* Para ello, el Congreso de Guerrero debería aprobar un exhorto al Gobierno federal; denuncian que la SEIDO ha obstaculizado el trabajo del GIEI al negarle el acceso a las diligencias y parte de las investigaciones
Gilberto Guzmán / Fernando Hernández
Padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, solicitaron al Congreso del estado que emita un exhorto al gobierno federal para que los militares que tuvieron conocimiento de los hechos sean llamados a comparecer, como parte de las investigaciones para encontrar a sus hijos.
Es la primera vez, después de más de un año de los hechos de Iguala, que los padres de los 43 se reúnen con representantes de la Cámara de Diputados guerrerense. El encuentro fue parte de las acciones que el sábado pasado acordó la Asamblea Nacional Popular (ANP).
Este miércoles, los padres de los desaparecidos llegaron al edificio del poder legislativo poco antes de las 10 de la mañana y tuvieron que esperar alrededor de 30 minutos a que los dejaran ingresar, pese a que llovía.
Una vez que ingresaron, mientras entraban a la Biblioteca del Congreso, un grupo de policías antimotines se colocó en los pasillos para impedir que se movieran a otras áreas, lo que provocó que reclamaran que los estaban tratando como delincuentes.
Poco después de las 11 de la mañana, llegó el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano (MC), presidente de la comisión especial que se creó para dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa; posteriormente, llegaron Eduardo Ignacio Cueva Ruiz, del PVEM, y la presidenta de la Comisión de Gobierno y coordinadora de la fracción legislativa del PRI, Flor Añorve Ocampo.
Ante los legisladores, los padres presentaron una propuesta de exhorto al Ejecutivo federal, para que se cite a comparecer ante la Unidad Especializada de la Procuraduría General de la República (PGR) a los militares destacamentados en Iguala que tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Precisaron que aunque los militares no intervinieron directamente en los ataques contra los estudiantes, sí tuvieron información de primera mano sobre lo que sucedió y no actuaron, por lo cual consideran importante que se les convoque a declarar ante la PGR.
Mencionaron que la intención de que presenten declaración ante la Unidad Especializada, obedece entre otras cosas al hecho de que en ella participan los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso Iguala-Ayotzinapa.
En el documento destaca el planteamiento de que el Gobierno de la República otorgue todas las facilidades para que el GIEI realice su trabajo de investigación, es decir se les otorgue toda la información que necesiten.
Además, el exhorto que piden sea aprobado por el Congreso del Estado debe solicitar que el GIEI se mantenga en el país hasta que se llegue a la verdad del Caso Iguala-Ayotzinapa, y que se autorice la comparecencia de los soldados del 27 batallón de infantería.
Otra solicitud es que la titular de PGR, Arely Gómez –con quien mañana se reunirán en Acapulco, según se anunció— fije una postura pública y reconozca que no hay verdad histórica sobre el tema, como lo afirmó el anterior procurador, Jesús Murillo Karam, toda vez que el asunto aún se encuentra en investigación.
Plantean acabar con la criminalización de las movilizaciones de los normalistas, detener la campaña de desprestigio contra la institución y sus alumnos, y que se retiren los retenes policiacos instalados en las dos vías carreteras que comunican a Tixtla –donde se encuentran las instalaciones de la Escuela Normal de Ayotzinapa— con otros municipios, porque su permanencia atenta contra el derecho a la libre manifestación.
Los diputados se comprometieron a mantenerse abiertos para dialogar las veces que se requiera, porque la trascendencia del caso Iguala-Ayotzinapa es nacional e internacional.
Ricardo Mejía se comprometió también a mantener reuniones periódicas con los padres de los jóvenes desaparecidos
“Esta reunión es la primera de muchas, y quiero aprovechar el momento para enlistar las acciones que este Congreso ha impulsado para coadyuvar en el caso de los normalistas desaparecidos”, dijo Mejía.
Hizo referencia a las propuestas para que los Ejecutivos federal y estatal hagan suyas las recomendaciones plasmadas en el informe presentado por el GIEI.
“Hemos insistido en que todas las recomendaciones se atiendan puntualmente, tenemos muy claro que no puede haber ninguna instancia ajena al escrutinio público y a título personal comparto que el Ejercito debe prestar las facilidades para ser entrevistados (los soldados) a fin de conocer más elementos claves del caso”.
Además, agregó, “la llamada ‘verdad histórica’ se encuentra plagada de inconsistencias y por lo tanto no pude ser llamada como tal”.
Por su parte, la diputada Flor Añorve señaló que además de representante popular es madre, y comprende el dolor que enfrentan las 43 familias que reclaman el regreso con vida de los jóvenes.
Mencionó que a pesar de que los hechos ocurrieron durante el transcurso de la pasada legislatura, la actual hará todo lo que este a su alcance para respaldar la demanda de justicia.
Hizo el compromiso de que trabajarán desde sus competencias para esclarecer los hechos de violencia de Iguala y “vamos a estar pendientes y daremos seguimiento.
SEIDO OCULTA INFORMACIÓN AL GIEI, DENUNCIAN
Al concluir la reunión, el vocero de los padres de los normalistas sostuvo que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) ha obstaculizado el trabajo del GIEI al negarle el acceso a las diligencias y parte de las investigaciones que ha realizado. Las investigaciones por el caso están bajo la responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
“Sabemos que la SEIDO sigue metiendo las manos y reteniendo documentos que sirven de mucho a esa unidad especializada, y va a ser una de las exigencias” en la reunión que sostendrán hoy jueves en Acapulco con la procuradora Arely Gómez.
A pregunta expresa sobre el tipo de documentos que según ellos han sido retenidos por la SEIDO, el vocero señaló que son “algunos expedientes”.
Abundó que se trata de documentos que se “refieren a la investigación, ya hecha por la SEIDO; algunos que se quedaron ahí, entonces eso es preocupante porque el tiempo avanza y el compromiso del secretario de Gobernación (Miguel Angel Osorio Chong) fue entregar resultados antes del mes de marzo”.