Román Ibarra
Como cada seis años, un nuevo gobierno reaviva la esperanza en la población de Guerrero de que el Estado salga del atraso ancestral en que se encuentra, al tener dos millones 315 mil, personas pobres (65.2%) de tres millones 565 mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 46.2% y 868 mil guerrerenses (24.5%) en pobreza extrema, circunstancia que lo ubica en uno de los tres estados con mayor pobreza en México, por falta de una estrategia de desarrollo de la elite gobernante del centro del país.
Al problema de pobreza en Guerrero, se suma el problema de la inseguridad pública, provocado por la crisis económica del país y la ineficiencia del gobierno en este tema, lo cual ha dado lugar a tener el mayor número de homicidios y una alta incidencia de secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones, levantones y robos, que lo ubica como el Estado con mayor violencia en el país, que ha generado una situación de desgobierno, estado salvaje o natural, debido a la conformación de un estado fallido, provocado por el control de espacios de gobierno por la delincuencia, en varios lugares del Estado, principalmente municipios y en ciudades importantes como Chilpancingo y Acapulco. La solución de este problema requiere de una estrategia diversificada, que debe incluir recurrir a la guardia nacional, volver ha hacer uso de las partidas militares, la policía rural, o apoyar las opciones que está desarrollando la propia ciudadanía, como la policía comunitaria, las autodefensas y la organización de comités contra la delincuencia en las colonias de diversas ciudades.
La gravedad del problema exige sea atendido de inmediato. De otra manera puede perderse la esperanza en este gobierno y entrar en otra crisis de legitimidad. Sobre ello, el gobierno debe partir de que la estrategia que está implementando no resuelve el problema, ya que aún con la policía federal y el ejército en la calle, sigue habiendo homicidios, secuestros y extorciones. Creo que la solución implica una nueva estrategia en la que se incluya, además del uso de la fuerza pública, una política de desarrollo económico y social, generando empleos con buenos salarios y seguridad social, creando espacios públicos para los jóvenes, dedicando más recursos económicos a educación, para que no haya rechazados en universidades, entre otras cosas.
En materia de procuración de justicia, la situación es delicada, ya que el diagnóstico sobre ello es desalentador, debido al ambiente de corrupción, ineficiencia, y falta de humanismo, que existe en las agencias del ministerio público estatales, lo que exige el diseño de un programa de capacitación, formación ética, mejoramiento salarial y estímulos a los mejores, para eficientar ese servicio.
En la impartición de justicia hay muchos problemas, destacando la lentitud de los procesos en los juzgados de paz y en los Juzgados de primera instancia en materia civil, de lo familiar, penal, mixtos, en las salas regionales y superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo, ASI COMO en las Salas del Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, debido a la insuficiencia de los de Paz, y de los de Primera Instancia, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia lo cual es violatorio del artículo 17 de la Constitución Federal, que establece la justicia pronta y expedita. Sin embargo, el problema más grave es el de la justicia laboral para trabajadores del gobierno estatal y de ayuntamientos, para la que existe un solo Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el que hay una excesiva y exagerada lentitud debido a la exagerada carga de trabajo por lo que es urgente una desconcentración de ese Tribunal, creando salas regionales, a lo que se agrega la reciente reforma que estable que solo pueden cobrar un año de salarios vencidos.
Hay urgencia también de que el gobierno estatal elabore una política laboral justa que detenga el despido de los trabajadores y permita la solución negociada de sus asuntos, lo cual le permitirá reducir el pasivo de mil cien millones por laudos que tiene hoy.
Igualmente hay que mejorar la justicia de paz, de manera que esta sea accesible a la población, acercándola a los ciudadanos, por ejemplo, ampliando la competencia de los jueces de paz, en reclamos económicos, incrementando la actual cantidad de 182 salarios mínimos ($12, 758.2), hasta $50,000 pesos. Ello tendría un efecto importante, ya que ese tipo de juzgados existen en los ochenta y un ayuntamientos, lo que evitaría ir a las cabeceras de los 18 distritos judiciales.
Asimismo, es necesario una reforma integral en materia de justicia, cotidiana en concordancia con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en la que se establezca la oralidad en los procesos que se llevan en los Juzgados de Paz, de Primera Instancia, en las salas regionales y la Superior del Tribunal Contencioso Administrativo, así como en las salas del Tribunal Superior de Justicia, estableciendo la obligatoriedad de que Presidan las audiencias los Jueces de Paz, los de Primera Instancia, los magistrados de las salas regionales y superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los de las salas del Tribunal Superior de Justicia y sea más ágil la expedición de copias, además de gratuitas.
Se requiere también actualizar la legislación del Estado de Guerrero, incorporando al Código Procesal Civil, la figura de las acciones colectivas, a efecto de que los ciudadanos afectados con medidas arbitrarias del gobierno estatal y de los ayuntamientos, cuenten con un instrumento procesal moderno, tal como existe ya en el ámbito federal.
Por otra parte, es necesario dejar de cargar a la población prácticamente un impuesto más en la impartición de justicia, al cobrarles derechos por expedición de copias certificadas en expedientes de materia civil, familiar o mercantil, por lo que es necesaria la derogación de la fracción IX del artículo 3, de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Guerrero, Nº 55, a efecto de suprimir ese cobro, con el fin de cumplir el artículo 17 de la Constitución Federal, que habla de la justicia gratuita.
Como corolario de todo lo anterior, se requiere que el Poder Judicial y demás organismos de justicia sean autónomos, de manera que se debe respetar el derecho de autogobierno de los magistrados y jueces, respetando a estos la decisión de nombrar a su presidente, sin intervención del gobernador, como sucedió recientemente con el presidente del Tribunal Superior de Justicia.