* El subsecretario de Finanzas, Luis Enrique Herrera; la subdirectora de Recursos Materiales, Cristal Alondra Pérez Sánchez; el director del Seguro Popular, Javier Eduardo Figueroa Zúñiga y la enlace del Seguro Popular, Teresa Alarcón Flores, involucrados en pagos irregulares por servicios y medicamentos

 

Redacción

 

Funcionarios de la Secretaría de Salud Guerrero en la administración del gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, y del secretario de Salud, Edmundo Dantés Escobar Habeica, se encuentran involucrados en el déficit millonario que afecta a la dependencia, porque de manera irregular autorizaron pagos de servicios que no se requerían, mediante documentación apócrifa, y realizaron compras fantasma de medicamento, porque nunca ingresó a los almacenes del Sector Salud.

De acuerdo con diversos documentos oficiales a los que tuvo acceso este medio, al menos 4 funcionarios de la dependencia durante la anterior administración se coludieron para efectuar compras irregulares en detrimento del presupuesto del Sector Salud.

Por ejemplo, pagaron medicamento a un precio superior al que marca la norma nacional, por lo que la Auditoría Superior de la Federación ya emitió observaciones por esta anomalía.

También realizaron pagos de anticipos de manera irregular por prestaciones de servicios y compra de materiales que nunca ingresaron a los almacenes de la Secretaría de Salud.

La documentación oficial mostrada a este medio involucra a los funcionarios de la Secretaría de Salud durante la administración del Rogelio Ortega Martínez (2014-2015): Luis Enrique Herrera Pérez, subsecretario de Finanzas; Cristal Alondra Pérez Sánchez, subdirectora de Recursos Materiales; Teresa Alarcón Flores, enlace del Seguro Popular con la Secretaría de Salud, y Javier Eduardo Figueroa Zúñiga, director del Seguro Popular.

Destaca el caso de Teresa Alarcón Flores, quien mantiene una demanda en contra de la Secretaría de Salud desde el 2007, por incumplimiento al Contrato Individual de Trabajo, pero en septiembre del 2015 la Contraloría del Estado aprobó su reinstalación y el pago de 2 millones 165 mil 65 pesos por sus salarios caídos todos esos años que no trabajó.

La ley le impide ostentar un cargo en la dependencia porque mantiene un proceso laboral, pero se le ha permitido continuar en la Secretaría de Salud.

Un caso que evidencia el contubernio entre los exfuncionarios señalados, es la autorización del pago a la empresa ARUTEC S.A. de C.V. de un anticipo de 18 millones 290 mil 245 pesos, por concepto de prestación de servicios anestesiólogos externos supuestamente brindados a diversos hospitales de la Secretaría de Salud en Guerrero, sin que se justificara la contratación del servicio.

Para cobrar dicho anticipo, la empresa presentó documentación falsa a los funcionarios, con la cual supuestamente los administradores de los hospitales autorizaban contratar los servicios de anestesia y que los recursos fueran descontados de sus partidas presupuestales.

El subsecretario de Finanzas, Luis Enrique Herrera, con la aprobación de la enlace del Seguro Popular, Teresa Alarcón, y del director del Seguro Popular, Javier Eduardo Figueroa, autorizaron el pago de anticipo a la empresa ARUTEC con fecha 4 de mayo de 2015 y con cargo al ejercicio 2014 del Seguro Popular.

Pero el 11 de mayo, directores de los hospitales informaron a través de oficios a sus superiores, que las firmas atribuidas a ellos y que aparecían en los documentos presentados por la empresa para el cobro, eran apócrifas.

“Desconocemos dicha firma y tener convenios con la empresa ARUTEC S.A. de C.V., y se presume que alguien esté haciendo uso indebido de sellos oficiales que resguarda esta unidad hospitalaria”, consta en los oficios enviados (http://suracapulco.mx/2/se-falsifican-en-la-ssa-facturas-para-robar-fondos-etiquetados-denuncian/).

Otros documentos prueban que los mismos funcionarios también pagaron un anticipo por 35 millones de pesos a la empresa MIMOMO S.A. de C.V. por concepto de compra de medicamento, del que a la fecha no existe reporte de que haya ingresado a los almacenes de la Secretaría de Salud o que se haya distribuido para el abasto en hospitales y otras unidades médicas.

La documentación proporcionada indica que en la nueva administración, bajo el mando del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y del subsecretario de Finanzas, Juan Manuel Santamaría Ramírez, continúa trabajando en la Subdirección de Recursos Materiales, Alfonso Pérez Sánchez, pariente de la exsubdirectora del área, Cristal Alondra Pérez Sánchez.

Ambos, durante la administración pasada, eran los encargados de cobrar comisiones del 15 al 20 por ciento a los proveedores de materiales y servicios por cada contrato asignado. Los proveedores se quejan de que ahora es Alfonso Pérez, quien continúa cobrando el 15 por ciento de comisión.

Recientemente, siempre de acuerdo con la documentación, por recomendación de Alfonso Pérez le fueron autorizadas compras por más de 600 mil pesos a un amigo relacionado con la comercializadora propiedad de Cristal Alondra Sánchez.

Esta exfuncionaria es señalada por la Contraloría General del Estado de que no ha podido comprobar alrededor de 328 millones de pesos que forman parte del desfalco a la Secretaría de Salud.

En diciembre del 2015, por la urgencia de liberar un recurso millonario y evitar que el Gobierno federal le solicitara su reintegro a la Secretaría de Salud, Alfonso Pérez Sánchez –aprovechando el poco tiempo que tenían en el cargo los nuevos titulares— otorgó pedidos millonarios a amigos de la exsubdirectora de Recursos Materiales, su prima Alondra Pérez.

Para ello, incluso despojó de pedidos a otras empresas a las que ya les habían sido asignados, al grado de llegar al enfrentamiento verbal con los dueños de las empresas afectadas por el cambio en la asignación.