*Ayuntamientos, los sujetos obligados más renuentes a proporcionar información a los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos; de hecho, 30 de ellos no tienen ni portal del internet, revelan consejeros de ese órgano
Jesús Saavedra
A pesar de que han transcurrido diez años de estar reglamentado el tema de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, en Guerrero los sujetos obligados por la Ley a ser transparentes no cumplen ni con el 50 por ciento de puntaje en el cumplimiento de sus obligaciones.
Este miércoles, los tres consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGRO), presentaron un monitoreo de los portales de internet de 160 sujetos obligados (gobierno del estado, Congreso, Tribunal Superior de Justicia, órganos autónomos y ayuntamientos) que por ley deben transparentar el ejercicio de sus recursos públicos o tener a disposición de los ciudadanos la información mínima que establecen los lineamientos en la materia.
Los consejeros Elizabeth Osorio Patrón, Joaquín Morales Sánchez y Roberto Rodríguez Saldaña, indicaron que ese monitoreo a los portales de internet se realizaron a las administraciones municipales, de la Legislatura, del gobierno estatal que concluyeron con su ejercicio público el año pasado y que a las nuevas autoridades se hará una evaluación en junio y julio próximo.
Rodríguez Saldaña explicó que la ley les obliga a realizar cuando menos dos evaluaciones por año; “en noviembre y diciembre se realizó una evaluación a través de una agrupación Comunicación para el Desarrollo Comunitario a efecto de que no pudiese haber una evaluación independiente”.
Explicó que la calificación máxima la fijó esa agrupación en 8 puntos y en el caso de los ayuntamientos Acapulco obtuvo el primer lugar con 7 puntos, seguido de Tecpan, Zihuatanejo, Chilapa, Iguala, Tlacoachistlahuaca y Chilpancingo, que obtuvo 4 puntos; en tanto que 42 ayuntamientos fueron reprobados, encabezados por Alpoyeca.
El ITAIGRO explicó que obtuvo 7 puntos, como la Secretaría de Educación, Finanzas, Consejería Jurídica del gobierno del estado y el Parque Papagayo con cero puntos.
Joaquín Morales dijo que lo más “preocupante es que los ayuntamientos son los sujetos obligados más renuentes a disponer de la información pública de oficio”, mientras que la consejera Elizabeth Osorio precisó que hay 30 ayuntamientos que ni siquiera cuentan con portal de internet.
Rodríguez Saldaña consideró que existe un “déficit en materia de transparencia, los sujetos obligados por la ley no están cumpliendo con sus obligaciones” y dio a conocer que pueden imponer multas de 20 a 150 salarios mínimos, pero con la “nueva reforma a partir de mayo se podrán imponer sanciones 150 a mil 500 salarios mínimos que son cerca de 100 mil pesos la sanción más elevada a quienes incumplan de su responsabilidad y que sea pagada de su bolsillo, no del erario público”.
Morales Sánchez aseveró que “hay una desarmonización de la Ley estatal de Transparencia con la Ley General de Transparencia, hay una laguna, hemos impuesto más de cien multas y ninguna se hace efectiva, nos faltan dientes, existe una laguna y no quiero pensar que sea a propósito”.
El consejero dijo que el Congreso el Estado tiene hasta mayo para armonizar la ley vigente; “de entrada la laguna de cobrar las multas me parece ilógico firmar un convenio con el gobierno para cobrar una multa, ahora el Ejecutivo tiene voluntad hasta que la veamos y el exhorto al Congreso para que legisle y armonice la ley, nos faltan dientes efectivamente”.
“Este monitoreo es un panorama y siguen incumpliendo con el deber de tener la información disponible en internet, para que no lleguen los recursos de ciudadanos al ITAIGRO, porque el 80 por ciento de los recursos que se revisan en el pleno es información pública de oficio”, añadió.
Dijo que el año pasado recibieron 51 recursos de revisión y este mes de enero se han interpuesto 31 recursos de revisión ante la renuencia de los sujetos obligados por la ley a proporcionar información, “el 70 por ciento debería estar disponible en los sujetos obligados y hay renuencia de los ayuntamientos; a la fecha llevamos 3 mil solicitudes de información cuando la media nacional oscila entre 10 mil solicitudes, falta por avanzar en la materia”, agregó.