de eso, encierren inocentes; negocio redondito para algunos jueces improvisados que no cantan mal las rancheras en cuanto a su falta de sapiencia jurídica.

Ni modo, me propuse por un tiempo no incursionar en las áreas de los atareadísimos Xavier Olea Peláez ni de Robespierre Robles Hurtado, tan atentos que son.

En fin, de algún modo la real justicia mexicana necesita de más “hombres del corbatón” porque le sobran diplomados y doctorados “balines”, pero sobre todo de profesionales honestos ante todo, cuestión, valor y cualidad que no se adquiere en cursitos de esto y lo otro, sino que se mama desde la infancia en el hogar.

Lamentablemente en este mundo a los pillos siempre les va mejor económicamente que a las personas decentes; ni quiero ponerles de ejemplo a un “Chapo” Guzmán poseedor de unos 20 mil millones de dólares, que ni se sacó en ninguna lotería ni se los heredaron, pero tampoco se los robó a nadie sino que de algún modo los ganó en su ilícita actividad, en cambio los caudales estratosféricos de muchos políticos están más sucios que los detritus fecales.

Pero en fin, en el panorama que se advierte en la administración diferente de Héctor Astudillo, no son pocos los grandes obstáculos, pero al menos el jueves pasado dio un certero diagnóstico identificando plena y crudamente los principales problemas actuales del estado de Guerrero: inseguridad y narcoviolencia prácticamente irreductible.

Para abatirlas necesitaríamos retornar un poco a tiempos pasados, cuando sólo existía el concepto constitucional de garantías individuales, que de todos modos eran cotidiana y sistemáticamente violadas, pero desde junio de 1990 impusieron en México oficialmente la moda de la defensa de los Derechos Humanos, que si bien contuvo prácticas abominables como la tortura  en calidad de método policiaco de investigación, se tradujo en que la impunidad creciera geométricamente.

La inmunidad es hija preferida de la corrupción de autoridades y ambas son ancestrales; el “darle chance” a grupos o pandillas de cometer tropelías sin detenerlos ni encarcelarlos, resultó negocio para políticos con ambiciones electorales y ahí se rompió el esquema de moralidad y honestidad en la función pública.

Por ejemplo, hasta ahora se les ocurre comenzar a investigar a un individuo que fuera el mero mero del Congreso guerrerense, cuyos familiares más cercanos están identificados como principales cabecillas de uno de tantos carteles que operan impunemente en todas las regiones

Pero ¿quiénes apadrinan a los líderes de los demás cartelitos?, ¿acaso el CISEN e Inteligencia  del Ejército y la Marina Armada, la PGR y en la antes Procuraduría estatal no se daban cuenta de nada?, ¿tuvo que ocurrir una masacre como la de Iguala y Cocula para que les comenzara a caer el veinte?

Ni para qué hacerse guajes, recuerdo aquellas épocas de los primeros grandes cárteles nacionales cuando gobernadores de Sinaloa, Jalisco, Baja California y Tamulipas protegían a sus lugartenientes como Rafael Caro Quintero, los hermanos Arellano Félix, Juan García Abrego y otros figurones del mundillo del narco mexicano.

La enorme diferencia es que en esos años ni se imaginaban que se fundara la CNDH con sucursales en los estados de la República y entonces “los malos” se tenían que portar bien, so pena de que les acostaran chaparros si no respetaban a las autoridades ni acataban sus disposiciones superiores en cuanto a exclusividad de territorios de operación y rutas de trasiego.

La fiesta se llevaba en paz como quiera, no se afectaba a la población ajena a las adicciones ni al comercio de drogas para nada; prohibidos los escándalos y al que hacía ruido lo silenciaban o encarcelaban. Duele aceptarlo, pero el sistema sí funcionaba.

A partir de 1990, la defensa oficial de los derechos humanos se fue transformando en concesiones para organismos no gubernamentales patrocinados por la delincuencia organizada, que nacen a cada rato con abogados y “luchadores sociales” asociados, que hasta subsidios extranjeros cuantiosos reciben, el chiste es proteger “humanísticamente” a regiones como la Montaña y La Sierra  en Guerrero, donde los jodidos no tienen de otra que sembrar y cultivar amapola y marihuana, alegando violaciones y arbitrariedades cada que las fuerzas armadas se asoman a esas poblaciones.

El recurso final que se les ocurrió no hace mucho, copiado de las FARC de Colombia, fue transformar aquí las guardias blancas de caciques en grupos armados de autodefensa, que igual delinquen afectando la seguridad nacional.

Menudo problemón que legaron administraciones anteriores a Héctor Astudillo.